Condenaron a un policía por vejaciones y privación ilegal de la libertad

Uno de los policías del Comando Radioeléctrico de la Costa, de la ciudad de Santa Fe, investigado por diversos hechos delictivos fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. Se trata del suboficial Juan Emilio Torres de 29 años, a quien se le impuso la pena por 39 delitos que cometió –junto a otros policías– en el marco de seis hechos entre octubre y noviembre de 2017.

La condena fue resuelta por el juez José Luis García Troiano en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. Por su parte, el fiscal que investigó los hechos es Ezequiel Hernández, quien sostuvo que “el accionar ilícito del condenado se enmarca en una investigación más amplia que llevamos adelante y en la que hay otros nueve policías imputados”.

Hay otros nueve policías del Comando Radioeléctrico de la Costa que también fueron imputados y cuya investigación está en curso. De esas nueve personas, tres se encuentran en prisión preventiva, una en prisión preventiva domiciliaria, uno con medidas alternativas a la prisión preventiva y otros cuatro en libertad.

39 delitos

“Torres fue condenado como coautor de 36 delitos y como autor de otros tres. En todos los casos, las conductas fueron cometidas mientras cumplía funciones como suboficial del Comando Radioeléctrico de la Costa”, precisó Hernández.

También indicó que “en todos los casos, luego de cometer los delitos, el condenado y los otros policías investigados insertaron declaraciones falsas en las correspondientes actas de procedimiento policial, a sabiendas de lo que hacían y con la deliberada intención de ocultar los delitos que había cometido”.

Hernández aclaró que “las conductas del condenado eran siempre desplegadas bajo la supervisión –y a veces por orden– de personal superior en jerarquía, por lo que su responsabilidad en estos casos es menor por encontrarse en una situación de garante de la evitación del hecho lesivo de gravedad intermedia”.

El funcionario del MPA se refirió a las calificaciones legales por las que se impuso la condena. En tal sentido, informó que “la pena fue impuesta por la coautoría de vejaciones; apremios ilegales; severidades; amenazas coactivas; allanamiento ilegal; robo calificado por ser cometido por personal policial; falsedad ideológica en instrumento público y privación ilegítima de la libertad por abuso funcional. Además, se lo condenó por la autoría de los delitos de comisión por omisión de tortura de funcionario competente ajeno al delito y omisión de denuncia calificada por ser funcionario público en ejercicio de sus funciones”

Seis hechos

“El primero de los hechos fue cometido el jueves 19 de octubre de 2017. Minutos antes de las 8 de la mañana, Torres y otros tres policías ingresaron a una vivienda de Rincón. Lo hicieron sin orden judicial y contra la voluntad de la mujer que estaba en la casa”, detalló Hernández. “Una vez que estuvieron adentro, obligaron a la mujer a desvestirse mientras le propinaban golpes y le exigían que entregara drogas y armas. También la amenazaron diciéndole que si contaba algo le prenderían fuego a la casa”, agregó.

El fiscal del MPA también relató que “en el lugar estaba la hija menor de edad de la mujer, a la que también amenazaron con llevar a un hogar donde la violarían si no entregaba la droga que supuestamente había en la casa”. Por último, enfatizó que “antes de irse de la vivienda sustrajeron dinero en efectivo del interior de la cartera de la mujer”.

El mismo jueves 19 de octubre de 2017 alrededor de las 20 fue el segundo hecho. “En esta oportunidad, el condenado y otros seis policías agredieron a dos hombres que habían sido privados de su libertad. Además, sin motivo legal y abusando de sus funciones privaron de la libertad a dos mujeres –parientes de los dos hombres detenidos– que fueron trasladadas a la comisaría número 14 de Rincón donde, minutos después, fueron víctimas de torturas y golpes de todo tipo”, narró. En tal sentido, hizo hincapié en que “a raíz de las severas agresiones que sufrió, a una de las dos mujeres –que estaba embarazada de dos meses– le provocaron un aborto y una contusión en la región occipital”.

