Concentración y extranjerización de la tierra en Argentina

Por Alejandro Maidana

«Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende», Arturo Jauretche.

El conflicto por la tierra en la Argentina está enmarcado en la explícita matriz de desigualdad y dependencia que atraviesa el país. Cuando se habla de campos de concentración, desaparecidos, borramiento de identidades y fusilamientos de gente que ya estaba cautiva, el ideario argentino inmediatamente nos conduce a la última dictadura militar. Y si bien estas deleznables prácticas fueron concretadas por el último golpe, el Estado argentino cuenta en su haber con muchas otras que, de manera solapada o negada, apelaron a la desmemoria para no cargar o tener que dar explicaciones sobre las mismas.

Un camino transitado a sangre y fuego, un fin tan deshumanizante como cobardemente justificado. Un proceso iniciado en la conquista, que encontró su punto más álgido con la presidencia de Julio Argentino Roca y la campaña del general Benjamín Victorica al Chaco. Es preciso destacar este tipo de masacres de 1880 a esta parte, han existido muchas, para citar algunas, no podemos olvidar la que se gestó bajo el gobierno de Hipólito Irigoyen en Formosa sobre el pueblo Pilagá en 1919, Napalpí en 1924, de El Zapallar en 1933 y la de Rincón Bomba en 1947.

El viejo “berretín” de la Argentina blanca, sigue topándose de frente con las distintas culturas preexistentes a la llegada de colonos que, hasta el día de hoy, siguen insistiendo en europeizar a lo que, por naturaleza propia, resistirá hasta las últimas consecuencias. La extranjerización de la tierra en nuestro país, sigue gozando de todo derecho, incluso pisoteando, si es necesario, la ley de tierras que habla de “tope” a la hora de negociar el suelo con capitales foráneos. Mientras la misma Europa le pone un cepo a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, en Argentina se sigue recibiendo a los mismos entre bombos y platillos con la tramposa idea de dar un salto cuantitativo en torno al progreso.

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Mientras que, desde el mismo estado, apoyado indefectiblemente por los medios dominantes de comunicación, se habla livianamente de usurpación cuando son las comunidades indígenas y campesinas los que avanzan y vuelven a afincarse en sus territorios ancestrales, por otro lado, se denomina inversionista y empresario al británico Joe Lewis, quien de manera opulenta, ostentosa e inescrupulosa, se quedó con el Lago Escondido, patrimonio de todas y todos los que habitan este territorio y de quienes deseen visitarlo. Todo es una cuestión de clases, sociales claramente, la pigmentación de la piel junto a las cuentas bancarias, son quiénes sirven de aval para que lo ilegal mute a lo legal.

El acceso a la Tierra y la vivienda digna, que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley 26.737 consagra a todos los ciudadanos y ciudadanas, no se aplica y hasta el día de hoy no se garantizan estos derechos legales y constitucionales. Acudimos a un constante replicar de un discurso punitivista, criminalizador y estigmatizante que acorrala las acciones que nacen desde el hartazgo, movilizando la rancia costumbre de desempolvar la Constitución solo cuando de defender privilegios se trata.

Es muy común creer que la extranjerización de la tierra es solo patrimonio del sur de este país, si bien es imposible minimizar la injerencia «gringa» en esas latitudes. El mapa de la República Argentina denota a las claras que un porcentaje importante de nuestro suelo se encuentra en manos de propietarios de otros países, si bien es preciso destacar que en muchos casos la referencia de las mismas son empresas denominadas fantasmas, que habitan en guaridas fiscales.

En la Ley 26.726 se impuso un criterio coercitivo, teniendo en cuenta que las guaridas fiscales (en Delaware o Panamá) operaban como mecanismos de elusión o evasión de impuestos o directamente el lavado de activos. Las sociedades allí radicadas se consideraban extranjeras por más que sus socios fueran argentinos. Lamentablemente y sin causar sorpresa alguna, el macrismo modificó esta lógica, contando con el aval de la AFIP y de la IGJ.

