Cárceles: «El coronavirus agrava una situación que de por sí, ya era insostenible»

Por Florencia Vizzi

La pandemia de Coronavirus ha vuelto a poner sobre el tapete la discusión de la situación de superpoblación y hacinamiento en cárceles y ha profundizado un debate que atraviesa toda la sociedad.

Más allá de los motines que se vienen sucediendo, no sólo en el país sino en diversos puntos del mundo, desde este lunes internos de diversas prisiones de la provincia de Santa Fe se han declarado en huelga de hambre pacífica, en defensa, según sus propios dichos, de sus derechos y en reclamo de mayores medidas de seguridad e higiene para evitar el contagio de Covid-19, que dentro de las cárceles, haría estragos.

Según detallaron las fuentes a Conclusión, la huelga de hambre, abarca: los 11 pabellones de la Unidad Nº 6 de Rosario, todos los pabellones de la Unidad Nº3 y los pabellones 1,2 y 3 de la Unidad Penal de Mujeres Nº5, de la que sólo ha quedado excluido el pabellón maternal. También se plegaron a la medida 9 de los pabellones de la Unidad Nº 11, de Piñero, y la mayoría de los de la Unidad Nº 1 de Coronda. De acuerdo a lo relatado por algunos de los delegados de los internos, los reclusos de la Unidad Penal de Pérez quisieron sumarse a la huelga de hambre pero los directores del penal habrían amenazado a los delegados con trasladarlos si lo hacían.

Derechos de acuerdo a ley

Si bien hay una creencia generalizada de que el reclamo es «libertad para todos», los textos presentados en los distintos penales del país dejan muy en claro que no se trata de eso, al igual que la carta que los delegados de los penales santafesinos enviaron el lunes a los jueces de Ejecución Penal de Rosario, en las cuales destacan el pedido de prisión domiciliara par los que ya estaban ejerciendo las salidas transitorias, el pedido de «asegurar la integridad física de personas de edad avanzada y pacientes de riesgo» y la «distribución de cantidad adecuada de elementos e seguridad sanitarios» y de higiene.

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De acuerdo al detalle que uno de los delegados envió a Conclusión, los reclusos demandan, sobre todo, que «se tomen los recaudos necesarios con todos los internos que padecen enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y personas mayores de 50 años a fin de que no sean más vulnerados sus derechos y garantías».

También, solicitan que se pidan informes en tiempo real al Servicio Penitenciario de todos los internos e internas con enfermedades crónicas, internos con plazos de ley vencidos para salidas transitorias, libertad condicional o libertades asistidas con el objeto de participar en tiempo y forma del arresto domiciliario, bajo palabra, fianza real o pulsera GPS con financiación del estado o como el magistrado actuante disponga.

Los internos remarcaron que no se trata de un motín, sino de un reclamo legítimo en cumplimiento de la Ley 24660. y de los artículos que refieren a las salidas transitorias, (artículo 7), salidas asistidas, (artículo 54 y prisión condicional (artículo 14).  En ese contexto, reclamaron  que se revean las prisiones preventivas, que se estudie la posibilidad de conceder medidas alternativas al encierro en caso de estar cercanos al cumplimiento «estar prontos al vencimiento de la condena» y, por supuesto, a partir de la huelga de hambre, solicitaron que se realice en forma diaria la revisión médica desde el primer día con el correspondiente protocolo de actuación.

La realidad penal

En oposición al fuerte discurso punitivista casi hegemónico que replican los medios masivos, las diversas organizaciones que desarrollan trabajo carcelario repiten una y otra vez que la realidad en la mayoría de los penales es insostenible por las situaciones de hacinamiento, superpoblación, desentendimiento estatal, falta de políticas dirigidas y una suerte de abandono o «tardanzas» por parte de la Justicia, sobre todo en relación a los derechos adquiridos, por ejemplo, internos con prisiones cumplidas que esperan largos meses hasta que se resuelvan los trámites judiciales o prisiones preventivas indiscriminadas, que son los casos más comunes.

En una realidad con esas características una epidemia o, como en el caso actual, una pandemia de un virus altamente contagioso sólo exacerba y complejiza lo que ocurre cotidianamente.

«Nosotros no estamos viendo nada nuevo, sólo que todo se potencia y se complica por la presencia de este virus, que los internos saben, son conscientes, que es altamente contagioso y que las condiciones en las que viven los ponen en una situación de riesgo constante», señaló a Conclusión Graciela Rojas, fundadora de la ONG Mujeres tras las Rejas que desde hace unos 15 años recorre los penales de mujeres de la ciudad y el país. «Esta pandemia agrava una situación que de por sí, ya era insostenible»

Como suele señalar Rojas, en esos penales existe una doble vulneración y discriminación hacia la población carcelaria femenina, que además tiene características particulares, ya que muchas transitan sus condenas junto a sus hijos o embarazadas.

