Un nuevo procesamiento contra Lázaro y Martín Báez

El juez federal Sebastián Casanello dictó hoy un nuevo procesamiento por lavado de activos contra Lázaro y Martín Báez, junto a otros imputados en la causa conocida como la ruta del dinero K, y les amplió el embargo sobre sus bienes a 800 millones de pesos.

Casanello ya había procesado a padre e hijo por maniobras en la financiera SGI, también conocida por La Rosadita, donde Martín Báez y otras personas fueron filmadas contando dinero y ahora lo hizo por un nuevo hecho, al comprobarse el ingreso de 33 millones de dólares en títulos de deuda procedentes de la firma suiza Helvetic Group a cuentas de Austral Construcciones.

Poco antes de viajar a Suiza para avanzar en la causa y también a Roma, donde se encontrará con el Papa Francisco, Casanello también procesó por este hecho al abogado Jorge Chueco (quien fue detenido en Paraguay luego de un intento de fuga); al apoderado del Grupo, Claudio Bustos y al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza.

Además, pidió a Suiza la extradición de Néstor Marcelo Ramos,quien figuraba como representante de la sociedad Helvetic Services Group: la semana pasada, en el marco de un encuentro que mantuvo en Buenos Aires con la canciller Susana Malcorra, el ministro de Relaciones Exteriores de Suiza, Didier Burkhalter, señaló que su Gobierno se encontraba a la espera del «pedido formal» de la Argentina sobre la captura del financista.

«Se encuentra probado, con el grado de certeza que requiere esta instancia procesal, que durante el período aquí investigado SGI S.A. era de propiedad de Lázaro Báez, quien utilizó a la firma Helvetic como un velo detrás del cual se hallaba Jorge Oscar Chueco, hombre de su confianza como lo era también Daniel Rodolfo Pérez Gadín -quien ejercía, en los hechos, el mando de la financiera argentina-«, indicó el magistrado en las conclusiones de su fallo.

Explicó de este modo «cómo se conformó el circuito del dinero espurio que empezó en manos de Lázaro Báez, se canalizó hacia Helvetic –de propiedad de Ramos- para luego, gracias a la  participación dentro de dicha sociedad de Chueco, ingresar ese dinero al país y, finalmente, con la colaboración de Bustos y de   Eduardo César Larrea, culminar formalmente en el patrimonio de Austral Construcciones, empresa de propiedad de Lázaro y Martín Báez, todo ello bajo el necesario conocimiento de Mendoza, presidente de la empresa constructora beneficiaria final de la maniobra».

En su pronunciamiento, Casanello insistió en que entre el 14 de diciembre de 2012 y principios de abril de 2013, a través de maniobras de «auto-venta o auto-compra de títulos de deuda pública por parte de Helvetic Services Group», se reingresó al país una suma aproximada de 33 millones de dólares que fueron insertados en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones SA en el Banco de la Nación Argentina.

Según remarcó, esta operación se hizo «a través de nueve cheques por un total de 208.840.876 pesos, endosados por Jorge Chueco -como apoderado de Helvetic- y depositados por Eduardo Larrea y Claudio Bustos en nombre de Austral», propiedad de Báez, a quien ubicó «a la cabeza del esquema funcional» de presunto lavado.

«Las operatorias consistían en transferencias de dinero procedente de fuentes ilícitas desde SGI Argentina SA a Helvetic Services Group SA; a su vez esta firma, que registraba una cuenta comitente en la Sociedad de bolsa  Financial Net Sociedad de Bolsa , adquiriría bonos de deuda soberana, luego esos títulos se transferían en dólares a través de un sistema de compensación y liquidación en Suiza y finalmente reingresarían al país para ingresar al patrimonio de Austral Construcciones SA», señaló el magistrado.

De esta forma «se habrían integrado al patrimonio de Austral Construcciones, bajo apariencia de licitud, fondos que en realidad provendrían de una ganancia ilícita obtenida por aquella firma mediante la utilización de facturas apócrifas y la generación -a través de ese ardid- de un fraude fiscal», sostuvo el juez en el extenso escrito.

En sus declaraciones ante el juez Casanello, no obstante, el empresario detenido y su hijo habían explicado que los más de 208 millones de pesos que recibieron de esa firma eran para participar en la construcción de las represas de Santa Cruz Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, (para lo cual conformó una UTE con empresarios chinos y la firma de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), aunque finalmente fueron asignadas al grupo empresario Electroingeniería y a la estatal china Gezhouba.

«La empresa suiza HSG abonó el dinero en virtud del proyecto aludido: la construcción de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic. Frustrada la licitación se resolvió retrotraer la operación generándose una deuda a favor de HSG. Es todo lo que ocurrió», señaló Lázaro Báez, lo que fue ahora en principio desestimado por el juez.