Vecinos del barrio de Pescadores rechazan intento de desalojo
"Si es necesario, nos vamos a encadenar en el lugar. No vamos a permitir que esto se lleve a cabo", advirtieron los manifestantes, que concentraron este jueves en plaza San Martín.
Vecinos del bario de Pescadores realizaron este jueves una protesta frente a la sede de Gobernación para pedir que se revierta la orden de desalojo contra una de las familias que vive en esa zona de la ciudad. Según manifestaron, un empresario quiere sacarlos de esas tierras para ponerlas al servicio de la especulación inmobiliaria.
«Tenemos una orden de desalojo de la jueza Valeria Pedrana, que pide que desalojen a una de las primeras familias del barrio, que tiene más de 120 años de historia en el lugar. Fue una de las primeras en asentarse, sobre las orillas del río, en el barrio de pescadores», contó este jueves Cecilia Altamirano, una de las vecinas que participó de la manifestación.
Altamirano señaló que el barrio está ubicado en la zona norte de Rosario, específicamente en la Florida, frente al balneario, y -si bien actualmente no cuenta con servicio de agua y con frecuencia padecen cortes de luz- es un espacio codiciado por un desarrollo inmobiliario vecino.
«Si es necesario, nos vamos a encadenar en el lugar. No vamos a permitir que esto se lleve a cabo, porque la verdad que es una sentencia que afecta a una familia que está al lado de un complejo inmobiliario que quiere avanzar sobre el barrio. Esto perjudica a las 200 familias que vivimos en el barrio de pescadores hace más de 100 años», aseveró ante Conclusión.
Y detalló: «Tenemos ya un juicio en medidas preparatorias contra una empresa que se llama Nevada SA, que es la que está avanzando y tiene un complejo inmobiliario donde empieza el barrio. Es esa empresa la que sabemos que quiere tener nuestras tierras».
Según contó, esta orden debe cumplirse en los primeros días de enero, pero harán todo lo posible para evitarlo. En principio, afectaría únicamente a una sola familia del barrio, pero entienden que si ceden ante esta decisión, sentarán un precedente peligroso para el resto de los vecinos que habitan esas tierras.
«Con toda la prueba conseguimos hacer una apelación, pero un juez de segunda instancia también ordenó llevar a cabo el desalojo. Hay 200 familias que estamos resistiendo, por lo menos hasta que vengan y nos titularicen», concluyó.