Cuatro armas, usadas como pruebas en un juicio, desaparecieron del Centro de Justicia Penal

Cuatro armas 9 milímetros, que fueron parte del material probatorio en un juicio contra dos ex policías, desparecieron del cajón de un escritorio de la Oficina de Gestión Judicial, en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Una de esas armas fue recientemente secuestrada en un procedimiento en barrio Las Flores. Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que hay una investigación en curso en la que, hasta ahora, se pudo determinar  que las armas se la llevó personal de la OGJ a su oficina, ubicada en el primer piso del CJP, quedando allí desde el 2 de diciembre de 2021 y durante la feria judicial del mes de enero 2022, sin ser remitidas al MPA con la documentación correcta como era el proceso a seguir.

Las cuatro pistolas robadas habían sido utilizadas como material probatorio en el juicio que se realizó en el mes de noviembre y que tuvo a dos hermanos policías, Víctor y Franco Villarruel, en el banquillo de los acusados, por el crimen de Matías Sosa.

El 1º de diciembre, el tribunal conformado por los jueces Rafael Coria, Silvia Castelli e Isabel Más Varela condenó a ambos efectivos a una pena de 20 y 23 años de prisión y dispuso que dos de esas armas sean destruidas en tanto que las otras dos debían ser devueltas al Ministerio de Seguridad.

Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación, el 2 de diciembre el personal de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) no pudo realizar el depósito de las armar de fuego en el MPA «porque la documentación que debía presentar dicha oficina estaba incorrecta e incompleta». Así, El MPA solicitó que se confeccionará correctamente la documentación y sea presentada junto a las armas en los días siguiente de ese mismo mes, «cuestión que no ocurrió». 

Terminada la feria judicial de enero de 2022, una empleada de la Oficina de Gestión Judicial notó el faltante de la caja con las armas, por lo que se dio aviso a al Fiscalía que, en el mes de marzo, abrió una investigación penal que quedó a cargo de la fiscal Paola Aguirre, de la Unidad de Violencia Institucional, quien dispuso una serie de tareas investigativas para determinar el proceso de las armas en la OGJ y el resguardo que se realizó de las mismas en dicha oficina.

La fiscal también requirió que sean cauteladas las imágenes de cámaras de seguridad internas del espacio de la OGJ en el Centro de Justicia Penal y solicitó la información de quienes estuvieron en acceso a dichas oficinas durante la feria judicial.

En tanto, la Corte Suprema de Santa Fe, paralelamente, dispuso abrir investigación de sumario administrativo ya que la OGJ depende del supremo tribunal.

Desde el MPA remarcaron que «la seguridad del edificio del Centro de Justicia, la OGJ y todo lo que corresponde a su organización depende de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe».

El crimen de Matías Sosa

Matías Sosa y el ex policía Franco Villarruel mantenían un viejo enfrentamiento entre sí. La razón era que la hermana de Sosa había estado casada con el efectivo, quien la sometía a permanentes maltratos. Durante el tiempo que estuvieron casados, Matías enfrentó a Villarruel repetidamente, para defender a su hermana, hasta que la joven logró separarse e irse a vivir a casa de su madre con sus tres hijos.

Sin embargo, el encono entre Sosa y su ex cuñado, vecinos entre sí, nunca menguó y desembocó en la violenta tragedia. Según testigos del homicidio, el domingo 16 de diciembre de 2018 -horas antes del crimen- una piedra fue a estrellarse contra el auto de Franco, y hay quienes dieron cuenta de que el piedrazo lo arrojo Matías y otros afirman que lo hizo su hermano.

Sosa y su hermano se retiraron del lugar y volvieron a la casa de su madre. Entre tanto, Villarruel llamó a la policía e informó que había jóvenes arrojando piedras contra los autos. Cuando los efectivos llegaron, tocaron timbre en la casa de Sosa y, cuando el joven salió y estaban por detenerlo, los hermanos Villarruel le dispararon.

Según la investigación, a cargo del fiscal Adrián Spelta, Franco Villarruel extrajo de entre sus ropas el arma reglamentaria y le disparó en el tórax, a menos de dos metros de distancia. Producto de la lesión, la víctima cayó al piso y en ese momento, Víctor Villarruel le efectuó dos disparos más.

Al ver esta secuencia, Milton -hermano de la víctima- intentó huir, pero ambos policías los persiguieron y le efectuaron varios disparos, aunque no lograron herirlo. En tanto, Matías Sosa fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (HECA) donde estuvo internado cuatro días y finalmente falleció el 20 de diciembre a causa de una falla multiorgánica causada por las heridas recibidas.