Allanamientos en Rafaela: detuvieron a ex funcionario de Seguridad provincial
Se trata de Agustín A., quien se desempeñaba como Coordinador de Seguridad del Nodo Rafaela y era el encargado de los Centros Territoriales de Denuncias cuando Maximiliano Pullaro estaba al frente de la cartera, en el mandato de Miguel Lifschitz.
- Judiciales
- Ago 12, 2020
La conmoción en las estructuras judiciales, policiales y de seguridad de la provincia de Santa Fe parecen no tener fin. Los múltiples operativos que se vienen llevando a cabo en distintos puntos de la región a raíz de investigaciones conectadas al juego clandestino, las extorsiones y las balaceras y que tuvieron su punto de inflexión en la prisión preventiva de, nada menos, que el fisca regional Patricio Serjal Benincasa y de uno de sus hombres fuertes, el fiscal Gustavo Ponce Asahad, hoy escribe un nuevo capítulo.
Es que, tras una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal en la ciudad de Rafaela, resultó detenido un ex funcionario del Ministerio de Seguridad provincial, responsable en su momento de los Centros Territoriales de Denuncias de esa ciudad.
Según lo informado desde el Ministerio Público de la Acusación, este miércoles se realizaron 11 allanamientos en el marco de una investigación del área de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 5, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas, abuso de armas y amenazas calificadas.
Los operativos los ordenó el fiscal Martín Castellano al igual que las detenciones de nueve personas, de las cuales se pudieron concretar ocho. En tanto, se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos, automóviles y teléfonos celulares.
El ex funcionario
De acuerdo a lo informado en los medios Rafaela Noticias y Radio Rafaela, el origen de la investigación fueron dos ataques a balazos ocurridos semanas atrás contra una vivienda y un consultorio médico. Al parecer, ambas balaceras tuvieron su génesis en una deuda de juego.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 2 de agosto. Además de los impactos de bala contra las propiedades ubicadas en Abanthay al 400 y Lavalle al 500, en esta última también fueron encontrados mensajes con amenazas.
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Entre los 8 detenidos, se cuenta un ex funcionario de la adeministración de Miguel Lifschitz, que revistaba en el Ministerio de Seguridad. Se trata de Agustín A., quien se desempeñaba como Coordinador de Seguridad del Nodo Rafaela
Problemas para el fiscal
De forma que podría parecer sorprendente, aunque a la luz de los últimos acontecimientos parezca que ya nada puede sorprender, este miércoles, un grupo de senadores, que integran la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, enviaron una nota al Ministerio Público de la Acusación en la que reclaman todas las actuaciones del fiscal Martín Castellano en el marco de una causa de juego clandestino.
El viernes pasado, con un gran despliegue de allanamientos en Rafaela, fue detenido David Alejandro Perona, más conocido como el «zar del juego clandestino», quien tendría conexiones con el ahora arrepentido Leonardo Peiti.
Los procedimientos fueron autorizados por la jueza Cristina Fortunato a pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y realizados por las Tropas de Operaciones Especiales y el Organismo de Investigaciones en: Las Acacias al 1300, Dentesano al 600, Víctor Manuel al 300, Oliver al 100 y un departamento del décimo piso del edificio de Cabral 23.
El resultado de los allanamientos fue el secuestro de 10 mil dólares, y un millón y medio de pesos, además de celulares, joyas, pendrives, documentación y vehículos. Y la detención de Perona.
La conexión entre el «zar» y Peiti, surgió de un pendrive secuestrado en en la casa de este último que contenía copia de múltiples conversaciones y de un vehículo que estaba estacionado allí y está registrado a nombre de Perona.
Lo curioso es que según se supo tras estas evidencias, David Perona cuenta con una denuncia realizada en el año 2017 ante el fiscal Martín Castellano, por casinos clandestinos. Esa investigación nunca avanzó. Dicha inacción por parte del fiscal Castellano es lo que despertó la curiosidad de los legisladores que solicitaron la documentación.