“Además de haber participado en la privación ilegal de la libertad de las mujeres, Torres no intervino para impedir la tortura, a pesar de la competencia que tenía para hacerlo y tampoco hizo la denuncia correspondiente no obstante estar obligado a hacerlo”, añadió.

En relación al tercer hecho, Hernández puntualizó que fue entre las 8 y las 11 del miércoles 25 de octubre. “El condenado y otros cinco policías ingresaron sin orden judicial a cinco viviendas de Colastiné Norte. En algunas de ellas no había gente, pero en otras estaban sus moradores a quienes agredieron y a uno de ellos le sustrajeron diversos elementos de su propiedad”. El fiscal también subrayó que “en una de las viviendas estaba un hombre con un menor de edad discapacitado. Los dos fueron fueron trasladados a la comisaría número 14 y fueron agredidos antes del traslado y mientras eran llevados en un móvil a la sede policial. Ya en la dependencia, intentaron que el discapacitado introdujera uno de sus dedos en un ventilador, aunque desistieron a raíz de la desesperación del menor”.

Acerca del cuarto hecho, el fiscal precisó que fue el viernes 3 de noviembre de 2017. “El condenado omitió denunciar –a pesar de su obligación de hacerlo– a otros dos policías por una serie de delitos cometidos en perjuicio de cuatro personas. Las víctimas fueron un menor de edad, un hombre y dos mujeres a quienes les propinaron golpes y tratos rigurosos. Al hombre mayor de edad le colocaron una bolsa de nylon en la boca y le sustrajeron 1.500 pesos que tenía en su billetera”, enfatizó Hernández. “Una de las mujeres fue a preguntar por qué habían privado de la libertad a su hijo de 15 años. En ese marco, también la agredieron a ella, le dio una crisis nerviosa y, finalmente, fue socorrida por su esposo que es policía”, indicó.

El quinto hecho fue el lunes 6 de noviembre de 2017 alrededor de las 19:30. “El condenado y otros cinco policías ingresaron a una vivienda de La Guardia sin orden judicial y agredieron con golpes de puño y patadas a un hombre al que lo trasladaron a la subcomisaría sexta donde lo atacaron con un látigo de cuero trenzado”, detalló el fiscal. “En este caso, no intervino para impedir la tortura, a pesar de la competencia que tenía para hacerlo y tampoco hizo la denuncia correspondiente no obstante estar obligado a hacerlo”, reiteró.

Por último, el sexto hecho fue el martes 21 de noviembre de 2017. “Entre las 10 y las 14, el condenado y otros cuatro policías ingresaron a tres viviendas en Colastiné Norte, en la zona de la ruta provincial número 1 y en Arroyo Leyes. En dos de ellas, había hombres mayores de edad a los que privaron de su libertad ilegítimamente y los golpearon cuando fueron trasladados a la subcomisaría cuarta”, concluyó el fiscal.

En el marco del juicio en el que se abreviaron los procedimientos, una mujer que fue víctima de torturas se constituyó como querellante. La mujer fue representada por los abogados de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Centro de Asistencia Judicial.

Otros nueve investigados

Además del condenado, hay otros nueve policías que integraban el Comando Radioeléctrico de la Costa que también fueron imputados y cuya investigación está en curso. De esas nueve personas, tres están en prisión preventiva, una en prisión preventiva domiciliaria, uno con medidas alternativas a la prisión preventiva y otros cuatro en libertad.

En relación a la situación procesal de cada uno de los investigados, el fiscal Hernández explicó que “la prisión preventiva de las cuatro personas que están en esa situación fue revisada por jueces de distinta instancia en 12 oportunidades”. El funcionario del MPA agregó que “desde que se inició la investigación y hasta la actualidad, ya intervinieron seis jueces de primera instancia y tres de segunda instancia, quienes opinaron acerca del mérito de la investigación realizada por la Fiscalía. Los nueve magistrados confirmaron, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia de la investigación, que los hechos ilícitos existieron y fueron cometidos por los policías investigados”.