El primer informe sobre la extranjerización de la tierra, elaborado en 2015, arrojó que el 7 por ciento del total de campos extranjerizados, es decir 1.113.654,85 hectáreas, estaba en manos de empresas radicadas en guaridas fiscales. Con el decreto 820 se eliminaron los controles cruzados tanto de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP pensados para prevenir el lavado de activos o la elusión fiscal vía compra venta de tierras, operaciones comerciales que en general se efectivizan cash.

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El primer relevamiento difundido en 2015, indicó que, de un total de 266.707.361 hectáreas rurales, el 6,09 por ciento estaba en manos extranjeras (16.253.279). Pero el macrismo modificó los criterios de registración el 30 de junio de 2016, con el cual modificó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esto empujó a que al 31 de enero de 2019 el porcentaje haya bajado al 5,02 por ciento.

Una manito notable para los extranjeros que especulan y para los amigos de las guaridas fiscales y de la evasión de impuestos, algo que bajo el gobierno de Cambiemos se transformó en una clara política de estado. La ley 26.737 tiene por objeto limitar la propiedad de las tierras rurales para los extranjeros. En consecuencia, establece la prohibición a las personas físicas o jurídicas extranjeras de ser propietarias de más de 1.000 hectáreas, cualquiera sea el lugar o ubicación.

La creación de un registro nacional de tierras rurales buscó realizar un relevamiento catastral y dominial para determinar la propiedad de las tierras rurales. Establece también una regla interpretativa que impide considerar, a los fines de la aplicación de los numerosos Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBIs) suscritos por la Argentina, la compra de tierras rurales como una inversión.

Es menester destacar que lo que impulsó la ley en su momento, era la concentración de la superficie rural extranjerizada (el 79,74%) que se encontraba en manos del 1,35% de los propietarios, es decir, solo 253 propietarios eran los dueños de ese suelo. Ese vital e imprescindible relevamiento que dejó expuesta una vez más a la gran problemática que atraviesa este país, también desnudó que más de un millón de hectáreas se encontraban inscriptas en paraísos fiscales.

El último registro de tierras data del mes de abril de 2022

La Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales actualizó su registro recordándole a la población que la Ley de Tierras Rurales 26737 establece un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial. Si bien a la fecha ninguna provincia supera ese límite, el rol de los testaferros y las triangulaciones, son vitales a la hora esquivar los controles estatales.

La nacionalidad de los latifundistas extranjeros muestra una diversificación notable, estadounidenses, italianos, españoles, suizos, chilenos, uruguayos, canadienses, franceses, holandeses, alemanes, británicos, belgas, brasileños y luxemburgueses, en ese orden, se erigen como dueños de una importante porción de tierra argenta.

El porcentaje de tierra extranjerizada en el país por provincia, nos invita a reflexionar profundamente sobre si la ley actual es realmente benefactora a los intereses nacionales. Para brindar un detalle exhaustivo, aquí acercamos los porcentajes de norte a sur y de este a oeste:

Jujuy: Hectáreas rurales 5284892.88 / Hectáreas extranjerizadas 192753.63 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 3.65 %.

Salta: Hectáreas rurales 15492908 / Hectáreas extranjerizadas 1791504.36 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 11.56 %.

Formosa: Hectáreas rurales 6382416 / Hectáreas extranjerizadas 114933.45 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 1.8 %.

Chaco: Hectáreas rurales 8994746.59 / Hectáreas extranjerizadas 246275.07 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 2.74 %.

Santiago del Estero: Hectáreas rurales 13571992.42 / Hectáreas extranjerizadas 670065.7 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 4.94 %.

Tucumán: Hectáreas rurales 2215732.7 / Hectáreas extranjerizadas 89558.94 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 4.04 %.

Catamarca: Hectáreas rurales 10311732 / Hectáreas extranjerizadas 890840.03 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 8.64 %.

Corrientes: Hectáreas rurales 7257517.96 / Hectáreas extranjerizadas 716293.12 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 9.87 %.

Santa Fe: Hectáreas rurales 12832374.83 / Hectáreas extranjerizadas 217559.19 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 1.7 %.

