Atentado a Cristina: la querella pedirá que a los tres detenidos se les impute el delito de asociación ilícita

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por intento de magnicidio insistirá este martes ante la Cámara Federal porteña con su reclamo para que se amplíe la declaración indagatoria a los tres detenidos y se les impute el delito de asociación ilícita.

Se trata de una audiencia fijada por la sala I del Tribunal de Apelaciones luego de la negativa de la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, a ordenar lo pedido, informaron fuentes judiciales.

«Solicitamos que se indague a Brenda Uliarte, a Fernando Sabag Montiel y a Gabriel Carrizo por la plataforma fáctica recabada hasta el momento que, además de revelarlos como coautores del delito de homicidio, muestran que operaban como una asociación ilícita», indicaron los letrados en el escrito de apelación cuyos fundamentos ampliarán durante el transcurso de este martes.

La magistrada, al no disponer ampliar las declaraciones indagatorias para imputar los nuevos hechos y dar a los acusados la posibilidad de hacer un descargo, «veda la posibilidad de que la elevación a juicio abarque los hechos que tiene que abarcar y sea calificada como tiene que serlo», según agregaron los letrados.

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Los apoderados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, insistirán también en que uno de los acusados procesado como partícipe secundario, Gabriel Carrizo, debe ser considerado coautor del intento de asesinato al igual que Sabag Motiel y Uliarte, en base a nueva prueba incorporada luego del procesamiento.

Los argumentos serán escuchados por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en una audiencia convocada para este martes de manera presencial en los tribunales federales de Retiro.

«Recordá esta fecha», «Esta hdp (sic) ya está muerta», «No sabés que hicimos con esto», «Generar miedo», «Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo», son algunos de los mensajes extraídos del celular de Carrizo e incorporados a la causa luego del procesamiento como partícipe secundario.

Carrizo era jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de azúcar para el que trabajaban Sabag Montiel y Uliarte.

La mañana del 2 de septiembre, horas después del intento fallido de asesinato por parte de Sabag Montiel, Carrizo envió dos mensajes: «Es un golpe que le dimos al Gobierno» y «esto se va a poner peor».

Esos y otros mensajes no le fueron atribuidos a Carrizo en su declaración indagatoria y por ello «hacen imperante una ampliación de la imputación».

Capuchetti no ordenó las medidas pedidas y la querella recurrió en apelación ante la Cámara Federal que el mes pasado confirmó a la magistrada en la causa pero le ordenó profundizar en la llamada «pista Milman», vinculada al diputado del PRO Gerardo Milman.

Para ese entonces, la magistrada había ya delegado la investigación en la fiscalía federal de Carlos Rívolo.

La semana pasada la querella presentó otro escrito para pedir a la jueza el secuestro del teléfono celular de Milman y al fiscal nuevas medidas en torno a esta línea, entre ellas entrecruzamiento de llamadas entre todos los investigados.

Pero ante la Cámara, los abogados insistirán en lo relativo al rol de los tres detenidos por el intento de homicidio agravado, quienes a su criterio deberían llegar a juicio oral también procesados por asociación ilícita.