El derecho a ser inoculado no puede ser postergado por quienes buscan jerarquizar la vida

Por Alejandro Maidana

Los impactos socioeconómicos que sigue originando la pandemia, no solo son incalculables, sino que se replican de manera sostenida y a un ritmo desenfrenado. Si bien es innegable que la raza humana se vio interpelada en profundidad por una <normalidad> poco habitual, los esquemas de convivencia no se han visto modificados de sobremanera.

La idea de un nuevo mundo, la del avance de la sensibilidad por sobre la mezquindad y la necedad, solo ha sido un bello deseo exteriorizado desde la verba, pero sin anclaje alguno en las vísceras de los comunes, y en las decisiones de quienes ostentan el poder. El status quo permanece inalterable, y si bien ha sido discutido en algunas partes del mundo, en nuestro país parece seguir gozando de muy buena salud.

Uno de los tantos debates que debería germinar de manera consciente, encuentra su punto más interesante en la realidad de aquellas personas que se encuentran transitando el encierro. Resulta imposible no recordar aquellas comparaciones, nada felices por cierto, que solían hacer un grupo importante de argentinos en torno a la pérdida de la libertad, o doblegando la apuesta, a comparar a las restricciones con el encierro carcelario.

Quizás esto pueda servir de ariete para avanzar en la complejización de un debate que sigue siendo esquivo y desechado antes de ser instalado ¿Cómo son los días intramuros? ¿Por qué los derechos constitucionales se desvanecen como agua entre las manos? ¿Existe una jerarquización y clasificación de las vidas que merecen ser vividas y cuáles no?

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Lo concreto es que la vacunación comienza a derribar los muros y barrotes, a llegar a los brazos de aquellos que contemplan como el termómetro social, manipulado a su antojo por los medios de comunicación y repudiables discursos fascistas provenientes de algunos legisladores, empujaron la dilación del cobijo sanitario.

Encierro, soledad y vacunas

Si la pregunta fuera cómo se gestionó la pandemia desde el sistema penitenciario en las prisiones santafesinas, uno debería realizar una pequeña cronología y ver lo que sucedió en marzo del 2020. Allí vamos a encontrar la medida que empujó al cierre total de las penitenciarías como ocurrió en todo el mundo.

Ese cierre significó el no acceso de actores externos, familiares, talleristas, docentes, en definitiva, todo aquel que no perteneciera al sistema penitenciario. Inclusive en los primeros quince días hubo una suerte de organización fragmentada o dividida por actores fundamentalmente vinculados al sector profesional, y los que continuaron ingresando, fueron los agentes penitenciarios abocados al cuidado de los detenidos.

Lo que hubo fue un cierre total para el exterior, lo que significó que esa <porosidad> lograda con el trabajo realizado durante un tiempo, dejara de existir. En aquel entonces la virtualidad aun no era concreta, y aquellos espacios universitarios que tenían sus salas equipadas con computadoras, no contaban con acceso a internet, lo que significó que el contacto con las personas detenidas haya sido muy escaso. Por ello el vínculo pedagógico que venían coordinando desde distintos espacios, se fue complicando.

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Mauricio Manchado es Subdirector de la Dirección Socioeducativa en contextos de encierro de la UNR, e integrante del Colectivo de talleristas La Bemba del Sur, una voz calificada a la hora de analizar los días intramuros. “Ese encierro, esa exclusión, produjo el resquebrajamiento de algunos vínculos, de algunos lazos, de esos vasos comunicantes que nos permitían saber cómo se encontraban, cómo estaban atravesando esta situación en particular. Sin dudas esto generó un efecto disruptivo que traerá sus consecuencias y que podremos charlar y analizar, los efectos pos pandemia se van a reflejar. Esto lo pudimos notar cuando pudimos regresar en un breve lapso en el 2020, que fueron aproximadamente un mes y medio o dos”, le dijo a Conclusión.

En ese lapso, también surgieron algunos acontecimientos disruptivos en la cárcel de Coronda y Las Flores, en donde los internos manifestaron su preocupación ya que no estaban dadas las condiciones higiénicas para vivir esta pandemia en prisión. “Claramente a este reclamo adherimos como colectivo, al igual que la universidad y otros actores externos, lamentablemente la incertidumbre ganó lugar y debimos lamentar la muerte de 7 personas, si contamos el suicidio de una de ellas por claras derivaciones del contexto mencionado”.

Si bien en la primera etapa de la pandemia los contagios no fueron muchos, con la apertura al exterior, los mismos fueron creciendo, algo que se suponía podría ocurrir, lo que no se podía  suponer es que no hayan existido las estrategias necesarias para contener este proceso que con seguridad iba a suceder. “En la primera etapa se habían resignificado los espacios educativos para transformarlos en centros de aislamiento dentro de la unidad. En algunos casos la persona que se hallaba cursando el virus se encontraba en una cama atada con grillos al piso, y sin gozar de una mínima asistencia, lo que generaba que la incertidumbre avanzara”.

