Un proyecto busca remover imágenes religiosas en escuelas y hospitales públicos

La renovación en nuestro país del debate sobre la separación Iglesia-Estado, ha impulsado una Campaña Federal. La necesidad de un Estado laico y la interpelación al financiamiento de la Iglesia católica, profundizaron posturas que dejan ver como sus coletazos alcanzan a la ley de Educación Sexual Integral.

La actualidad nos muestra de manera explícita como decretos impuestos durante la última dictadura militar, entre los años 1979 y 1983, permiten la regulación del dinero que se deriva a la iglesia católica argentina. Estas leyes impulsadas por distintos decretos, por ejemplo, contempla que una de ellas establezca la creación de becas estatales para los seminaristas.

Es decir, que por cada alumno del Seminario Mayor que sea de nacionalidad argentina, el Estado Nacional le paga a los obispos del Clero Diocesano y de cinco institutos de vida consagrada -Domínicos, Franciscanos, Mercedarios, Jesuitas y Salesianos-, una “beca” mensual equivalente al monto que corresponda a la Categoría 10 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.

Lo mencionado anteriormente, está legitimado por el presupuesto que votan los diputados y senadores nacionales cada año y que pagamos todos y todas con nuestros impuestos, independientemente de las creencias que tengamos o no tengamos.

Países Latinoamericanos que abrazan el laicismo

En Latinoamérica la situación de la laicidad ha tomado diferentes rumbos: México desde 1858 gracias a la Ley de Reforma, posee un Estado Laico. Otro caso resonado es el de Uruguay, que en 1918 implementó la separación Iglesia-Estado dentro de su Constitución, específicamente en el artículo 5: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna”. El caso de Chile es similar al de Uruguay, puesto que desde 1925 posee un Estado Laico garantizado por el artículo 10 de su Constitución.

En nuestro país las discusiones atraviesan distintos momentos históricos, pero siempre con el mismo resultado. Es por ello, que la profundización de debates como el aborto legal, llevaron a la renovación e insistencia sobre la necesidad de un Estado laico.

“El propósito del proyecto es garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como el de certificar el carácter laico de la educación pública”, sostuvo Celeste Lepratti en diálogo con Conclusión.

El proyecto fue presentado para ser tratado en la comisión de gobierno, en donde se sugirieron pequeñas modificaciones como por ejemplo respetar las capillas de los hospitales.

Sobre la necesidad de dar un debate serio y respetuoso al respecto, indicó: “La simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del municipio y la provincia. Es por ello que buscamos garantizar el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos”.

Para finalizar la concejal relató: “El debate sobre el aborto legal y el histórico reclamo del movimiento de mujeres, tuvieron tal impacto social que posibilitaron el surgimiento de discusiones largamente postergadas como la de la separación de la Iglesia y el Estado”.