Entre Ríos: Hectáreas rurales 7641341.89 / Hectáreas extranjerizadas 271748.29 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 3.56 %.

La Rioja: Hectáreas rurales 8954885.84 / Hectáreas extranjerizadas 472567.27 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 5.28 %.

San Juan: Hectáreas rurales 8563640.35 / Hectáreas extranjerizadas 897814.84 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 10.48 %.

Córdoba: Hectáreas rurales 16269483.71 / Hectáreas extranjerizadas 181996.81 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 1.12 %.

San Luis: Hectáreas rurales 7566383.62 / Hectáreas extranjerizadas 200783.27 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 2.65 %.

Mendoza: Hectáreas rurales 14829800 / Hectáreas extranjerizadas 1351109.59 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 9.11 %.

La Pampa: Hectáreas rurales 14281146.41 / Hectáreas extranjerizadas 340780.38 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 2.39 %.

Buenos Aires: Hectáreas rurales 28833860.64 / Hectáreas extranjerizadas 834421.54 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 2.89 %.

Neuquén: Hectáreas rurales 9152139.34 / Hectáreas extranjerizadas 503379.33 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 5.5 %.

Río Negro: Hectáreas rurales 17679594.5 / Hectáreas extranjerizadas 314291.63 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 1.78 %.

Chubut: Hectáreas rurales 22229905.8 / Hectáreas extranjerizadas 862309.25 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 3.88 %.

Santa Cruz: Hectáreas rurales 23483545.44 / Hectáreas extranjerizadas 1905083.75 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 8.11 %.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Hectáreas rurales 1683464 / Hectáreas extranjerizadas 89848.29 / Porcentaje de hectáreas extranjerizadas 5.34 %.

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En total, la tierra extranjerizada de nuestro país asciende a 11.790.229,15 hectárea, una cifra que, si bien se ajusta a ley 26737, invita a reflexionar cobre que Argentina necesitamos para salir definitivamente de perdedor. Si a esto le sumamos que el 1% de las explotaciones agropecuarias concentra el 36 por ciento de la tierra, resulta imposible pensar en un futuro en donde cada uno de los habitantes de este suelo pueda contar con un derecho vulnerado desde el nacimiento del mismo.

Cabe destacar que existen 5.900 registros de tierras extranjeras de los que se desconoce la nacionalidad, correspondientes a 2.230.610 hectáreas según sostiene el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). De ellas, 890 mil están en Santa Cruz; 234 mil, en Chaco; 159 mil, en Chubut y 136 mil, en La Pampa. El RNTR determinó durante la gestión de Cambiemos que mil de esos registros, en rigor, correspondían a manos nacionales. Es decir, esta gestión redefinió la nacionalidad no por el país donde está radicada la sociedad dueña de la tierra, sino por el origen de sus accionistas.

¿Quién se quedó con el desierto sureño? ¿Qué hicieron con el Gran Chaco? ¿A quiénes benefició y beneficia el actual modelo productivo? Las respuestas se pueden encontrar a lo largo de este artículo, una realidad tan escabrosa, sumamente tangible y explícita. Para quienes habitamos este bellísimo país, la posibilidad de adquirir un pequeño lote, o acceder a una vivienda a través de un alquiler, tiene sabor a quimera. Una encerrona, un círculo que tiene a los dueños de todo convertidos en un puñado de titiriteros dueños del destino de millones, una realidad maniquea que se pasea desnuda con el aval de un sistema económico por demás de deshumanizante.

Mientras que los medios dominantes de comunicación continúan con su labor alienante en la construcción del enemigo interno, allí podemos destacar una rancia receta, la de criminalizar al pueblo Mapuche, y una renovada, como la de deslegitimar el reclamo y movilización de los ciudadanos que exigen la apertura de los caminos que conducen al Lago Escondido, la oprobiosa realidad de un país patrimonio de unos pocos, sigue su inmodificable curso. Dos proyectos de país en pugna, siglos de una disputa cultural que nos sigue mostrando como la colonización, hoy solo necesita de dos ejércitos, el mediático y el judicial.