Dirigentes, abogados y juristas de Sudamérica analizaron propuestas para prevenir el lawfare

Dirigentes políticos, referentes sociales, miembros de organismos de Derechos Humanos, abogados y juristas participaron este lunes de una conferencia internacional para compartir experiencias y reflexiones sobre el fenómeno del ‘lawfare’, al que especialistas definen como el uso de los resortes del Poder Judicial para la persecución de los gobiernos de izquierda de la región.

Organizado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y la comisión de Derechos Humanos del Parlasur, el encuentro finalizó con la exposición de propuestas que se trasladarán, justamente, al Parlamento del Mercosur pero también con iniciativas más ambiciosas, como modificar la legislación penal para incluir una «normativa específica para los casos de lawfare», según explicó el constitucionalista Eduardo Barcesat.

Otra de las conclusiones de la actividad realizada a través de la plataforma Zoom, pronunciada en este caso por el penalista Maximiliano Rusconi apuntó a no caer en lo que él definió como un acto de «ingenuidad» y que consiste en «dejar el problema (del lawfare) en manos de la Justicia», ya que la Justicia argentina de las últimas décadas, advirtió, se construyó como «selectiva, autoritaria, cómplice de la dictadura, clasista, elitista y machista».

Rusconi, del colectivo de abogados Iniciativa Justicia, puso el foco sobre el rol que tuvo la dirigencia política para el despliegue del ‘lawfare’ y en ese sentido responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri pero además dijo que entre 2015 y 2019 hubo «una pata política» que no ejerció esas prácticas pero sí las acompañó con su «omisión».

«Para decirlo con el lenguaje moderno que se escucha en estos tiempos, fue el ‘fuego amigo’, que quizá no fue tan fuerte pero fue omisivo. Dicho de otro modo, los muy malos, por decirlo así, necesitaron de la omisión de los buenos para hacer lo que hicieron», dijo Rusconi, abogado del exministro de Planificación, Julio De Vido.

Otra expositora proveniente del Derecho, la directora de Legales del Senado Graciana Peñafort, planteó que «sentía envidia porque en Brasil se animaron a revisar las sentencias mientras que acá no», en referencia a las decisiones del Supremo Tribunal de Justicia de ese país, que anuló todas las causas contra Luiz Inácio Lula Da Silva.

«Nosotros decíamos que nos estaban espiando, que estaban apretando a los testigos, que estaban presionando a los coimputados y los periodistas que cubrían estos casos nos decían que estábamos locos, pero resultó ser todo cierto», reconstruyó Peñafort al referirse al lapso 2015-2019 y luego revivió, visiblemente emocionada, lo que significó para ella defender en los Tribunales de Comodoro Py al fallecido excanciller Héctor Timerman mientras estaba enfermo de cáncer.

«A mí me tocó defender a una persona que murió por lawfare», dijo y recordó que Timerman no pudo realizar un tratamiento médico en Estados Unidos que necesitaba por su enfermedad debido a la causa por el memorándum de entendimiento con Irán.

Sobre ese tema, Peñafort remarcó que el extitular de Interpol Ronald Noble todavía hoy sigue pidiendo declarar «y aún hoy se lo están impidiendo».

Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman expuso una serie de iniciativas para tratar en el Parlasur, como un documento que sostenga que «el lawfare atenta contra la democracia» o también una recomendación, dirigida a los países integrantes del bloque, «para que todas las causas armadas por el lawfare sean sometidas a revisión».

Esas propuestas fueron asumidas por el legislador del Parlasur Gastón Harispe (Frente de Todos), titular de la comisión de Derechos Humanos de ese cuerpo, también presente en el evento, quien a su vez hizo un balance general de lo que describió como episodios de persecución a través de los aparatos judiciales de la región.

«En los últimos años persiguieron a dirigentes de enorme tamaño, como Cristina Fernández de Kirchner, Lula, Dilma Rousseff, el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, el vicepresidente Boudou, y esa sincronía en la persecución a los gobiernos populares habla de una estrategia regional del colonialismo», evaluó Harispe.

En una misma línea se pronunció el dirigente de la FTV-Miles Luis D’Elía, quien apuntó al Departamento de Estado y las respectivas embajadas de Estados Unidos: «Algunos lo llaman lawfare, otros Plan Atlanta, no nos olvidemos que en 2010 las derechas latinoamericanas y el Departamento de Estado se juntaron en la ciudad de Atlanta para planificar todo esto», afirmó.

Entre los disertantes hubo presencias extranjeras, como la ecuatoriana Gabriela Rivadeneira -ex titular de la Asamblea Nacional de Ecuador y hoy exiliada en México- y el exdiputado chileno y abogado en causas de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez, mientras que hacia el final del evento la abogada Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, aseguró que en la consolidación del lawfare en la Argentina «participaron activamente muchos dirigentes políticos oficialistas», en referencia a la coalición gobernante.