Una brújula para la Justicia penal rosarina

Dos resoluciones de la Justicia penal referidas a integrantes de las bandas más renombradas y peligrosas de la ciudad mostraron la disparidad de criterios que gobierna sus decisiones, asunto que genera mucha preocupación dentro del Poder Judicial y multiplica los cuestionamientos de la sociedad y desde los otros poderes del Estado.

Peligroso, pero a casa

Uno de esos casos es la resolución, entre escandalosa e insólita, de la jueza María Trinidad Chiabrera que se conoció este último viernes tras la audiencia imputativa al acusado del crimen de Jonathan Funes (hermano de los detenidos Alan y Lautaro, los tres miembros de la banda enfrentada al clan heredero de Pimpi Camino) a quien interceptaron y ejecutaron en la intersección de las rutas 14 y A012.

La fiscalía imputó a Damián Chávez de 22 años por “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, Portación de arma de fuego de uso civil por el beneficio de la duda, Encubrimiento agravado con ánimo de lucro y por tratarse de un delito grave, Daño agravado por ser cometido en despoblado y en banda, todo en concurso real y en calidad de coautor”.

Entre los mismos jueces penales ayer no cabía más asombro por la resolución de la magistrada María Trinidad Chiabrera. A pesar de semejante imputación le concedió “prisión domiciliaria con la utilización de un elemento electrónico y con salidas laborales por el plazo de 30 días”, en principio porque así lo acordaron la fiscalía y la defensa a cargo del abogado Carlos Varela, el mismo de la banda de Los Monos.

“Si alguien que comete homicidios de esta naturaleza le dan domiciliaria, ya no se puede saber cuál es el criterio”, reprochó incrédulo un magistrado.

La bomba de los traslados

El segundo caso involucra a los dos hermanos de Jonathan Funes, que están vivos pero cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Piñero. El juez Ricardo Suárez hizo lugar al habeas corpus que plantearon sus abogados, ya que los hermanos habían solicitado salir del pabellón donde estaban alojados porque temían por sus vidas y el SP los recluyó en celdas de resguardo o aislamiento. El fallo ordena el cese de las actuales condiciones de detención en un plazo de 7 días como máximo (la fiscal Karina Bartocci había solicitado 15) pero dejó a decisión del Servicio Penitenciario la definición del lugar. De hecho, durante la audiencia les aclaró a los hermanos Funes que el traslado solicitado puede disponerse a otro pabellón de la propia Unidad 11 o a otra cárcel de la provincia.

Ante la proliferación de planteos de las bandas (que mantienen poder económico y cuerpos de abogados a su servicio), hay quienes ven un efecto disuasivo en la resolución del caso Funes: puede que los envíen a los pabellones por ellos sugeridos (16 o 13) o que les salga el tiro por la culata y los manden a otra cárcel si el SP decide que no puede garantizarles la seguridad en Piñero.

No es la salida perfecta. Los detractores suelen recordar que el principal nicho de corrupción de cualquier servicio penitenciario pasa por tarifar lugares y condiciones de alojamiento. Por eso se requiere mucho control político.

En este caso, la decisión del juez Ricardo Suárez asoma como un criterio racional para resolver los pedidos de traslado de presos considerados de alto riesgo. En los últimos tiempos, casos similares motivaron feroces reproches desde el Poder Ejecutivo. “Hay jueces que les permiten a los presos alojarse donde ellos quieren”, bramó el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro tras la muerte de Ariel Tubi Segovia, a quien un juez le concedió la mudanza a la cárcel de Coronda como había pedido, a pesar de la oposición del Servicio Penitenciario, y luego terminó asesinado.

Clima espeso

Si bien en estas ocasiones el Poder Judicial reacciona corporativamente y cierra filas contra las críticas que lo exponen ante la opinión pública, puertas adentro el debate está más que caliente. Además de los traslados, las divergencias de criterios se ven en materia de excarcelaciones, detenciones domiciliarias, entre otros beneficios.

