Paro de transporte: discriminación al interior recrudece el conflicto a nivel país

El paro de colectivos continuará en Rosario al menos hasta el miércoles 22 de julio. según informaron desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario. De esta forma la ciudad alcanzará 22 días consecutivos sin transporte urbano ni interurbano.

Los fondos de la Nación llegarán el próximo martes, según dijo Sergio Copello – secretario adjunto del gremio-, y hay posibilidad de que ese día se realice una medida de fuerza nacional con movilización en todo el país.

Sólo depende de que los choferes de AMBA y Capital Federal se sumen. En Córdoba, otro de los grandes conglomerados urbanos más allá del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), también se agudiza el conflicto, que se arrastra desde hace meses.

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Copello ratificó que solamente levantarán la medida cuando les llegue el dinero que se les adeuda. «No hay promesa que alcance», aseguró el dirigente.

«Los compañeros la están pasando mal. Pero todos están firmes en el justo reclamo», manifestó Copello.

La medida de fuerza fue anunciada el pasado miércoles 1 de julio y comenzó a regir a las 0 del jueves siguiente, por lo que este miércoles llegará a los 22 días.

Cabe destacar que durante el mes de mayo y hasta principios de junio la UTA Rosario realizó un paro de 23 días, el más extenso en la historia de la ciudad.

Los colectiveros reclaman el 50% del salario del mes de junio, el medio aguinaldo y ocho mil pesos del decreto de aumento otorgado por Nación.

Tratamiento dispar

La conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández, decidió nuevamente este viernes el estado de «alerta y movilización» en todo el interior del país ante «la ausencia de pago de los salarios de los choferes del transporte de pasajeros de larga, corta y media distancia».

Además, el dirigente sindical advirtió que de persistir en el corto plazo esa realidad la organización sindical decidirá un paro y «no habrá servicios».

«No puede haber más demoras para abonar los salarios de los trabajadores, porque esos ingresos tienen carácter alimentario y sanitario y representan el sustento de las familias de los choferes» de la actividad, señaló Fernández a través de un comunicado difundido por la UTA.

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El dirigente exigió «un tratamiento igualitario y no discriminatorio para los trabajadores del transporte del interior respecto del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)» y explicó que el Gobierno nacional ya le aseveró al gremio que envió «el dinero correspondiente a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)».

Fernández repudió «la deuda salarial existente en las provincias» y adelantó que de persistir esa situación «no habrá servicios de pasajeros en todo el país».

«La UTA protestará y saldrá a la calle, ya que la pandemia de coronavirus preocupa, pero mucho más aún no llevar comida a la mesa familiar», señaló.

Por último, advirtió que el sindicato «no será cómplice de la precarización y tampoco permitirá un retroceso de las condiciones del convenio colectivo de trabajo», por lo que ratificó el estado de «alerta y movilización» desde este viernes.

Córdoba, «en emergencia»

El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba declaró esta semana la «emergencia» por el término de un año del transporte urbano de pasajeros de esa ciudad, interrumpido por tiempo indeterminado desde el 1 de julio pasado a raíz de un planteo gremial de los choferes por deudas salariales.

El proyecto de ordenanza, remitido por el intendente peronista Martín Llaryora, se aprobó por 16 votos a favor y 15 en contra, y autoriza al Ejecutivo Municipal a «disponer todas las medidas que estime pertinentes para garantizar la efectiva y regular prestación del servicio de transporte a los usuarios».

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La ordenanza declara la «emergencia del Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros y Movilidad Urbana de la Ciudad de Córdoba, por el término de un año, prorrogable de manera automática, salvo que se disponga anticipadamente el cese de dicha emergencia».

En ese sentido, faculta al intendente a adoptar «las medidas extraordinarias y urgentes necesarias» para la readecuación del diseño estratégico, técnico, y operativo de la prestación del servicio, a efectos de garantizar el cumplimiento de necesidades de transporte insatisfechas».

También lo autoriza a realizar, extensiones o nuevas vinculaciones en cualquiera de sus modalidades, establecer sistemas alternativos de transporte, modificaciones de frecuencias y rediseño de líneas.