VIERNES, 22 DE NOV

Fuerzas de seguridad incendiaron viviendas y desalojaron a productores de Wanda

La medida fue ejecutada por la jueza de Paz Yngridt Radke, en la localidad ubicada a 50Km de Puerto Iguazú, en el marco de una causa por desalojo, procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina. 

 

El pasado viernes, las Fuerzas de Seguridad irrumpieron en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Wanda, ubicada en el sector noroeste de la provincia de Misiones, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, que sufrieron el incendio de sus inmuebles, la destrucción de pertenencias e incluso una madre embarazada debió ser trasladada de urgencia al hospital. 

La medida fue ejecutada por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.

Las víctimas son familias integradas por Norma Segovia, Eduardo Garcete, Favio Garcete y Cristian Garcete, una de ellas con hijos menores de edad, y la otra con un adulto mayor, quienes llevan más de 10 años viviendo y produciendo alimentos y tabaco en ese predio rural.

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, las familias dispusieron de dos horas para retirarse del lugar voluntariamente tras la notificación de la orden, pero cumplido ese plazo las máquinas avanzaron sobre las fincas. 

El procedimiento incluso no culminó allí, dado que debido a la resistencia ofrecida terminaron detenidos los mayores de la familia, además de dos menores. Todos ellos quedaron a disposición del magistrado Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú, por los delitos de “desobediencia judicial y resistencia”.

En tanto, el abogado que interviene en el caso desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos Justicia y Géneros, José Luis Fuentes, afirmó que, según pudieron constatar con las fuentes policiales, “el desalojo fue ordenado en una sentencia por el juez Civil y Comercial de Iguazú Juan Vetter y ejecutado esa orden la jueza de Paz de Wanda Radke”.

A esto agregó que “si bien nosotros no tenemos conocimiento sobre esa sentencia, lo que podemos observar es que en el desalojo se observan -a toda luz- diversas irregularidades donde se violan derechos humanos y protocolos internacionales”.

Por último, enfatizó “el incendio de la vivienda es quizás lo más brutal que se observa en esos videos y de ninguna manera vamos a encontrar un protocolo que indique que esa es una práctica legal y recomendable. También se puede observar cómo los animales y las pertenencias de las personas fueron destruidos y abandonados.

Todo esto se da en el marco de una ley provincial que suspende los desalojos y sentencias cuando existen más de ocho años de posesión de la tierra, en este caso, las familias excedían ese lapso de tiempo, según confirmó el letrado.

Repudio al desalojo

A través de un comunicado, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros exigió la “inmediata libertad de las familias desalojadas en Wanda”, afirmando que “El Estado debe garantizar el acceso a la tierra y la vivienda frente a la acaparación de nuestro territorio”.

A esto, agregaron “repudiamos el violento operativo que se realizó el viernes 5 de julio en la localidad de Wanda, y que terminó con el incendio y destrucción viviendas, la pérdida de pertenencias, animales y detención de los miembros de la familia, entre las que se encuentra una mujer embarazada”.

Por su parte, el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”, integrado por organizaciones sociales, pequeños productores e integrantes de los pueblos originarios, expresaron a su descontento al “accionar violento de la Policía y la multinacional Arauco, dejando a las familias sin techo, sin tierra, sin nada”.

También afirman que “se realizó un desalojo violento de las familias que se encontraban en sus casas con sus familias, sus hijos, dándoles de comer a sus animales, cuando llega infantería, una topadora y un camión de la empresa Arauco para desalojar a las familias campesinas

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