La Justicia citó a Aguad por la causa del Correo Argentino
La indagatoria fue pedida por el juez federal Ariel Lijo, debido a que el ministro de Defensa era el titular de la Cartera de Comunicaciones al momento de que la empresa de la familia de Macri firmara el convenio con el Estado por la quita de una deuda millonaria.
El juez federal Ariel Lijo finalmente citó a indagatoria al actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, por su rol como titular de la cartera de Comunicaciones en el acuerdo entre la empresa Correo Argentino, de la familia del presidente Mauricio Macri, con el Estado por el pago de una deuda millonaria.
Fuentes judiciales informaron que, tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez citó a Aguad para el 28 de febrero próximo y a Juan Mocoroa, entonces director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, para el 26 del mismo mes, acusados por el delito de «administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública».
Lijo también convocó al ex presidente del directorio del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa para el 19 de febrero, y al letrado patrocinante, Jaime Kleidermacher para el 21, mientras que Aguad será el primer integrante del gabinete en funciones del gobierno de Mauricio Macri en declarar en indagatoria como sospechoso de un caso de corrupción.
La causa se inició en febrero de 2017 a raíz de una denuncia donde se refirió que en la audiencia celebrada en junio de 2016, en el marco del concurso preventivo de la empresa Correo Argentino, habría tenido lugar un acuerdo de pago perjudicial para el patrimonio público, pues las condiciones de la oferta aceptada importaban una quita de 70.163.910.895 pesos del crédito que el Estado Nacional tenía contra la concursada.
En su dictamen, el fiscal había considerado que «existían suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo» entre la empresa y el Estado «fue espuriamente concebido» y «buscó beneficiar a la empresa concursada».
Según señaló Pollicita, el acuerdo «comprometió abusivamente al Estado Nacional, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces negado hacía aproximadamente quince años».
El fiscal indicó que «según quedó evidenciado a lo largo de esta presentación, la concertación de voluntades cuestionada, por la que deberán dar explicaciones las personas involucradas, fue en buena medida posible por la existencia previa de un desnaturalizado trámite concursal».
Ése trámite, según afirmó, «sirvió de contexto para que intereses particulares se colaran en el proceso de toma de decisiones gubernamentales en detrimento de la administración pública».
Mediante el acuerdo, el Estado aceptaba sufrir «una quita -de la deuda- que ascendía al 98,87 por ciento del valor real de la misma, es decir que el valor de lo suprimido en pesos al mes de febrero de 2017 era de 4.656.446.266 pesos; y el cálculo de valor presente del saldo de quita al mes de marzo de 2033 – cuando finalizaba el plan de pagos acordado- era de 70.163.910.895 pesos».
«Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público, omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios y acordó con los representantes de Correo Argentino una quita abusiva del crédito verificado por el Estado Nacional», para lo cual contó, necesariamente, con el aporte de Mocoroa, completó.