Procesaron a cuatro integrantes de Revolución Federal por conformar un “asociación ilícita destinada a combatir ideologías”

Cuatro de los referentes de Revolución Federal fueron procesados este jueves por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró que la organización de ultraderecha es una «asociación ilícita destinada a combatir ideologías» y con sus acciones en las redes sociales y en las calles se convirtió «en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner».

Para Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, el juez Martínez de Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva. El delito que se les achaca, que tiene una pena en expectativa de 3 a 8 años de prisión, es organizar y formar parte de agrupaciones que buscan “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. En su resolución, el juez trabó un embargo por 9 millones de pesos y dio por probado que «realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio” en especial contra autoridades “de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional y/o de sus adeptos”.

Para el juez federal Revolución Federal es una “asociación ilícita destinada a combatir ideologías” y con sus acciones en las redes sociales y en las calles se convirtió “en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner», el 1 de septiembre.

El escrito del juez relaciona las acciones violentas y charlas en vivo de Revolución Federal desde mayo, como una sucesión de hechos que desembocan en el atentado. “Que tengan miedo de ser kirchneristas”, como dicen en una charla en Twitter Space, o “No los vamos a dejar en paz y van a tener miedo de caminar en la calle”. Para Martínez de Giorgi “parecía ser un anuncio de lo que efectivamente iba a ocurrir días después”. También cita otros ejemplos: “Obelisco 15 horas llevamos nuestras antorchas a la calle nuevamente y marchamos hacia Casa Rosada para exigir la renuncia de Alberto y CFK”, presionaban. “Hay solución a esto y es yendo a buscarlos. No tienen que poder caminar en la calle en paz. #VanACorrer”, fue otra de las consignas. “Todos presos, muertos o exiliados”, decía la guillotina que exhibieron el 9 de julio. Cada vez que escribían “todos” ponían “TOD☀S” para aludir al partido gobernante.

Martínez de Giorgi reiteró lo que dijo cuando solicitó unir su investigación a la del intento de homicidio de Cristina Fernández: «“No se puede afirmar que el plan delictivo haya finalizado, ni descartar que se vuelva a intentar respecto de la Vicepresidenta de la Nación o de otros funcionarios pertenecientes al mismo espacio político”. El objetivo del grupo, señaló, es “infundir temor a futuro y alarma en las víctimas y en su entorno, de que su integridad, su libertad y su vida se encuentren en peligro».

El juez federal aclaró que la figura de «asociación ilícita», que aplicó para el procesamiento, contemplada en el artículo 213 Bis del Código Penal, no es la que se suele aplicar en los casos de supuesta corrupción. En tanto, a Morel y a Sosa los sindica como los organizadores de la agrupación aunque la imputación es igual para Basile y Guerra como participantes. “Utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas”, describe. Apostaban a llegar a “un sinnúmero de personas”.

El juez no les dictó prisión preventiva, ya que la Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) excarceló al grupo argumentando que no había riesgos procesales ni relación probada con el ataque a CFK, pero defendió su postura y reiteró indicios de posibles fugas y otros peligros. Ahora vendrán apelaciones pero también falta un importante tramo de la investigación sobre eventuales lazos políticos de la organización y su financiamiento. El capítulo sobre la carpintería, el dinero de Caputo Hermanos y otras líneas, recién empieza.

Puntos de la investigación

En la reconstrucción del funcionamiento de la organización, Martínez de Giorgi sigue la cronología de hechos violentos señalados por el fiscal Gerardo Pollicita al pedir las detenciones y les adjudica un «plan criminal».

> Uno de los primeros posteos de una cuenta de Revolución Federal decía: “Aún no conseguimos el héroe que se anime”. Era la respuesta a un mensaje que pedía “unos cuantos corchos a los parásitos para que todo sea menos malo”. El perfil de Twitter decía “bala a los peronistas y kirchneristas”. Algunos días después del atentado el grupo se desactiva, según dijo el propio Morel en su indagatoria porque “el clima estaba muy complicado y podía ser provocador salir a la calle”.

Según lo escrito en la resolución por De Giorgi, «a partir de ese punto culminante, suspicazmente la agrupación dejó de publicar su actividad». Y agrega que eso evidencia que Morel sabía perfectamente el «impacto buscado y generado en la sociedad» y «reconoce haber contribuido a generar ese clima de envenenamiento social, persecución y odio contra representantes del Frente de Todos». Y señala una escucha del 13 de octubre donde habla con Basile deseoso de volver a la carga: “Listo, lo hecho, hecho está. Todos te dicen “bueno afloja”. No hermana, ya aflojé un mes, hace un mes que no hago nada, dos meses… El primero de septiembre fue cuando le pegaron. Cuando casi le pegan el tiro a Cristina, desde ese día no hicimos más nada”.

