SáBADO, 23 DE NOV

Procesan a un hombre que amenazó de muerte al presidente Macri

La jueza Sandra Arroyo Salgado dictaminó la prisión preventiva a un hombre por realizar un llamado intimidatorio a la Quinta de Olivos, que atribuyó al grupo terrorista "Isis".

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó hoy con prisión preventiva a un hombre que amenazó de muerte al presidente Mauricio Macri, a partir de llamados al servicio de emergencias 911. Fuentes judiciales informaron que la jueza procesó a Raúl Bernón y le trabó un embargo de 70.000 pesos sobre sus bienes.

La causa se inició cuando el viernes pasado se registraron tres llamados al 911 de un anónimo, quien dijo que haría detonar explosivos en el ingreso a la quinta de Olivos y que iba a realizarlo en nombre de la organización terrorista «Isis».

Del estudio de la línea telefónica se determinó que el titular de la misma era Bernón, un «changarín» del Mercado Central. «Se le atribuye además el haber infundido un temor público dando voces de alarma y amenazando con la detonación de explosivos en lugares públicos tales como el acceso a la Quinta de Olivos», recordó Arroyo Salgado.

En el procesamiento, la jueza estableció que los llamados hechos por el anónimo fueron en el lugar de residencia de Bernón o bien en sus inmediaciones, tal cual la ubicación que arrojó la antena telefónica.

Para Arroyo Salgado, el acusado tuvo intención de «causar tumulto, la alarma o el desorden» ya que él «conocía el impacto de sus llamados». «Es que los sucesos aquí investigados tuvieron ocurrencia en un contexto internacional en el que acaecieron diversos atentados atribuidos al grupo terrorista Isis», señaló la jueza.«La finalidad de infundar temor fue idónea y dirigida a un número indeterminado de personas, erigiéndose Bernón como el autor y promotor de tales llamados», concluyó.

En tanto, dispuso que continúe detenido en función de la gravedad de la acusación y por tener antecedentes por tenencia de drogas. Bernón fue procesado por intimidación pública que prevé una pena de dos a seis años de prisión.

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