El peso de los subsidios en la economía argentina

Por LE Cristian Módolo*

Los subsidios en Argentina se han transformado en uno de aquellos problemas en dónde podemos irnos del país, y regresar 20 años después y encontrarnos con la misma piedra que dejamos, sólo que más vieja, desgastada y desdibujada… En efecto, estos subsidios son nudos que se arrastran desde la crisis económica ocurrida en el año 2001.

Comenzó como una renegociación contractual, de compensaciones de tarifas pesificadas y contratos desactualizados con empresas de servicios privatizadas. Hoy se transformó en la principal política social de subsidios a los consumos de servicios públicos, dónde millones de personas perciben, a través de sus facturas, una porción del gasto.

En los orígenes el estado nacional implementó un circuito de compensaciones de transferencias monetarias desde el presupuesto nacional hacia diferentes empresas concesionadas de servicios públicos bajo la forma de subsidios al consumo del agua, gas y electricidad, al transporte de personas físicas tanto en el área urbana (automotor y ferroviario) como no urbana.

Cada año el presupuesto nacional –votado o reprogramado- contiene “transferencias monetarias con destino económico” –nombre técnico de los subsidios- que fluyen a distintas empresas: CAMMESA, AySA, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Ferrocarriles, Empresas de transporte urbano de pasajeros, etc. etc. e incluyen cuantiosas partidas, como por ejemplo en el año 2023 de $ 3.396.151 millones, una suma 945 veces mayor a los valores corrientes registrando en el año 2003 de sólo $ 3.591 millones. Para dimensionar la magnitud de la suba, podemos compararla con la evolución del índice de precios al consumidor (Inflación) que en los mismos 20 años registró una variación de 173 veces.

La cifra global se desagrega en distintos “destinos”. En el primer lugar encontramos al sector energía (electricidad y gas) que recibirá el próximo año $ 1.427.531 millones, en tanto que el sector transporte recibirá $ 1.160.460 millones y el resto se distribuirá en cubrir los déficits de las empresas públicas. En términos de PBI estamos en el orden del 2,3% y suman un 43% -de suba real-, en electricidad, y 4% -de crecimiento real-, en transporte, en comparación a lo destinado en el 2022.

¿Pero es el único elemento en la mochila fiscal de ayuda? La respuesta es NO. A lo anterior debería sumarse los denominados subsidios “sociales” o “servicios sociales” dónde la cantidad, diversidad y amplitud de los beneficios aumenta año tras año.

Asignación Universal por Hijos, Tarjeta Alimentar, raciones de alimentos, etc. etc. constituyen los programas de asistencia social existentes en el presupuesto nacional. En el año 2023, los montos superan los $ 4.243.000 millones, y consideradas como “transferencias sociales” llegan a millones de personas, todos los meses en todos los rincones del país: 4.3 millones de personas perciben la Asignación Universal por Hijo, 2.3 millones de personas cobran la tarjeta alimentar, 1.1 millones de personas perciben el potenciar trabajo, 775.000 alumnos reciben las becas PROGRESAR, etc. etc.

A pesar de los intentos por su recorte, la diversidad, enraizamiento y necesidad de ellos, lo hacen muy difícil de desprender. Es un auténtico problema de “sábana corta”. Cualquier reducción provoca un incremento de reclamos. Y con excesos inflacionarios, aún más. Por lo que su existencia no será posible erradicar en el corto plazo.

El actual entramado y envergadura trae al recuerdo los 989 subsidios que los años de Alfonsín dejaron en el presupuesto y que, en 1990 antes del inicio del plan de convertibilidad, debieron cortarse de cuajo para que diera paso a los años del 1 a 1. En resumen, estamos en presencia de una mochila fiscal, desgastada, llena de parches y casi desfigurada en la democracia reciente argentina.

• Docente de la UBA y ex subsecretario de Hacienda de la Nación