 “Esto está muy espeso”, definió el momento que vive la Justicia penal otro magistrado consultado por Conclusión. Es evidente la imposibilidad hasta ahora de unificar criterios a la hora de resolver situaciones similares.

Las presentaciones son constantes. Sólo de la banda de Los Monos hay por lo menos tres habeas corpus en trámite. La estrategia pasa por meter presión sin descanso y obligar a los jueces a pronunciarse.

Mientras tanto ocurre la seguidilla de tiroteos a casas de allegados a magistrados que intervinieron en la causa de Los Monos, coincidente en lo inmediato posterior al traslado de Guille Cantero y otros dos cabecillas a cárceles fuera de la provincia.

Referentes que conocen a fondo el fuero remarcan que hay 40 jueces penales que no funcionan como una unidad vertical, por lo tanto es difícil encontrar líneas comunes en la resolución de situaciones parecidas.

Una forma de ordenar criterios podría ser que la Cámara Penal trace un sendero a través de sus fallos. Son menos jueces para ponerse de acuerdo, tienen más espalda y una mirada del conjunto. Se dice que próximamente podría haber novedades en ese sentido.

Ya sea en esa instancia o desde la cabeza misma del Poder Judicial la necesidad de un abordaje político está a la vista. Ya sea para contener a los atemorizados, para frenar a los que se desembarazan y acotar el riesgo de situaciones dudosas originadas en el poder económico y de presión de las bandas.

Hasta ahora, en público la Corte Suprema en la voz de Rafael Gutiérrez se limitó a repeler críticas y exigir garantías. Es comprensible que no exponga los procesos internos de debate, pero empieza a ser hora de que su influencia se refleje en los fallos judiciales.

Mientras más tiempo pase, la disparidad de criterios entre jueces puestos a tomar decisiones a criterio personal se vuelven terreno fértil para que las bandas y sus abogados presionen, adentro y afuera de Tribunales.

La opinión pública también pesa en los movimientos del Poder Judicial. Medidas como la domiciliaria para el acusado de la ejecución de Funes convenida entre fiscalía y defensa y avalada por la jueza Chiabrera.

O la otra incomprensible decisión de los últimos tiempos: la que permitió que el empresario Marcelo Jaef mantenga el beneficio de prisión domiciliaria en el marco de la causa conocida como Megaestafa, a pesar de que se lo veía con su yate por el Paraná. El juez del caso le revocó las salidas laborales y la permanencia en la mansión del barrio cerrado Casamarra, en avenida Colombres, pero le concedió instalarse en la señorial mansión ubicada en San Luis entre Alvear y Oroño con un dispositivo electrónico. El gran castigo parece haber sido quitarle la vista al río. Otra vez aquí la fiscalía dio su consentimiento en acuerdo con Carlos Varela, también abogado defensor de Jaef.

Situaciones repetidas

Las situaciones de tensión se suceden a diario. Este mismo viernes se postergó una audiencia por un recurso de habeas corpus que involucra a miembros de Los Monos y que fue ingresado en plena feria judicial. El caso fue a manos del juez de feria Edgardo Fertita, quien se excusó por razones lógicas: en 2016 denunció que Guille Cantero lo amenazó de muerte. Corrido Fertita, el habeas corpus pasó a manos de los jueces civil y comercial, laboral y de menores que estaban de turno en la feria. “Te imaginás lo que es para esos jueces que les caiga un caso de Los Monos”, contó una fuente.

La acción continuará. En los próximos días se sorteará el jurado encargado de la apelación del juicio a la banda de Los Monos.

La detención de criminales y miembros de bandas muy peligrosas en número como nunca antes en cárceles provinciales es también un desafío para el Poder Judicial. Entre otras cosas porque no sólo conservan poder económico, sino que, como se comprobó con Los Monos y ocurre con la mayoría de las organizaciones criminales, siguen manejando el negocio y ordenando crímenes desde las cárceles.

El ritmo provinciano de antaño, acostumbrado al trabajo detrás del expediente y a otro tipo de delitos, menos organizado y cruento, es cuestión del pasado.