Detuvieron al prefecto que asesinó a Rafael Nahuel
El cabo Pintos fue apresado tras la confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, que revirtió la teoría oficial sobre el "enfrentamiento" y ratificó la prisión preventiva del agente del grupo Albatros.
La Justicia Federal detuvo este miércoles a el cabo de la Prefectura Francisco Javier Pintos, el integrante de la fuerza de acusado de ser el autor del homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche recibió, en noviembre de 2017, un disparo por la espalda cuando participaba de la ocupación de un terreno en Villa Mascardi.
La detención fue realizada por efectivos de la Policía Federal en San Isidro, por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
La orden de que el prefecto del grupo Albatros fuera detenido preventivamente hasta que se sustancie el juicio oral había sido dada por la Cámara Federal de Roca, que revisó la sentencia original del juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes.
La Cámara había rechazado la apelación presentada por el abogado del cabo primero Pintos, quien había cuestionado el procesamiento bajo la figura de “homicidio agravado” y el dictado de su prisión preventiva.
Pero en forma unánime los tres jueces descartaron el argumento de la defensa y ordenó su detención bajo la figura de la prisión preventiva.
Responsabilidades políticas
Un párrafo especial dedicaron los tres jueces al rol del Ministerio de Seguridad de la Nación en lo referente a la causa.
«Es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados” reza el fallo de los jueces.
Lozano, Gallego y Barreiro cuestionaron a Bullrich porque “antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publicaron declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando –mediáticamente– que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”.