Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron sobreseídos por la venta del grupo Indalo
Lo estableció un fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien también benefició en esa decisión a Ignacio Rosner y Enrique Dellatorre Balestra.
Cristóbal López y Fabián De Souza fueron sobreseídos en la causa que en la que por el juez Julián Ercolini los investigaba por la presunta venta ilegal del Grupo Indalo al fondo OP Investment en octubre del 2017.
El fallo fue dictado por el Juzgado Criminal y Federal Número 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, y también alcanza a los dueños del grupo inversor, Ignacio Rosner y Enrique Dellatorre.
La jueza entiende que corresponde el sobreseimiento «por no encuadrar en una figura legal el hecho investigado, dejando constancia que la formación del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado».
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Los fundadores del Grupo Indalo, están alojados en los penales de Ezeiza y Marcos Paz con prisión efectiva y si bien por esta causa están en condiciones de quedar en libertad, aún enfrentan otras dos causas penales que les abrió el juez Claudio Bonadío por supuesto fraude al Estado por la no liquidación de un impuesto a las naftas durante varios años.
En los considerandos del fallo la jueza señala que las causa tuvo su inicio el 19 de diciembre del 2017 cuando se los denunció por la posible comisión de un delito de acción pública por el traspaso sin autorización judicial de las acciones de Indalo al fondo que crearon Rosner y Dellatorre para quedarse con el holding que en ese momento se encontraba en convocatoria de acreedores e intervenido por orden del juez Ercolini.
Se sospechó que la operación fue realizada presuntamente en incumplimiento de la inhibición general de bienes que el juzgado de Ercolini había dispuesto entre el 2016 y el 2017 y si la venta del Grupo Indalo por parte de López y De Sousa tenía el propósito de realizar una acción fraudulenta para sortear esa inhibición.
Inhibición que había sido impuesta por Ercolini en la causa que investigaba a ambos por no declarar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) más de $8 millones, recaudados a través del impuesto al combustible que cobraba la firma Oil Combustibles.
Se presumió que la cesión del Grupo, tenía como objeto recuperar el crédito del conglomerado empresarial y garantizar continuidad de sus negocios y el pago de deudas.