Los allanamientos en el Ministerio de Seguridad se habrían hecho sin testigos por orden de la fiscal Jiménez
Así lo revela el acta del procedimiento que redactó uno de los suboficiales que intervino en el operativo. El documento dice textualmente: "...el fin de proceder al secuestro de celulares, computadoras y todo otro elemento de almacenamiento de datos, ya sea en soporte electrónico y/o papel. Asimismo, por orden la fiscal María Jíménez, el procedimiento deberá llevarse a cabo sin la presencia de testigos".
Una nueva escandalosa revelación en torno a la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal en la provincia de Santa Fe y por la que se acusa al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y a parte del equipo que lo acompañó, se hizo pública este miércoles. Se trata del acta del procedimiento que dirigieron los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, en la cual, se deja constancia expresa de que el diligenciamiento debe hacerse «sin testigos», condición a todas luces ilegal.
En el acta del procedimiento, redactada por uno de los suboficiales que ejecutó el allanamiento y que fue expuesta por el periodista rosarino Rodrigo Miró, dice textualmente: «Asimismo, que por orden de la fiscal Dra. Mariela Jiménez, el procedimiento deberá llevarse a cabo sin la presencia de testigos».
Otra de las irregularidades que figuran en el mismo documento refieren a la filmación del operativo, ya que se deja constancia que la cámara utilizada sólo tiene memoria suficiente para 29.59 segundos.
«El funcionario policial que suscribe, suboficial de policía Bustamante, Juan Gabriel, cumpliendo funciones en el Ministerio Público de la Acusación, a los fines legales hace constar que munidos de orden verbal de los fiscales Ezequiel Hernández y María Jiménez que ordenan registrar diferentes oficinas de la Casa de Gobierno, nos constituimos en Santa Fe 1950 de la ciudad de Rosario» (…) «con el fin de proceder al secuestro de celulares, computadoras y todo otro elemento de almacenamiento de datos, ya sea en soporte electrónico y/o papel. Asimismo, por orden la fiscal María Jíménez, el procedimiento deberá llevarse a cabo sin la presencia de testigos».
Este texto no hace más que sumar suspicacias a una causa que ya, de por sí, está plagada de irregularidades. Y lleva a preguntarse si las denuncias del ex director del Organismo de Investigaciones y de la ex titular de la Agencia de Control policial, quienes afirman que se trata de un lawfare armado con el fin de castigarlos y encubrir las investigaciones que llevaron a cabo mientras cumplían sus funciones, no tienen una base absolutamente real.