La defensa de Traferri pide el apartamiento de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra

El representante legal del senador por el departamente de San Lorenzo, Armando Traferri solicitó formalmente el apartamiento de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes investigan las presuntas conexiones de su pupilo con una organización que se dedica a la explotación del juego clandestino. en diálogo con la radio La Ocho, el abogado José Luis Vázquez aseguró que los funcionarios judiciales perdieron la imparcialidad y que están «desviados de su acción».

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos se presentaron el pasado jueves ante la Cámara de Senadores para solicitar el desafuero del legislador para indagarlo e imputarlo, ya que consideran tener evidencias «fehacientes» y contundentes que lo implicarían con la asociación ilícita que explotaba el juego ilegal y el tráfico de influencias e información judicial y que ya puso tras las rejas al ex fiscal regional, Patricio Serjal, al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y algunos funcionarios policiales, entre otros.

Sin embargo, en un trámite que tomó unos pocos minutos, los pares del legislador sanlorencino deshecharon la solicitud de los delegados del MPA que ahora deberán enfrentar los coletazos de ese pedido de cese de inmunidad.

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Según adelantó Jose Luis Vázquez, este domingo por la noche presentó el pedido de apartamiento de ambos fiscales «con copia al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a la auditora de gestión y al fiscal general». «Dejamos claro que los fiscales están desviados de su acción, porque cuando nosotros ofrecemos ver la evidencia y volver a dar las explicaciones, a las dos horas salieron por todos los medios a pedir el cese de la inmunidad”. Y exclamó: «¡Qué confianza puede tener cualquier imputado de que su libertad y su honor la manipulen estos dos personajes!».

El letrado afirmó que los funcionarios judiciales «no son confiables» y que les «mintieron en la cara». El pedido se realizó «mediante correo electrónico» que fue remitido a la fiscal general interina, María Eguenia Iribarren.

«Siguen la misma línea que venimos denunciando acerca de Saín, desmerecer al Senado, desmerecer a los senadores y desmerecer sobre todo a Traferri», afirmó Vázquez y, fiel a su estilo, citó las entrevistas otorgadas por ambos fiscales a distintos medios en las cuales critican la rápida decisión de la Cámara Alta al rechazar el pedido de desafuero.

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El letrado también afirmó que si se hiciera efectivo el pedido de apartamiento y otros funcionarios se hicieran cargo de la causa, el senador Traferri accedería a ser investigado y hasta accedería a entregar su teléfono para que sea peritado. «Con fiscales que nos den garantías, lo haríamos sin dudas. Si se tratara del fiscal Moreno (Miguel) o el fiscal Vescovo (Aníbal) no tendríamos ningú problema, porque son gente de bien. Pero estos no son gente de bien, porque están siguiendo instrucciones de un poder extraño al Poder Judicial que es el Poder Ejecutivo. Están contaminados por la política y por el Ejecutivo que viene con una campaña de desprestigio del Senado Provincial y en especial del senador Traferri.

El artículo 27

Entre tanto, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra adelantaron que harán una presentación sobre la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Pero, ¿de qué se trata dicho artículo?

De acuerdo al Código, «cuando hubiera mérito para formular acusación respecto de un legislador o miembro de una convención constituyente, el Fiscal se abstendrá de hacerlo y así lo declarará por requerimiento fundado, solicitando a la Cámara o cuerpo respectivo el desafuero correspondiente».

La norma explicita que en la investigación preparatoria no se podrán aplicar disposiciones que impliquen «una sujeción al proceso, o el ejercicio del poder coercitivo respecto del afectado». En ese sentido, da cuenta de que la persona en cuestión podrá brindar explicaciones y presentar pruebas y también podrá se citado a prestar declaración pero, si decide no concurrir, no puede ser forzado.

«Removido que fuera el obstáculo constitucional, se formalizará la audiencia imputativa, cesando las restricciones al procedimiento común», cita el artículo.

Bajo esta normativa, en la provincia de Santa Fe, los legisladores no sólo no  pueden ir a prisión sino que gozan de lo que se llama «inmunidad de proceso», lo cual implica que no pueden ser acusados ni imputados mientras gocen de sus fueros.