Se conoce la sentencia del juicio por la represión de 2001

El veredicto en el juicio que se sigue al ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y a los demás acusados por las cinco muertes que causó la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 se conocerá hoy a las 16.

El Tribunal Oral Federal número 6 leerá su fallo luego de haber terminado de escuchar esta mañana las últimas palabras de 4 de los 17 acusados en el marco de este proceso, en el que se investigan los homicidios de cinco manifestantes, la tentativa de homicidio a otros dos y 117 casos de lesiones durante las protestas de diciembre de 2001, previa a la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa.

Ante los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín, el policía Mario Seia fue el único que hoy aceptó decir sus últimas palabras, de las cuatro previstas para la última jornada del debate.

«Yo no maté a Márquez, yo no herí al señor Galli, no tuve ningún acuerdo previo, tácito o posterior ni vi hecho alguno que debería denunciar», repitió ante cada juez el acusado, quien habló durante casi 20 minutos, en los que negó los cargos en su contra.

«Siempre dije mi verdad relativa», afirmó, al tiempo que definió como su «flagelo» y su «condena y martirio» al hecho de haber aparecido nombrado en miles de artículos periodísticos.

En este marco, advirtió que se lo condena «por portación de uniforme» de la misma manera que a la policía se la cuestiona por establecer la identidad de las personas «por portación de cara».
«Ambos hechos en las antípodas de nuestra Constitución nacional», sostuvo Seia.

A lo largo de 27 meses de debate, se juzgó a Mathov, Santos y a un grupo 13 de policías de diferentes jerarquías.

Entre los 17 acusados están también el ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal, Raúl Andreozzi y el ex director general de Operaciones de la fuerza, Norberto Gaudiero.

En la causa se investigaron los homicidios de los manifestantes Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Diego Lamagna, y la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti, además de lesiones a 117 víctimas.

Cuando el veredicto se escuche esta tarde a las 16, según anunció el propio Tribunal, llegará a su fin este juicio, en el que el principal responsable juzgado es el entonces secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, quien, al igual que todos los demás imputados, transitó el proceso en libertad.

El accionar de sus superiores, en cambio, no fue parte de este proceso dado que el ex presidente Fernando de la Rúa fue sobreseído y el entonces ministro del Interior, de quien dependía la Secretaría a cargo de Mathov, el radical Ramón Mestre, falleció en el 2003.

En cambio, el debate que concluirá esta tarde sí puso la mira en la responsabilidad en los hechos de Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero.

Además, investigó el rol desempeñado por trece ex policías: Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, Jorge Toma, Carlos Loforte, Víctor Belloni, Omar Bellante, Ariel Firpo Castro, Norberto Sabbino, Sebastián Saporitti, Horacio Berardi y Mario Andrés Seia.

En el marco de este debate, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas que van entre los 2 y 16 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para los 17 imputados.

En el caso de Mathov y del ex jefe de la Policía Federal, la Fiscalía pidió condenas de 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años.

Para el entonces superintendente de Seguridad Metropolitana solicitó 3 años y ocho meses de prisión, y para el ex director de Operaciones, Gaudiero, 3 años y seis meses de prisión.

A ellos, los representantes del Ministerio Público Fiscal los hallaron “autores penalmente responsables de homicidio culposo en cinco ocasiones; de lesiones culposas en perjuicio de 48 personas, y de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

De esta forma, la Fiscalía dio por probada la responsabilidad de esos altos funcionarios en las trágicas jornadas de 2001, en las que, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, fue desplegado un violento e inusitado operativo de seguridad contra quienes manifestaban contra el gobierno de Fernando de la Rúa.