Podcast: a 20 años del estallido

Por Guido Brunet

Guion y edición: Guido Brunet
Entrevistas: Federico Morel y Guido Brunet

La tarde del miércoles 19 de diciembre de 2001, tras una jornada convulsionada con múltiples movilizaciones populares y algunos saqueos en Rosario, Lepratti subido a los techos de la escuela del barrio Las Flores donde daba de comer a los alumnos, al escuchar disparos, suplicó: «Dejen de tirar, bajen las armas, que hay pibes comiendo», gritó al ver pasar un móvil policial, del que se bajaron dos uniformados que dispararon hacia los altos de la escuela.

Los proyectiles del policía Esteban Velázquez, según la investigación judicial posterior, dieron en la garganta de «Pocho», que cayó muerto.

 

Con ocho asesinatos en Rosario y uno en la ciudad capital, la provincia de Santa Fe fue el distrito con más muertos por la represión durante la convulsión de diciembre de 2001. Además de Lepratti, fueron asesinados Graciela Acosta; Juan Delgado; Yanina García; Walter Campos; Rubén Pereyra; Marcelo Pasini; Ricardo Villalba y Graciela Machado.

Para Celeste Lepratti, “la represión fue la única respuesta que tuvo el Estado en sus distintos niveles para lo que estaba sucediendo”. “Vivimos estos días con mucha tristeza como familiares, fueron muchas las personas a las que se le fue la vida en esas jornadas. El pueblo dijo muchas cosas en esas jornadas, salió a la calle y dijo basta. Se piensa como días de rebeldía”, expresó Lepratti en diálogo con Conclusión.

En Santa Fe desde el principio se garantizó la impunidad

A su vez, la ex concejala de Rosario denunció la falta de Justicia por las víctimas de aquella represión: “Se garantizó la impunidad. Hace muy poquito murió de forma impune Carlos Reutemann, a quien señalamos como el principal responsable de la masacre de 2001 en Santa Fe”.

Estallido

No se trató solamente de un colapso social y económico, por si eso fuese poco, las instituciones entraron en crisis y la autoridad del gobierno ingresó en una desconfianza absoluta, que provocó una incertidumbre y acefalía total, traducida en el hecho de que en once días pasaron cinco presidentes.

En 2001 y 2002, el esquema monetario y cambiario rígido y la falta de financiamiento terminaron en una corrida bancaria y el colapso financiero que causaron un fuerte impacto en la economía real y un estallido social que disparó la pobreza a más del 50 por ciento.

Cuando el país declaró el default al salir de la convertibilidad, la deuda pública nacional era del 137,5% del PIB. La presión fiscal consolidada (Nación más provincias) rondaba el 18% y el gasto público total, el 25% del PIB. La inflación en 2002 fue del 41%, la desocupación fue del 19,7%, y el PBI descendió un 11% en 2002.

 

Germán Tessmer, economista del Observatorio Económica de la Universidad Nacional de Rosario, explicó que se trató de un proceso que se arrastró desde la época menemista. En diálogo con Conclusión, el docente de la UNR detalló: “Menem fue elegido con una tasa de desocupación del 18%. La Alianza es un gobierno de coalición que llega con la promesa de mantener el 1 a 1. En ese momento había un consenso de mantener la convertibilidad aún con una tasa alta de desempleo”.

“En la generación de ese momento estaba vivo el recuerdo de la hiperinflación. En el 91 aparece en el 91 Cavallo con el plan de convertibilidad, que fue atarnos de pies y manos. O sea, solamente se iba a poder tener una masa en pesos acorde a la cantidad de divisas en el Banco Central. Para mantener esa promesa necesitas que te entren divisas”, amplió el especialista.

La convertibilidad fue atarnos de pies y manos

Cada crisis vivida en un país trae como consecuencia años de caída económica: “Las incidencias son las que generalmente barremos debajo de la alfombra. Por cada una de las crisis, los factores de desarrollo profundo, que son la salud, la educación, calidad institucional, se resienten. Por cada una de esas crisis hay una caída. Y esos son los gérmenes que nos permiten crecer más adelante porque hay recursos que se utilizan para pagar las deudas que no se invierten en el crecimiento”.

Condenas insuficientes

Fueron 39 las personas asesinadas por la represión en aquellas trágicas jornadas. Entre ellas siete adolescentes entre trece y dieciocho años y siete mujeres.

Once muertes sucedieron en la provincia de Buenos Aires (Diego Ávila, Víctor Enríquez, Julio Flores, Roberto Gramajo, Pablo Guías, Cristian Legembre, Damián Ramírez, Mariela Rosales, Ariel Salas, José Vega y Carlos Spinelli), diez en Santa Fe -ocho de ellos en Rosario- (Graciela Acosta, Ricardo Rodolfo Villalba, Ricardo Villalba, Walter Campos, Juan Delgado, Yanina García, Claudio «Pocho» Lepratti, Miguel Pacini, Rubén Pereyra y Sandra Ríos) siete en la Capital Federal (Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez, Gastón Marcelo Riva, Rubén Aredes y Jorge Cárdenas), tres en Entre Ríos (Romina Iturain, Rosa Paniagua y José Rodríguez), tres en Córdoba (Sergio Ferreira, David Moreno y Sergio Pedernera), dos en Corrientes (Ramón Arapi y Juan Alberto Torres), una en Tucumán (Luis Fernández) y una en Río Negro (Elvira Avaca). Los más chicos, Rosa Eloísa Paniagua y David Moreno, apenas tenían 13 años.

La mayor represión se produjo en pleno centro de Buenos Aires, siendo conocida como la Masacre de Plaza de Mayo, donde fueron asesinadas cinco personas (Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gastón Marcelo Riva), se intentó asesinar a otras cuatro (Marcelo Dorado, Martín Galli, Sergio Rubén Sanchéz y Paula Simonetti) y sufrieron lesiones otras 227.

 

En 2003 fue condenado a diez años de prisión, en Entre Ríos, el cabo de la policía provincial Silvio Martínez por el asesinato de Rosa Paniagua. En 2004 fue condenado a 14 años de prisión el policía santafesino Esteban Velázquez, por el asesinato en Rosario de Claudio «Pocho» Lepratti.

En 2007 fue condenado a once años de prisión -luego de ser absuelto en primera instancia- el policía santafesino Luis Quiroz, por el asesinato de Graciela Acosta, una militante social rosarina que tenía siete hijos.

Y en 2014 quedó firme la condena a dos años y ocho meses de prisión condicional de los policías santafesinos Roberto De la Torre, Rubén Darío Pérez, Marcelo Fabián Arrúa y Carlos Alberto de Souza, por encubrimiento del homicidio de Claudio Lepratti.