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La segunda ola no fue más compasiva, sino que se tomó una estrategia distinta que tiene que ver con el aislamiento de los pabellones completos, y no así los casos particulares, lo cual también generaba interrupciones en las prácticas a las cuales habías accedido los detenidos. “Recuerdo una frase que me dijo un alto funcionario del servicio penitenciario cuando le pregunté sobre las estrategias que habían implementado después de una reunión que habían tenido con el comité de salud del ministerio, la respuesta fue “Rezarle a dios”, ante esa situación compleja se buscó descomprimir las cárceles, sobre todo con aquellos delitos no graves y con quiénes se encontraban muy cerca del derecho a gozar de libertades transitorias, cabe destacar que esto finalmente no aconteció”.

A diferencia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe nunca se tuvo datos concretos sobre excarcelaciones a partir de las condiciones de salud de los detenidos. “La repudiable campaña mediática que tuvo su anclaje en la <liberación masiva> de presos, tuvo su impacto aquí, generando efectos devastadores, ya que si hubo un atisbo de poder comenzar con una estrategia por el estilo, nunca llegó a concretarse. Esto generó la imposibilidad de que los detenidos puedan ver a sus familias de manera física, y de continuar con los distintos talleres, debido a los aislamientos masivos de pabellones producto de los contagios que sufrieron los agentes penitenciarios”.

Durante el 2021 la pandemia se fue gestionando con aperturas intermitentes, con un acceso protocolizado hasta el mes de mayo, lamentablemente las nuevas restricciones hicieron que los actores externos nuevamente se encuentren imposibilitados de poder ingresar a las unidades. “A los datos oficiales que hablan de 156 contagios y 3 fallecimientos desde el comienzo de la pandemia, habría que analizarlos y desarmarlos un poco, ya que muchos detenidos cuentan que pabellones completos han sido aislados producto del virus, una vez que ya habían transitado la enfermedad, o en el caso que una de las personas se haya encontrado grave y que su hisopado haya arrojado un resultado positivo. Es decir, seguramente el número de contagios debería ser mucho más elevado”.

Debemos considerar que lo azaroso de la gestión de la pandemia en los penales, ha generado que esa sensación, ese estado de incertidumbre que gobierna a las prisiones y atraviesa a las personas que se encuentran privadas de su libertad, se intensifique. “A esto habría que sumarle la separación cada vez más tajante con el afuera, la falta de contacto con distintos actores externos, al paradigma de la muerte que rodea la vida intramuros, se le suma la otra variante relacionada al virus circundante, lo que genera un clima más complejo. A la falta de respaldo por parte del afuera en torno a la gestión de la pandemia, los prisioneros le contestan con organización y autogestión”.

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El ingreso al plan de vacunación por parte de las personas privadas de su libertad, podría ser una respuesta a la falta de gestión de la pandemia que se vive aún dentro de los penales. “Destacando que después de ser consultados tiempo atrás, sobre la intención de ser inoculados, el 70% sostuvo que quería ser vacunado, mientras que un 30 se inclinó por la negativa. Por suerte, y cuando parecía que la inoculación se iba a transformar en una espinosa deuda, se tomó finalmente la decisión de comenzar a vacunar iniciando el plan en la Unidad 16. Consideramos que el comienzo de la vacunación a detenidas y detenidos, se dio en el marco de la presentación del Habeas Corpus que realizó la Defensoría de la provincia, y otro poco por la situación emergente de la cárcel de mujeres, qué incluyó una muerte, muchos contagios y el aislamiento de todos los pabellones. Sobre esto último queremos remarcar que era recurrente oír por parte de las detenidas que muchos de esos pabellones tuvieron que autoaislarse debido a que no existían medidas sanitarias para poder contener la situación. La tensión política generada por esta situación, indudablemente traccionó para que se tome la decisión de vacunar a los detenidos y detenidas con comorbilidades, y a los mayores de 50 años sin comorbilidades”, concluyó Manchado.

Lamentablemente se había ingresado a una discusión que no consideraba a las y los internos ni siquiera como ciudadanos, es más, lo que indudablemente debiera interpelar en profundidad ciertas posturas y discursos deshumanizantes, es  que los mismos no consideren que dentro de las unidades penitenciarias haya vida. Son hombres y mujeres que al igual que nosotros deben ser constituidos como sujetos políticos que necesitan ser vacunados no solo por un cuidado personal, también por lo colectivo.