Condenaron a siete años de prisión a titular de empresas agropecuarias por delitos tributarios
Es la primera condena a prisión por un caso de fabricación de facturas truchas para evadir impuestos.
La Justicia Federal de Córdoba condenó a siete años de prisión al titular de cuatro empresas agropecuarias vinculadas a la intermediación de compra y venta de granos por «asociación ilícita para cometer delitos tributarios».
El condenado a siete años es Atilio Mengo, titular de las empresas FLG Agropecuaria SA, Soybeans SA, Cereales y Pasturas SRL y Oro Verde SA. El fiscal Carlos Gonella explicó que Mengo compraba el cereal «en negro» a productores y, después, «reclutaba» a personas que convertía en monotributistas agropecuarios y a nombre de ellos eran los pagos de las exportadoras a las que le vendía el cereal.
También fueron sancionadas con cuatro años de prisión sus hijas, Francina y Luisina Mengo, como coautoras del delito y otras seis personas con participación en carácter de coautores o partícipes necesarios del mismo delito.
Aunque el perjuicio para el Estado es millonario, el delito que se juzgó no es la evasión sino la maniobra de reunión de personas para favorecerla. La condena es la primera de este tipo en Córdoba; en el país hay una a tres años y medio en un juicio abreviado en Mar del Plata.
«Llegó a reclutar a 650 monotributistas en 10 provincias; les hacía el trámite y les ofrecía $150 o algún tipo de asistencia social. De esa manera les hacían firmar documentación en blanco para la comercialización de granos», describió Gonella.
Los monotributistas eran utilizados con el fin de ocultar al verdadero productor agropecuario, dado que la operación se documentaba a nombre de un tercero que figuraba inscripto en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes de la AFIP. De esa forma, se reducía la carga impositiva.
Una vez generada la documentación apócrifa, el adquirente de los granos obtenía los beneficios del cómputo del crédito fiscal por el IVA y la deducción del gasto en el impuesto a las ganancias.
El comprador del cereal, comercializado «en negro» pero a través de facturas apócrifas que lo cubrían, burlaba además las obligaciones de pagos de retenciones impositivas, dado que «supuestamente» le compraba a monotributistas no alcanzados por dichos regímenes.
Esta organización delictiva, de la cual Atilio Mengo fue imputado como jefe y los demás nombrados como coautores, llegó a utilizar el nombre de cientos de personas de condición económica humilde para extender sus alcances. Su pertenencia al sector agropecuario y su conocimiento previo del negocio de comercialización de granos resultaron, a juicio de la acusación, clave para el desarrollo de la compleja red delictiva que llegaron a montar.