Baclini confirmó que existía un informe que preveía el ataque al Centro de Justicia Penal

El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini confirmó hoy que existía un informe confidencial en el que se advertía que existía la posibilidad de un nuevo ataque al Centro de Justicia Penal y remarcó que tiene una finalidad precisa que es la de condicionar a «jueces, testigos y fiscales», en referencia a quienes este viernes serán los protagonistas principales de un nuevo juicio contra Máximo Ariel «Guille» Cantero.

En diálogo con radios de la ciudad, Baclini relató que a fines de junio se solicitó un informe de «riesgo de seguridad». «Se hizo un análisis y una evaluación del lugar en un informe que concluyó que existía un riesgo extremo con posibles víctimas fatales», detalló y remarcó que si el juicio se hacía en forma presencial,podía implicar un riesgo alto «con situaciones de ataques». «Por eso pedimos que sea virtual».

“Desde junio estamos pidiéndole a los organismos de seguridad para que observen y analicen todo lo que hace a medidas de seguridad, teniendo en cuenta el motivo del juicio”, dijo Baclini. En función de ello, se hizo un informe de análisis, y se tomaron algunas medidas. «Pero esto demuestra que tenemos que ser mucho mas eficientes”, afirmó. “Que los fiscales, jueces y testigos vayan condicionados a un juicio de tanta importancia es muy crítico”.

El fiscal general remarcó que todos los sectores pertinente fueron comunicados «para evitar situaciones como esta, que se debería haber evitadocon medidas de seguridad total». «Pero nosotros no nos encargamos de la seguridad».

“Ya ha ocurrido 13 ataques a objetos judiciales, entonces hay evitar que pasen situaciones como estas. A partir de hoy están previstas medidas de seguridad, pero de ese informe todos teníamos conocimiento”, subrayó.

Colegio de Magistrados

Por su parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Zona Sur) expresó, a través de un comunicado público, «su más enérgico repudio» al ataque perpetrado contra el Centro de Justicia Penal.

«Ante la gravedad del hecho acaecido, exhortamos a las autoridades de los tres Poderes del Estado provincial a que se arbitren, de manera urgente, las medidas necesarias en orden a garantizar la seguridad en los lugares de trabajo de todas y todos los trabajadores, funcionarios y magistrados judiciales», reza el comunicado, en tanto que advierte que «tales actos, que tienen como finalidad el amedrentamiento o intimidación tendiente a afectar el normal funcionamiento de un Poder Estatal», requieren una respuesta enérgica desde todos los estamentos del Gobierno y de la sociedad civil».

Mientras tanto, el presidente de la institución, Gustavo Salvador, señaló que se trata de un «desafío a la autoridad del Estado». Admitió que tanto él como sus colegas se sienten consternados y señaló que el Poder Judicial “ha cumplido con su obligación en los momentos en que hubo que investigar los hechos ilícitos y llevó a juicio a los responsables y los mismos merecieron una sentencia de condena”. Hubo una respuesta institucional», subrayó.

“La mayoría de los hechos de amedrentamiento no solo a integrantes del Poder Judicial o a edificios del Poder Judicial sino también a particulares están organizadas desde los distintos lugares de detención en el Servicio Penitenciario. Tiene que haber un esfuerzo desde todos los poderes del Estado para tratar de evitar estos hechos”, concluyó.