Pedirán perpetua para pareja acusada de descuartizar a una mujer para quedarse con la casa
El crimen ocurrió en febrero de 2020. El cuerpo de María Isabel Ruglio fue desmebrado y arrojado en partes al arroyo Saladillo. La teoría del fiscal Spelta es que el matrimonio asesinó a la mujer para adueñarse de la propiedad.
El 11 de febrero de 2020, dos pescadores que tiraban sus líneas al arroyo Saladillo, en el Parque Sur de Rosario, engancharon en uno de sus anzuelos una pesada bolsa negra que contenía un brazo humano. Con el correr de las horas, se recogieron a lo largo del arroyo seis bultos más conteniendo otros miembros. Todos ellos pertencecían a María Isable Ruglio, una docente jubilada que vivía en la zona sur de Rosario y que llevaba varios días desaparecida. Por ese crimen, fueron imputados semanas después, Marcelo F. y Josefa R. C, un matrimonio que vívía con ella. Este lunes por la mañana, se llevó a cabo la audiencia preliminar del juicio en la cual, ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu, el fiscal Adrián Spelta adelantó que pedirá la prisión perpetua para ambos por «homicidio doloso calificado por codicia».
Las acusados, que se encuentran en prisión preventiva desde marzo del año pasado, continuarán detenidos hasta que se realice el juicio, ya que el magistrado decidió prorrogar la medida cautelar y solicitó que se fije lo antes posible la fecha para el juicio oral.
Durante la audiencia imputativa, realizada en marzo del año pasado, el fiscal Spelta había acusado a los imputados de matar a Marisa, como le decían en el barrio, «entre las últimas horas del día 6 de febrero y las primeras del día 7, para luego desmembrarla en 7 partes: cortaron la cabeza, los brazos y las piernas y el tórax en dos partes utilizando elementos cortantes«. Según Spelta, la tremenda secuencia ocurrió en el domicilio que la víctima compartía con los acusados, más específicamente dentro de una pileta de material sólido, en desuso, ubicada en el patio trasero de la casa. «Dicha acción tuvo como única finalidad quedarse con la vivienda de la victima«, afirmó el fiscal durante la acusación.
Tras el crimen y el macabro hallazgo, se realizó un allanamiento en la finca ubicada Uriburu 522/524 tras lugar donde también funciona una verdulería, y donde vivían los imputados con la víctima, y en el mismo se encontraron bolsas de nylon negras similares a las usadas para descartar el cuerpo, una sierra con mango de madera y una cuchilla grande, con rastros de sangre, una copia de denuncia en la comisaría 15 y dinero en efectivo entre muchas otras cosas.
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En el procedimiento también participó Kimbo, uno de los canes de la Unidad Regional II, el único especializado en seguir el rastro de restos humanos en descomposición. Kimbo ya había obtenido un rol protagónico en la búsqueda que se extendió a lo largo del Saladillo y gracias a su desempeño fueron encontradas partes del cuerpo descartado, escondido entre camalotes y vegetación. El comportamiento del can al ingresar a la vivienda fue inequívoco, se dirigió directamente a la parte trasera y se metió en la vieja y abandonada pileta de material sin dejar de ladrar. También señaló el desagüe de la misma y la alcantarilla. El luminol hizo el resto, revelando grandes cantidades de sangre en la zona marcada por el perro y en distintos lugares de la vivienda. También el químico reveló restos de sangre en la sierra, la cuchilla de cocina y otros cuatro cuchillos tipo Tramontina.
La relación entre Marisa y el matrimonio había comenzado tiempo atrás, cuando la docente trabó amistad con Josefa, de nacionalidad española, que atendía un quiosco ubicado cercano a su casa. Según el relato de «Pepa», en la audiencia imputativa, ambas se hicieron amigas cuando ella vivía en el Fonavi. En esa época Marisa había tenido un accidente que le dificultaba usar las escaleras, y la mujer les habría ofrecido que vayan a vivir con ella. Sólo tenían que compartir los gastos y ayudarla con las tareas de la casa. Ellos podrían vivir en la parte trasera, en forma independiente y hacerse compañía.
Algunos testimonios sugirieron que además, había un acuerdo inmobiliario entre Marisa y la pareja, quienes contrajeron matrimonio mientras vivían allí. Aparentemente, la docente les habría ofrecido venderle la casa por un monto mucho menor al real apenas ellos pudieran vender su propiedad en el Fonavi. Sin embargo, esos mismos testimonios revelaron que en algún momento algo ocurrió y esa relación se quebró. De hecho, más de uno señaló que Marisa los había echado de la casa.
Durante aquella audiencia imputativa, Pepa negó terminantemente tener algo que ver con el crimen, y sostuvo que Marisa siempre se había portado bien con ella y que tenían una relación muy estrecha. Por su parte, su marido no hizo uso de la palabra.
En tanto, la defensa de Josefa R. C, a cargo del defensor público Franciso Broglia, planteó que su pupila fue víctima de violencia de género por parte de su marido y adelantó que cuenta con testimonios de familiares de la imputada y de profesionales que la asistieron en prisión.