Ex combatientes piden a la ONU que se expida sobre las demoras en la causa por torturas en Malvinas

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) le requirió al relator especial sobre torturas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el suizo Nils Melzer, que se expida sobre las demoras en la causa judicial en la que se investiga a ex militares argentinos por presuntas torturas cometidas contra soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982.

El Cecim es querellante en el expediente que tramita en el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, y que se encuentra paralizado desde hace un año a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie sobre si los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad y, en ese caso, imprescriptibles.

El organismo de ex combatientes considera que la dilación de 15 años en el trámite judicial (la causa se inició en 2007) «revictimiza a los soldados torturados», advirtieron, y constituye una decisión procesal que se puede entender como la implementación de una «Justicia biológica», por el fallecimiento paulatino tanto de denunciantes como de acusados.

«Hemos decidido sumar una vía más de reclamo, y esta vez nos dirigimos ante la ONU», anunció el secretario de Derechos Humanos del Cecim, Ernesto Alonso, tras la presentación del documento dirigido al relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En la causa se investigan «graves violaciones a los derechos humanos sufridas por los soldados conscriptos a manos de sus superiores durante la guerra de Malvinas», informó el organismo a través de un comunicado. «Se trata del expediente 1777/07 radicado en Tierra del Fuego donde el Cecim representa a los soldados conscriptos que fueron torturados por las Fuerzas Armadas argentinas y aguardan una respuesta del Poder Judicial», detalló la entidad al difundir la presentación ante la ONU.

Por su parte, el titular del Cecim, Rodolfo Carrizo, aseguró que el Centro de Ex Combatientes está decidido a «levantar las banderas de la Memoria, la Verdad, la Justicia y la soberanía en todos y cada uno de los fueros donde haga falta».

En tanto, los abogados de la institución de veteranos de guerra, Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentino Alonso, insistieron en que la demora en la causa produce un «fenómeno de revulneración de derechos de quienes resultaron víctimas de tortura, circunstancia que nos llevó a requerir la intervención de distintos organismos internacionales, para que se puntualice esta situación y se comunique al Estado argentino la incursión en prácticas, merced al obrar del Poder Judicial, que podrían hacerlo responsable por violación a los derechos humanos», profundizaron.

Según Guerrero Iraola, la Justicia argentina omite la investigación de las torturas a soldados «desde hace cuatro décadas», mientras que el otro abogado del Cecim aseguró que, a raíz de esta postergación e inactividad judicial, el Estado argentino «debe ser interpelado por la comunidad internacional», fundamentó

La jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, ya se pronunció en diferentes ocasiones en el sentido de que los estaqueamientos y enterramientos denunciados por los ex combatientes representan ilícitos imprescriptibles, y por lo tanto de lesa humanidad. De hecho, Borruto procesó en febrero de 2020 a cuatro de los ex militares imputados, en un fallo que luego confirmó parcialmente la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Sin embargo, el 4 de mayo de 2021, un pronunciamiento dictado en mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal abonó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos. El fallo de Casación fue recurrido por la fiscalía y los querellantes ante la Corte Suprema, instancia en que se encuentra actualmente.

La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos de supuestos tormentos a soldados.

En la causa siempre convivieron opiniones encontradas sobre si los hechos formaron parte de un plan sistemático contra los conscriptos, lo que los clasificaría como delitos de lesa humanidad (y, por lo tanto, imprescriptibles) o si en cambio se trató de sucesos aislados protagonizados por un grupo de militares.