Exportación y fuga de divisas: allanaron oficinas de Rosario y una planta en Piñero
Según denunciaron desde la Dirección General de Aduanas, la exportadora de aceite de soja habría desviado unos 11 millones de dólares. Se una investiga una “triangulación” con Uruguay.
- Policiales
- Nov 14, 2022
Se investiga la posible desviación de al menos 11 millones de dólares de ganancias por parte de una empresa exportadora con asiento fiscal en Rosario. La denuncia fue realizada por la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) en la sede de la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario a cargo del Fiscal Arzubi Calvo.
La Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) inició una investigación tendiente a determinar presuntas infracciones en las operaciones de una firma exportadora de aceite de soja con asiento fiscal en la ciudad de Rosario cuya planta se encuentra en la localidad de Piñero y que fue este lunes allanada.
Según trascendió, la DGA pudo constatar que los valores documentados por la firma eran notoriamente inferiores a los consignados por el resto de las empresas exportadoras de la misma mercadería e incluso para el mismo destino. Además de ello, advirtió que la empresa instrumentaba sus exportaciones, en todos los casos, mediante operaciones de “triangulación” a la República Oriental del Uruguay.
De esta manera, mientras los restantes exportadores de la misma mercadería declaraban precios -Valor FOB Unitario- que oscilaban entre los U$S 310 y U$S 750 dólares por tonelada, la firma denunciada, declaraba de manera invariable un importe de U$S 250 por tonelada. El valor asentado para sus exportaciones se mantuvo aún, cuando el precio internacional de la mercadería había aumentado sus precios en los mercados internacionales.
Asimismo, el organismo de control realizó cruces de información respecto de las operaciones de exportación con destino a Chile (principal destino de las exportaciones de la firma denunciada). Como resultado, se obtuvo una notoria diferencia entre el valor documentado en Argentina y el valor “FOB” unitario al que ingresó al vecino país. Es decir, al contrastar los valores con los que se documentaba la mercadería, y los valores asentados ante la aduana chilena, se observaron diferencias que oscilaban entre el 60 y el 450 por ciento.
La mercadería que se declaraba en Argentina a un valor de doscientos cincuenta U$S 250 por tonelada, era luego declarada en Chile a valores que en algunos casos eran casi cinco veces superiores.
“Esta variación no responde a ninguna lógica comercial ni puede asignarse a una supuesta intermediación o figura análoga. Por el contrario, la lógica empresaria más elemental, da cuenta de que al exportador argentino en modo alguno le convendría vender a un intermediario en un tercer país, pudiendo obtener por su producto tres o cuatro veces más. Y en sentido inverso, ningún importador en Chile habrá de validar un precio varias veces superior al que podría obtener comerciando de manera directa con el exportador argentino”, detallaron fuentes oficiales.
Asimismo, se determinó que la diferencia de precio observada para las operaciones documentadas en un período de un año y medio (2020/2022) supera los 11 millones de dólares, lo que lleva a comprobar que, a través de esta triangulación, se habrían desviado más de esa cantidad de dólares de ganancias por dicha mercadería, divisas que habrían quedado en un país de conocida opacidad fiscal y baja tributación.
En tanto, este lunes, a solicitud del Fiscal Federal Javier Arzubi Calvo, el Juzgado Federal a cargo de Marcelo Bailaque dispuso el allanamiento de un total de ocho inmuebles en la ciudad de Rosario (oficinas comerciales, viviendas particulares) y una planta de la empresa en la localidad cercana de Piñero. En dicha medida interviene personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Rosario” de la Gendarmería Nacional Argentina junto con personal especializado de la Dirección General de Aduanas.
Los procedimientos realizados por Gendarmería fueron en Santa Fe al 1700; en la planta de la empresa, en ruta provincial 18, Piñero, y en oficinas y viviendas particulares situadas en Junín al 100, San Luis al 3200, Urquiza al 2000 y en Callao al 900. Por el momento habría tres personas imputadas.