«Por ejemplo, relató Rojas a este medio, una de las chicas que estaba embarazada le llegó su fecha de parto hace unas semanas y la llevaron al hospital para que tenga su bebe.  Estuvo internada unos días y después volvió al penal. El tema es que, a pesar de que habíamos hecho una serie de mediaciones a fin de que cuando volviera estuviera aislada, eso no ocurrió y la llevaron a la celda. Con esto quiero decir que esta chica estuvo fuera del penal, en una institución de salud y en contacto con otras personas. Más allá de todos los cuidados que haya, el riesgo de contagio existe. Sin embargo no fue aislada».

En ese sentido, desde la ONG señalan lo mismo en relación a todos los empleados del Servicio Penitenciario que van y vienen, viajan en transporte público, andan por la calle. Es decir, el riesgo de contagio existe, y es una población vulnerable y propensa al mismo por las condiciones cotidianas.

Sumado a esto hay otras cuestiones que preocupan. Por ejemplo, la falta de acceso a los elementos de limpieza e higiene. «El jabón es un lujo. Las internas acceden al jabón porque se lo envían los familiares o porque lo compran en el almacén del penal. Pero, a partir de todas la restricciones de los últimos meses los paquetes que llegan a los penales, de hombre y de mujeres, escasean. Incluso, para poder hacer los envíos a Coronda o Piñero, muchos paquetes que envían los familiares son trasladados a la Unidad 5 y de allí los lleva el Servicio Penitenciario. Si los paquetes llegan muy espaciados y no tienen el dinero para comprarlo como le viene ocurriendo a la mayoría, el uso del jabón es una utopía. O sea, lo más básico para prevenir esta enfermedad, para los internos es inaccesible».

Lo mismo ocurre con los productos de limpieza. «Por ejemplo, lavandina. Yo he visto como todo un pabellón se tiene que arreglar con un bidón de lavandina. Entonces, ¿como sería posible mantener el lugar limpio y desinfectado si no les entregan los elementos?

Contra lo que se ve y se lee en algunos medios, que sugieren que podría haber una liberación masiva de presos, los reclamos tanto de los reclusos como de las organizaciones que trabajan en el ámbito y las defensorías públicas coinciden que la mayoría de los jueces son reacios a otorgar estas excepciones o medidas que están contempladas legalmente.

Este punto ya había sido anticipado por la titular del Servicio Público de la Defensa Penal de Santa Fe, Jaquelina Balangione que, semanas atrás detalló a este medio que «la mayor parte de las presentaciones judiciales que van en ese sentido han venido fracasando». Lo mismo confirman la ONG Mujeres Tras Las Rejas, que remarcaron que sólo a tres internas embarazadas se les otorgó el arresto domiciliario. En iguales condiciones están los reclusos de otros penales.

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En torno a ello, Rojas destaca que «no es una cuestión de otorgar beneficios». «Estamos hablando de derechos reconocidos constitucionalmente y aquí se suma una situación de emergencia sanitaria. Hay personas que ya han cumplido condena, y están esperando la orden de liberación o están muy cerca de cumplirla y en estos casos se podría otorgar el arresto domiciliario o la libertad asistida a quienes estén en condiciones de acceder a ellas, y así aliviar un poco la situación de superpoblación de las cárceles. Lo mismo para quienes estén considerados grupos de riesgo o quienes están con salidas transitorias».

Texto completo del texto presentado por delegados de la Unidad 3 de Rosario

A lxs Juecxs de Ejecución Penal de Rosario:

Quienes suscriben, internos de la Unidad Penitenciaria N° 3 de Rosario, nos dirigimos a ustedes para informarles que acabamos de iniciar una huelga de hambre y paro de actividades laborales con motivo de padecer la falta de medidas de cuidado frente a la pandemia de Coronavirus y solicitamos tengan a bien concedernos una reunión con nuestros delegados, con el fin de tratar los siguientes puntos:

1- Prisión domiciliaria para aquellos que veníamos ejerciendo nuestras salidas transitorias.
2- Resolución de medidas alternativas al encierro en caso de estar prontos al vencimiento de la condena.
3- Asegurar la integridad física de personas de edad avanzada y pacientes de riesgo.
4- Distribución de cantidad adecuada de elementos de seguridad sanitarios, como barbijos, guantes, etc.

Fundamenta este pedido la grave situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos debido a las condiciones del encierro, agravadas en el marco de la pandemia. Esto nos genera muchas incertidumbres, que en la mayoría de los casos se traducen en angustias, que se ven amplificadas por la privación de libertad.
Para poder llegar a una solución mediatizada por la palabra, reiteramos nuestro pedido de un encuentro, sugiriendo que también pudiera ser una mesa de diálogo, con otras autoridades institucionales.
Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, saludamos a Uds.