Patricio Serjal continuará en prisión domiciliaria por la causa «juego clandestino»

El exfiscal regional Patricio Serjal continuará en prisión preventiva por la causa «juego clandestino». Tras una audiencia, el juez Guillermo Llaudet confirimó la modalidad de detención por cuestiones de salud tanto físicas como psíquicas del exfuncionario judicial acusado de participar en una asociación ilícita que protegía a responsables de juego clandestino en la ciudad y la región.

Los fiscales de Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra apelaron la prisión domiciliaria ante. Edery planteó que las cuestiones psiquiátricas referidas por la defensa de Serjal “claramente pueden ser tratadas dentro del lugar de alojamiento”.

La defensora Araceli Calamante enfatizó que tras la detención en su domicilio el exfiscal pudo recuperar peso y mostró mejorías en cuanto a su salud psicológica.

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Los Fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía le atribuyeron a Serjal y el exfiscal Ponce Asahad los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y miembro integrante de una asociación ilícita en carácter de coautor; todos en concurso ideal y en grado de consumado.

La asociación ilícita también estuvo integrada por -al menos Peiti, Néstor Ugolini (empeado de la Fiscalía de Ponce Asahad) y el senador Traferri. El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal.

Dicha organización, según se consigna, tuvo una duración temporal que va al menos desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre Traferri y Peiti) hasta el 24 de julio de 2020; su ámbito de operación –siempre según la investigación- fue la provincia de Santa Fe, concretamente en las ciudades de Rosario (principalmente), Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.

Respecto a las actuaciones puntuales de los indicados como “organizadores”, los fiscales revelaron que Serjal era el encargado de la cobertura judicial, “quien abusando de su cargo daba directivas a Gustavo Ponce Asahad (también fiscal) sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal”.

En cuanto a Armando Traferri, sostienen que “le aseguraba a Leonardo Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos.”

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Por su parte, Peiti es señalado como el responsable de la organización de recursos económicos, materiales y humanos “para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, invertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal”.

Para ese fin, los investigadores aseguran que fue clave la participación del senador Traferri, “quien aprovechando sus influencias se encargó de vincular a Peiti con Serjal y Ponce Asahad para lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal”.