VIERNES, 22 DE NOV

Allanaron las oficinas de Torneos, la empresa socia de Clarín involucrada en el escándalo de corrupción

Las declaraciones del exCEO Alejandro Burzaco derivaron en un pedido de allanamiento en la empresa por parte del juez Daniel Rafecas, en el que se secuestraron ocho cajas con documentación y los libros contables. 

La justicia federal secuestró hoy ocho cajas con documentación y los libros contables de la empresa Torneos -antes llamada Torneos y Competencias (TyC)-, en el capítulo argentino del llamado FIFAgate.

El operativo lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas, que investiga si se pagaron coimas o sobreprecios para que Torneos acceda a los derechos de televisación de ocho campeonatos de fútbol (entre 2011 y 2013), y luego venderlos al programa estatal Fútbol para Todos (FPT).

Los allanamientos en los que se secuestraron los documentos fueron realizados por la Policía Federal y habían sido sugeridos por el fiscal federal Gerardo Pollicita dos semanas atrás, según informaron fuentes judiciales.

Los movimientos en el expediente se produjeron inmediatamente después de que el ex gerente general de Torneos Alejandro Burzaco declarara ante la justicia de los Estados Unidos, en el marco del FiFAgate, que esa empresa había pagado coimas, por ejemplo, al extinto titular de la AFA Julio Grondona y a ex funcionarios vinculados con el Fútbol para Todos.

Para el fiscal Pollicita, la maniobra implicaba que el Estado Nacional iba a pagar a Torneos un precio abusivo (33 millones de dólares por los ocho campeonatos) para poder televisar los partidos de fútbol a través del FPT.

Por esa maniobra, el fiscal solicitó que sean llamados a prestar declaración indagatoria los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina; los ex coordinadores de Fútbol para Todos Gabriel Mariotto y Pablo Paladino, y el empresario Burzaco, quien vive en Nueva York.

Con la información secuestrada hoy, el juez Rafecas buscará avanzar hacia una pericia comparativa de los precios abonados por los derechos de televisación por parte del Estado argentino para determinar si se pagaron sobreprecios.

En su dictamen, el fiscal Pollicita había sostenido que las empresas integradas por Hugo y Mariano Jinkis y Burzaco (Full Play International Television SA y Torneos y Competencias SA), vendieron los derechos de televisión, marketing y publicidad al Estado «en forma ilegal obteniendo así ganancias exorbitantes, todo ello en claro detrimento del patrimonio público».

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