MARTES, 19 DE NOV

Articulación entre justicia penal y ejecución de políticas sociales y de salud

El martes se desarrolló la jornada "Articulación entre justicia penal y ejecución de políticas sociales y de salud", organizada conjuntamente entre el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública de la Provincia de Santa Fe, el Colegio de Jueces de 1ª Instancia de Rosario y la Fiscalía Regional de Rosario del Ministerio Público de la Acusación.

El martes se desarrolló la jornada «Articulación entre justicia penal y ejecución de políticas sociales y de salud», organizada conjuntamente entre el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública de la Provincia de Santa Fe, el Colegio de Jueces de 1ª Instancia de Rosario y la Fiscalía Regional de Rosario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La actividad se desarrolló en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, ubicada en los Tribunales de Rosario, y su presentación estuvo a cargo del Defensor Regional de Rosario, Gustavo Franceschetti; de los Jueces Penales Gustavo Pérez de Urrechu y Luis María Caterina; y del Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal.

El encuentro fue propicio para conocer los alcances y fines de  la Agencia Provincial de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, y los programas “Plan Abre” y “Nueva Oportunidad”. Sobre este punto disertaron el Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Jorge Elder; la Subsecretaria del “Plan Abre” para la ciudad de Rosario, María Cecilia Mijich; el Coordinador del Programa “Nueva Oportunidad”, Luciano Vigoni; y de la responsable de la APRECOD, Cecilia Nieto. Luego de ello, se produjo un diálogo fluido y abierto entre los operadores de justicia y los ejecutores de políticas sociales y de salud.

La actividad se enmarca en uno de los ejes de la política de gestión del Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP-, como lo es interactuar con los demás poderes, organizaciones y la sociedad civil, a los fines de favorecer la articulación mediante este tipo de acciones, con perspectiva territorial, para coordinar y mejorar la interacción de los distintos actores y organismos del Estado.

En esa lógica, se trata de articular políticas inclusivas para la prevención del delito y la reinserción social,  con el fin de elevar la calidad de vida de la comunidad y, especialmente, de aquellos grupos que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

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