VIERNES, 22 DE NOV

Desestimaron la causa contra Pullaro por escuchas

La Justicia investigaba conversaciones entre el ministro y el ex jefe de la Unidad Regional V sobre un llamado a concurso. El fiscal determinó que no hay cohecho.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) desestimó la causa en la que se investigaba a Maximiliano Pullaro por escuchas teléfonicas entre el minsitro y el exjefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez.

La Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación investigaba dos comunicaciones establecidas entre el ministro y Rodríguez, una del 22 de junio 2017 y otra del 18 de agosto de ese mismo año.

El exfuncionario policial había mantenido diálogos con el titular de la cartera de Seguridad sobre la fecha de inscripción para rendir el cargo de Director General de la Policía de Santa Fe. A su vez, referían sobre que el presidente del jurado era el mismo Pullaro.

Los diálogos fueron interceptados por los fiscales Apullán y su adjunta, María Laura Martí, que investigaban a Rodríguez por el desvío de fondos de las Orden de Servicio Extra de Policía (Ospe) cuando éste estuvo a cargo de la Unidad Regional I.

El fiscal Ezequiel Hernández consideró que no se cometió el delito de cohecho, tras tomar una serie de medidas tendientes a esclarecer si existieron sobornos en un concurso de ascensos dentro de la fuerza de seguridad.

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«La evidencia reunida arroja que los exámenes no fueron confeccionados con preguntas preestablecidas, sino que fueron entrevistas de carácter coloquial precedidas de la exposición del concursante, razón por la cual al momento de puntuar globalmente al concursante, el jurado conocía tanto el nombre con el seudónimo utilizado por el concursante», destacó Hernández.

El hecho se conoció cuando, por orden del fiscal Roberto Apullán, se ordenó la detención de Rodríguez, el 9 de octubre del 2017, en momentos en que el jefe se encontraba a cargo de la Unidad Regional V de Rafaela.

En medio de esa investigación -de la cual sí está imputado Rodríguez- los funcionarios solicitaron al juez penal Nicolás Falkenberg la intervención de un número telefónico que pertenecía al Estado provincial y que estaba a cargo del propio Pullaro ya que entendieron que existía cohecho activo y pasivo.

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