>La resolución da importancia a las manifestaciones violentas de Revolución Federal como en la asunción de Sergio Massa, en el anuncio de de Silvina Batakis, dos marchas con antorchas, una con una guillotina ensangrentada en el Obelisco, otra con horcas, otra con bolsas mortuorias, otra en la puerta del Instituto Patria. Y puntualiza que el 23 de agosto fue detenido Sosa cuando fueron a atacar a los manifestantes que iban a dar apoyo a Cristina Fernández. Sosa fue detenido con un compañero que llevaba una molotov. Agrega el arresto de Guerra, por la agresión al auto de Massa el día de su asunción.

>También señala los “vivos” de Twitter Space. Ahí Morel dijo: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia. Lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje… Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy y te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia”. También le preguntó a otro participante, Franco Castelli, un soldado luego desafectado, por qué no mataba a Máximo Kirchner si vivía cerca. Planteó un similar anhelo sobre Alberto Fernández. En la misma charla se comentó: «Con la policía hablamos siempre; la policía está de acuerdo con nosotros».

En una de las pocas charlas posteriores al atentado un usuario lo justificó ante más de 600 personas: “El pibe este que supuestamente atentó contra la vicepresidenta, para mí es una esperanza de que el argentino está haciendo algo. Yo espero que esto dé el ejemplo y más gente haga cosas.” “Me sorprende que no haya pasado antes, que alguien no le haya querido pegar un tiro a Cristina. Es sorprendente que hayamos llegado al 2022 y esté viva todavía”. Y otros comentarios como: “Hay que hacer un apartheid social, los kirchneristas tienen que ser marginados.” “Todos desearíamos que hubiera salido esa bala”.

>El fallo se refiere a las reuniones en la casa de Ximena de Tezanos Pinto, en el piso de arriba del departamento de CFK, tres días antes del ataque, donde Sosa y Guerra se sacan fotos en el balcón. “Un acontecimiento a todas luces alarmante”, dice el magistrado.

>Cuando analiza qué dijeron los imputados, dice que las explicaciones de Morel en la indagatoria “no se condicen con sus conductas”. Por ejemplo, para desligarse declaró: “Yo no soy una persona violenta, por lo tanto, en las actividades jamás se me va a ver pegando a alguien”, “maltratando a alguien”. Para el juez basta verlo tirando antorchas frente a la Rosada o pidiendo muerte a funcionarios. A su vez pone en ridículo a Basile que declaró que todo era “espontáneo”. “La aparición de una guillotina en una de las manifestaciones, también fue espontánea”, había dicho, cuando el propio Morel relató a los medios su dedicación al armado de la guillotina. La mujer dijo que la organización era un “grupo de chat donde sí se hablaba sobre activismo, pero nada que tenga que ver con incitación a la violencia o actos violentos. Era activismo callejero expresando un pensamiento de libertad y de descontento social”. “No parece ser una expresión de libertad, justicia y verdad, incitar al odio a la población o a la realización de actos violentos y persecutorios contra autoridades de gobierno”, dice Martínez de Giorgi. Sobre Sosa, quien afirma que el violento era Morel y que él discrepó con sus amenazas hacia CFK y otros, el fallo marca que no se hallaron discrepancias públicas suyas.

Sobre la libertad de expresión

En el fallo, Martínez de Giorgi refiere específicamente: «No puede admitirse el ejercicio irrestricto del derecho a la libertad de expresión, cuando su ejercicio es abusivo y lesiona derechos de terceros -seguridad, libertad e integridad física- o vulnera bienes jurídicos como la paz social o la tranquilidad pública (…) generar daños en el vehículo en que se transporta un ministro, amenazar de muerte a una funcionaria de la actual gestión de gobierno, obstaculizar la realización de actos gubernamentales, incitar públicamente al odio, la intolerancia y a la violencia colectiva contra una mandataria en un contexto determinado, a punto tal de lograr que efectivamente un sujeto realice lo que, en palabras de los integrantes de Revolución Federal, era “pasar a la historia” -léase, atentar contra la vida de la Vicepresidenta-, claro está, no puede considerarse el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

«Aquellas manifestaciones públicas, difundidas masivamente a través de redes sociales, como ‘meter bala a los kirchneristas’ -alerta- en un contexto en donde la Vicepresidenta salía diariamente a reunirse en la calle con sus simpatizantes” son “estímulos de acciones inmediatas, casi automáticas” El escenario de violencia social que sembró Revolución Federal “configuró un peligro claro y actual contra la seguridad, libertad e integridad física de dichas autoridades, como así también una amenaza contra la paz social y la tranquilidad pública, que se vio reflejado y cristalizado en el intento de magnicidio antes referido”.