Cárceles federales en «paupérrima situación» y «no aptas para la condición humana»
La Cámara del Crimen se expidió con un lapidario fallo sobre la desastrosa situación de las prisiones. Superpoblación, hacinamiento y malas condiciones edilicias fueron señalados por el tribunal que ordenó al Gobierno que tome medidas concretas.
Luego de intervenir en un reclamo realizado por presos de la Alcaidía del Palacio de Tribunales de Buenos Aires (Unidad 28), que denunciaron superpoblación, condiciones inhumanas de detención y alojamiento en el lugar durante días por la falta de cupos en cárceles, la Cámara del Crimen se expidió en un lapidario fallo sobre algunas prisiones federales. Los jueces de la Sala VI de la Cámara, Marcelo Lucini y Magdalena Laiño, señalaron en su fallo del viernes pasado que las cárceles se encuentran en estado de emergencia y atraviesan una «paupérrima situación» producto del «aumento sostenido de los internos alojados con la consecuente sobrepoblación y hacinamiento».
El pronunciamiento del Tribunal señaló que la Unidad 28 se trata de una cárcel de tránsito en la que los detenidos sólo deberían estar alojados algunas horas para cumplir con los trámites judiciales y luego volver a su prisión. Pero a mediados de febrero había de 169 detenidos que llegaron a estar en el lugar durante una semana. La Alcaldía no tiene infraestructura suficiente, sólo hay celdas para ocho o nueve personas en las que estaban alojados entre 28 y 36 internos, con solo dos baños y con alimentación y atención médica insuficiente. «Su estado era sencillamente inconcebible», señalaron los camaristas.
Los jueces explicaron en primer lugar que en la Unidad 28 los presos no pueden estar más de 24 horas por una acordada de la Corte Suprema de 2012 y que «el cupo en los distintos complejos es insuficiente o, por momentos, nulo para recibir nuevos ingresos» en las cárceles del SPF. Según datos oficiales del organismo, hoy hay una sobrepoblación del 12,2 por ciento: tiene capacidad para 12.235 personas y hay alojadas 13.782, más de 1500 de las permitidas.
La situación provocó que en algunas cárceles se habiliten gimnasios dedicados al esparcimiento de los detenidos como pabellones para alojar presos. Eso ocurrió en Devoto, la de Ezeiza y Marcos Paz, las tres más grandes del Servicio Penitenciario Federal y que alojan al 62,8 por ciento de los más de 13 mil presos que hay en el sistema federal.
Por la crisis en la Unidad 28 fueron trasladadas 89 personas a la cárcel de Devoto y para alojarlas se dispuso que un gimnasio se convierta en el pabellón 53. Y eso generó que los presos de la cárcel inicien una causa por la pérdida de su espacio recreativo, el uso de los baños y para recibir a las visitas. Y para paliar la falta de espacios, en el Servicio Penitenciario Federal también dispusieron que en celdas creadas para una persona estén dos. «Un círculo vicioso del que es realmente difícil salir airosos», graficaron los camaristas.
«La crisis que enfrenta el Servicio Penitenciario Federal, las constancias incorporadas al legajo y, particularmente, lo tratado en las audiencias celebradas, dejan al descubierto la paupérrima situación penitenciaria y el estado de emergencia en el que se encuentra el sistema producto del aumento sostenido de los internos alojados con la consecuente sobrepoblación y hacinamiento», resumieron los jueces.
La Procuración Penitenciaria de la Nación -el organismo nacional que vela por los derechos de los presos en las cárceles- analizó el crecimiento de la población en las unidades federales: en 2009 había 9247 presos; en 2014 superó los 10 mil y llegó a 10.424; bajó en 2015 a 10.274 y a partir de allí se incrementó año a año hasta llegar a los actuales 13.782. «Con respecto al año 2015, la población carcelaria sufrió un incremento del 30,2%», reseñaron los jueces de la Cámara.
La situación genera preocupación en organismos oficiales y de derechos humanos que trabajan en las cárceles. La semana pasada se realizó en el Senado una reunión de los integrantes del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, la Procuraduría de Violencia Institucional, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Pensamiento Penal. Todos coincidieron en la preocupación por el aumento de la población que genera malas condiciones médicas, alimenticias y de acceso al estudio y al trabajo y la latente posibilidad de que haya hechos de violencia.
La Cámara del Crimen expuso otras deficiencias del SPF. Señaló que a febrero, de los 48 camiones para trasladar presos solo funcionaban ocho para todo el país. Y la falta de tecnología. Lo graficó en un ejemplo: cuando hizo la audiencia para tratar el reclamo de los presos, no funcionaba el sistema de videoconferencias para que los internos pudieran exponer su situación.
«Debemos reaccionar con firmeza a tanta desidia. No es posible concurrir a las cárceles y seguir presenciando su estado. Salvo excepciones, lo más sincero sería hoy afirmar tras relevar tanta falencia que las cárceles no son aptas para la condición humana», concluyeron.