Causa Guardati-Torti: allanan caja de seguridad de un directivo de la firma
La Agencia de Investigación Criminal llegó a la casa central del Banco de Santa Fe de Rosario con orden del fiscal Sebastián Narvaja, quien lleva adelante la investigación contra la firma por administración fraudulenta. Se secuestraron 330.000 dólares.
Este martes la Agencia de Investigación Criminal realizó un operativo en la casa central del Banco de Santa Fe en Rosario, en el marco de la investigación que se sigue contra la firma Guardati-Torti por administración fraudulenta.
Los efectivos de la AIC llegaron al lugar con con el requerimiento del fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad Especial de Delitos Económicos y Complejos, para abrir una caja de seguridad que pertenece a Pablo Torti, uno de los directores de la firma, y a su esposa, Juliana Fernández Chemes.
El fiscal Narvaja dispuso el secuestro de la totalidad del dinero contenido en la caja, 333.450 dólares en tanto que los otros elementos encontrados fueron dejados allí. El procedimiento se realizó en presencia de los titulares de la caja y del representante legal , Oscar Romero.
La investigación contra la que fuera una de las principales corredoras de granos del grupo Vicentín se inició en poco después de que esa firma se declarara en «stress financiero». En el mes de febrero de 2020, la Justicia civil le inhibió los bienes a GyT y luego hubo denuncias penales por administración fraudulenta.
El bloqueo de los activos de GyT se realizó a pedido del representante legal de Acopios Arequito, una de las acreedoras de la corredora que, en ese entonces, argumentó que su caída en desgracia era a causa del default de Vicentín. Sin embargo, el abogado Froilán Ravenna ya había adelantado su denuncia en el fuero penal, ya que además del incumplimiento contractual por granos fijados no pagados, la corredora había vendido sin autorización 13.000 toneladas que Acopios Arequito le había entregado.
En el mes de junio, ya en el marco de la investigación penal por defraudación,. fueron allanadas las oficinas de la corredora en Puerto Norte y las viviendas de sus directivos con el objeto de secuestrar documentación y material informático. Uno de los titulares permaneció algunas horas demorado, no en el marco de la causa, sino porque en el procedimiento le encontraron un arma calibre 9 milímetros sin documentación.