Activistas bloquearon topadoras en un desmonte de los dueños de la gaseosa Manaos

Ambientalistas de la organización Greenpeace se interpusieron entre las máquinas y el bosque; y luego obstaculizaron su funcionamiento mediante la instalación de cepos en las palancas de manejo. 

 

Integrantes de la organización ecologista de Greenpeace bloquearon dos topadoras contratadas por la familia Canido, que produce la gaseosa Manaos. Las máquinas estaban realizando la deforestación de más de 10.000 hectáreas en el norte de Santiago del Estero. Desde hace una década viene deforestando en varias fincas en esta provincia, para el desarrollo agropecuario, manteniendo conflictos con familias campesinas e indígenas. Los activistas ya los había denunciado en el año 2016.

Las dos topadoras estaban arrasando los bosques de la estancia “Algarrobal Viejo”, ubicada a 45 kilómetros de Nueva Esperanza, Santiago del Estero cuando fueron los ecologistas, e informaron que las máquinas fueron detectadas mediante imágenes satelitales y sobrevuelos en helicóptero.

Santiago del Estero es la provincia con más deforestación del país de las últimas décadas. Según datos oficiales, desde 1998 en la provincia se desmontaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos.

Ambientalistas de la organización Greenpeace se interpusieron entre las máquinas y el bosque; y luego obstaculizaron su funcionamiento mediante la instalación de cepos en las palancas de manejo.  

“Hay una clara complicidad del gobierno provincial, ya que los dueños de Manaos tienen permisos para desmontar y producir ganadería en una zona donde la Ley Nacional de Bosques no lo permite. La deforestación afecta a la rica biodiversidad de la región y el área de uso comunitario del monte de familias campesinas”, afirmó Giardini.

“Más desmonte implica más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un crimen que debe convertirse en un delito penal”, finalizó Giardini.

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