Más del 60% de los homicidios registrados en Rosario fueron motivados por economías ilegales

La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, brindó en la tarde de este lunes un informe de gestión correspondiente al período 2019-2021. En la presentación, que se realizó en sede de la Universidad Católica de Derecho (ubicada en Pellegrini al 3314), se habló del trabajo de investigación llevados adelante por el Ministerio Público de la Acusación (MPA); y también se informaron los números de homicidios, juicios y condenas acumuladas en este tiempo.

Previo a brindar el informe de gestión, Iribarren dialogó con los medios -entre ellos Conclusión– y observó: “Esta es una instancia muy importante en la transparencia del Ministerio Público. Lo que vamos a exponer es todo el trabajo que se hizo, que muchas veces no es suficientemente observado, sobre todo en organización administrativa, en optimizar recursos de trabajo, en buscar mayor eficiencia, mayor transparencia y mejores condiciones trabajo para los fiscales”.

Sobre los puntos resonantes del informe, la fiscal regional adelantó: “Para el interés público, lo destacado va a ser el abordaje que se hizo respecto de las políticas de persecución penal que se fueron diseñando y profundizando; cómo se fueron modificando estructuras para poder, con los recursos que teníamos, obtener mejores resultados; y cómo se fue modificando la forma de intervenir en cada uno de los delitos que se observaban en la realidad violenta que tenemos hoy en Rosario para abordarlos de manera más eficiente, trabajando en profundizar los niveles de esclarecimiento y que eso permita disminuir la violencia”.

Consultada sobre si el informe contempla el pedido de ampliar el número de fiscales en la ciudad, Iribarren respondió: “No es algo que dependa de nosotros, esas son decisiones que exceden al MPA. Permanentemente bregamos por la mayor cantidad de recursos, que hoy son claramente insuficientes para las demandas que tiene el MPA y fundamentalmente la Fiscalía Regional de Rosario. No tenemos suficientes fiscales y mucho menos empleados administrativos que puedan colaborar en el diseño de las organizaciones, de las estructuras internas y de las políticas de persecución”.

Y agregó: “Los recursos siempre se reclaman. El fiscal general (de Santa Fe, Jorge Baclini) también los reclamó en el informe que presentó en la Legislatura, que es el órgano estatal que tiene parte de la llave para poder habilitar el otorgamiento de los recursos que se necesitan”.

Por otro lado, la funcionaria del MPA hizo hincapié en la importancia de “distinguir delitos”, y aclaró: “Hay una enorme cantidad de causas que ingresan en el sistema que son conflictos interpersonales y tienen una respuesta; hay otros tipos de delitos que son los predatorios o contra la propiedad, que son en general tienen autores no identificados y dependen más de una política o de un ejercicio de prevención; y después están los delitos vinculados a la criminalidad compleja, que son los que atraviesa hoy en día nuestra ciudad, como la mayoría de los homicidios o de casos con arma de fuego, y esos ameritan un nivel de esclarecimiento en distintos niveles, no podemos ir solamente a los autores materiales del hecho sino que hay que avanzar en las investigaciones”.

Por último, Iribarren fue interrogada por la propuesta para que la Justicia provincial también pueda investigar y juzgar delitos vinculados al narcomenudeo, y respondió: “Eso implica un análisis muy profundo y no se puede dar una respuesta simple o superficial. Tiene que ir acompañado de una planificación completa como cuáles son los recursos que lo van a acompañar, cuáles son las estrategias y las herramientas que se van a dar para poder perseguir ese tipo de criminalidad y cuál es el objetivo, si se busca eliminar los putos de venta o priorizar la persecución de organizaciones criminales más complejas. Es un debate que no depende de una posición a favor o en contra de la provincialización, sino que hay que profundizar el cómo”.

Los puntos más importantes del informe:

La presentación de Iribarren comenzó con un breve comentario sobre las condiciones en las que asumió a la fiscalía regional de la Segunda Circunscripción: el 13 de agosto de 2020, la funcionaria ocupó el lugar dejado por Patricio Serjal, imputado por formar parte de una asociación ilícita vinculada al Juego Clandestino.

Esta situación llevó a que el principal objetivo de Iribarren durante su gestión sea transparentar el trabajo de los fiscales ante la sociedad, pero también frente a todos los integrantes del MPA. Además, se buscó tener mayor eficiencia en las investigaciones, mejorar las condiciones de trabajo y trazar una política de persecución “clara y previsible”.

Al adentrarse en datos números, se informó que desde 2014 hasta el 31 de diciembre del 2021 se han realizado más de 9.700 audiencias por procedimientos abreviados en la Fiscalía Regional de Rosario, registrándose un pico en los últimos tres años.

Durante el año 2021 hubo 174 juicios orales en la Fiscalía Regional Segunda, de los cuales el 60% corresponden al Departamento Rosario: un 14% más que los procesos registrados en el año 2019. Por medio de estos juicios, en el año 2021 se condenaron a 236 personas, representando esto al 94,4% de los individuos que fueron llevados a juicio oral.

En el último año, el equipo de litigación intervino en el 66% de los casos, asistiendo a los fiscales en algo más de 480 jornadas de juicio oral. En el total de los juicios, además de organizar la evidencia de acuerdo a las acusaciones, acompañar el proceso de las audiencias preliminares, digitalización de la evidencia, y asistencia durante las audiencias de juicio, etc., se han entrevistado más de 2.400 testigos.

El informe también detalló cómo se distribuyen las 287 personas que emplea la Fiscalía Regional Segunda: 29 son fiscales, 58 son fiscales adjuntos, 2 son choferes, 14 son funcionarios, 23 son personal de servicio y 161 son administrativos.

Por otro lado, se observó que año tras año la cantidad de audiencias ante los jueces de primera instancia ha ido creciendo, salvo durante el año 2020 por las vicisitudes que presentó la pandemia. El incremento desde el año 2014 (7.525 audiencias) hasta el año 2021 (27.788 audiencias) tiene una marcada tendencia creciente, ascendiendo en algo más del 360% desde la puesta en funcionamiento del actual sistema procesal penal.

Hasta el año 2021 se iniciaron más de 1.500 legajos con la calificación de homicidio culposo, sin poder dar datos específicos de cuántas víctimas hubo en esos casos. Del total de casos iniciados, algo más del 70% de ellos corresponden a siniestros viales. En tanto, la tasa de homicidios en el departamento Rosario para el año 2021 es la más alta de los últimos seis años: casi nueve de cada diez de estas víctimas fueron agredidas con armas de fuego.

En el departamento Rosario, el 85,5% de los homicidios ocurridos durante el año 2021 tuvieron lugar en la ciudad cabecera. En tanto, el principal móvil de estos crímenes es la economía ilegal y las organizaciones criminales, mientras que la mayoría de víctimas son hombres.

Los homicidios cometidos en la ciudad de Rosario se presentan en mayor frecuencia en la zona sur y en la zona oeste, con varios casos también hacia el noroeste. Pueden identificarse como los territorios con las acumulaciones más importantes de casos a los barrios Bella Vista, Villa Banana y Godoy en la zona oeste de la ciudad; Tablada, Las Flores y Flamarion en el sector sur/sudoeste y Ludueña, Larrea, Empalme Graneros y Nuevo Alberdi en el noroeste. Estos territorios ocupan el 13% de la superficie de la ciudad, pero son escenario del 49% de los hechos de violencia altamente lesiva registrados durante el 2021.

A continuación, un documento en donde se amplían detalles de los principales puntos del informe de gestión: