La CIDH admitió la denuncia de un policía contra el Estado por vulneración de derechos

Por Alejandra Ojeda Garnero

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) admitió la denuncia presentada por el ex comisario Diego Álvarez contra el Estado argentino por vulneración de derechos. Además solicitó a la Cancillería argentina una respuesta sobre el caso en el término de cuatro meses.

Álvarez lleva detenido más de tres años sin juicio ni condena acusado de desaparición forzada seguida de muerte y torturas en perjuicio de Franco Casco, quien estuvo detenido en la comisaría 7°, de la cual Álvarez era jefe, el 7 de octubre de 2014.

El ex comisario Diego Álvarez denunció al Estado argentino ante la Cidh por violación de los derechos y garantías del debido proceso legal contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; derecho a la integridad personal (artículo 5.4); derecho de libertad personal (art. 7 incisos 1, 3 y 5); derecho a ser oído (artículo 8.1); derecho a la presunción de inocencia (artículo 8.2); derecho a protección de la honra y a la dignidad (artículo 11.2) igualdad ante la ley (artículo 24) y protección judicial (artículo 25).

En un hecho inédito, en 14 meses la Cidh dio trámite al pedido y solicitó al Estado argentino a través de la Cancillería una respuesta sobre el caso en el término de no más de cuatro meses.

La presentación de Álvarez consta de 38 páginas en la que describe entre otras violaciones a sus derechos, la violación al derecho de presunción de inocencia y la excesiva prisión preventiva que lleva más de tres años.

En este sentido alegó que desde un primer momento se los presentó, tanto a él como al resto de los policías procesados como «asesinos, torturadores y desaparecedores», y consideró que «si una de las formas de violar el principio de inocencia que se ha reconocido internacionalmente es presentar a un individuo públicamente como culpable, con el objeto de evitar que ello pueda suceder, es porque con ello se procura impedir no sólo los castigos anticipados sino, fundamentalmente, que un individuo deje de ser visto por sus jueces como inocente y sea no sólo tratado sino, más grave aún, asumido como culpable por quienes deben dictar sentencia en el caso…»

Ante esta situación la Comisión instó al estado argentino a «presentar una respuesta a la petición en el plazo de 3 meses», luego de ello se realizará un informe que puede devenir en el paso del caso a la Cidh quien tiene competencia para juzgar al estado argentino por la violación de todos los derechos alegados en la denuncia, y en su caso condenarlo por el incumplimiento de estos, los cuales a prima facie están acreditados.

El juicio a los 19 policías involucrados ya tiene fecha de inicio establecida el 6 de diciembre próximo, momento en el cual se cumplirán 4 años de prisión preventiva para los acusados, pero difícilmente se concrete ya que las defensas solicitaron una instrucción suplementaria que llevará al menos dos años realizarla.

Por otra parte, el 4 de septiembre se cumplen exactamente cuatro años de prisión preventiva efectiva para Diego Álvarez, Walter Benítez, César Acosta y Esteban Silva detenido en el penal federal de Marcos Paz.

Empieza la cuenta regresiva y parece que no será posible llegar a la meta, la instrucción suplementaria solicitada por las defensas de los acusados en tiempos normales llevaría al menos dos años de realización, por lo tanto se torna imposible que se resuelvan antes del 6 de diciembre, fecha establecida para el inicio de las audiencias del juicio.