Condenaron a dos personas por privación de la libertad y abuso de autoridad

Dos hombres fueron condenados este martes a distintas penas por haber privado de la libertad “de forma abusiva” y falsa denuncia a cuatro personas en el marco de un falso procedimiento policial. Uno de ellos se desempeñaba como secretario del comisario de la comisaría 10ma.

El fiscal José Luis Caterina atribuyó a los acusados haber realizado el pasado 21 de junio de 2021 un procedimiento policial falso, a través del cual se privó ilegítimamente de cuatro personas durante más de 90 días, bajo la apariencia de un procedimiento legal.

Según lo investigado, Pablo S., que se desempeñaba como secretario del comisario titular de la comisaría 10ma, pasó a buscar en su vehículo particular, un Renault Clío, por orden de su superior, al oficial Héctor D. quien en esos momentos se desempeñaba como numerario del Comando Radioeléctrico de Rosario el pasado 21 de junio de 2021.

Vestidos de civil, los dos empiezan a tomar registros fotográficos de un espacio indicado por Héctor D., que supuestasmente tenía información de relevancia para una causa que estaban investigando en ese momento. Mientras transitaban por calle Travesía al 300 bis, Héctor D señaló a una persona que sería el presunto autor de una balacera ocurrida en calle Maciel. A continuación, dan aviso al comisario y comienzan a planear la aprehensión de cuatro personas que se encontraban en la vereda y el titular de la comisaría 10ma, Gerardo M., envió un móvil de apoyo, para encontrarse con el otro grupo en Sorrento y Travesía. Los cuatro fueron señalados por una persona identificada como Mario S. un conocido de Héctor D.

Acto seguido, según lo reconstruidfo por la investigación de Caterina, fue que el entonces numerario del Comando Radioeléctrico bajó de su auto para pasarse al móvil policial, todavía vestido de civil, y redujo junto con Pablo S. a cuatro personas que se encontraban en la vereda. Tanto Héctor D. como el secretario del comisario se identificaron como policías antes de efectuar el arresto irregular de dichos individuos, los cuales nunca opusieron resistencia y carentes de cualquier elemento de peligrosidad o prohibido en su uso por ley.

Los detenidos fueron trasladados a la 10ma e ingresados, seg{un el libro de actas, a las 14.25 hs. Lo insólito es que el acta policial sostiene que, mientras se encontraban realizando un “patrullaje preventivo, se acercó una femenina y les señaló a los cuatro aprehendidos como autores de un delito”.

Los policías indicaron al comisario que los capturados estaban relacionados a una balacera, con lo que labraron una serie de actas, que fueron elevadas al Ministerio Público de la Acusación, desde donde se ordenó la prisión preventiva por noventa días de los mismos.

Otro dato impactante es que la denuncia que respalda la detención de estas cuatro personas es la denuncia de dos mujeres, cuya presencia no figura retgistrada en el Libro de Guardias de la unidad policial, que a su vez fueron convocadas a la comisaría por tres hombres entre los cuales uno de ellos se hizo pasar por el director de la Policía de Investigaciones (PDI). Según el relato judicial, las mujeres habían sido víctimas de una balacera contra la puerta de su casa, no obstante el acta de la entrevista donde las mujeres prestaron declaración apareció firmada por otra persona, diferente a la sumariante que hizo la entrevista. Esto se debe a que la sumariante no quizo firmar el acta debido a que Héctor D. les habría dictado a las dos chicas lo que debían declarar.

Según las declaraciones brindadas por dos de los acusados (los restantes dos fueron liberados luego de brindarse el ejercicio desde fiscalía para la prisión preventiva) prestadas el 28 de julio y el 12 de agosto, los detenidos de participar en las balaceras señalaron que el contenido de sus declaraciones en las actas policiales había sido impuesto por los efectivos policiales de la 10ma. No obstante, la fiscalía solicitó la liberación de estas personas el 17 de septiembre de 2021, es decir 8 días antes de que se venciera el plazo de las prisiones preventivas.

El comisario Gerardo M. fue condenado en febrero de 2023 a la pena única de de 3 años de prisión efectiva y 6 años de inhabilitación especial para ejercer la función policial por los delitos de Abuso de autoridad, Privación abusiva de la libertad agravada por tratarse de un funcionario público que con abuso de sus funciones, falsedad ideológica todo en concurso real y en calidad de coautor y de coautor mediato en el caso de la privación abusiva a partir de la orden de detención.

Por otro lado, Walter G. fue condenado el 31 de julio de 2023 a la pena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos en las fuerzas de seguridad de la Provincia de Santa Fe Falsedad ideológica Abuso de Autoridad, Privación abusiva de la libertad agravada (por tratarse de funcionario público), en concurso real y en carácter de partícipe primario.

Por último, el secretario del comisario, Pablo S. fue condenado el 31 de julio de 2023 a la pena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos en las fuerzas de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

El magistrado actuante en la causa fue el juez de primera instancia Facundo Becerra condenó este lunes a Héctor D. a la pena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación especial, por los delitos de Falsedad ideológica y privación abusiva de la libertad agravada, ambos en calidad de coautor, y de falsa denuncia, en calidad de partícipe primario, todos en concurso real.

Además, condenó a Mario S. a la pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de Falsa denuncia, en calidad de instigador, y de privación ilegítima de la libertad agravada, en calidad de coautor, ambos en concurso real.