Piden que el Gobierno provincial sea querellante en la causa de vaciamiento del Banco de Santa Fe

Desde la Cámara de Diputados provincial, se presentó una iniciativa para que el Ejecutivo actúe como querellante para investigar las decisiones, medidas, manejo de fondos, aperturas y cierres de cuentas que tuvieron lugar entre 1998 y 2003 en el llamado Nuevo Banco de Santa Fe

El proyecto es promovido por el diputado Carlos del Frade del Frente Social y Popular (FsyP), y refiere al período “cuando se hicieron cargo los hermanos Rohm, titulares, en ese momento, del Banco General de Negocios, beneficiado por la privatización de la segunda entidad provincial más importante del país luego del vaciamiento sufrido en los años anteriores. el vaciamiento del ex Banco Provincial de Santa Fe”.

Asimismo, el legislador solicita que “se pida la extensión del período sujeto de revisión a la administración que llevaron adelante los representantes del Banco General de Negocios, entre 1998 y 2003, primera etapa de la privatización que siguió al proceso que ahora se reabre”.

“Es necesario tener en cuenta que los hermanos Rohm fueron acusados por lavado de dinero procedente del narcotráfico”, recordó Del Frade.

Por lo pronto, el diputado señaló que anteriormente en 2016 se le pidió al gobierno del ingeniero Miguel Lifschitz que se constituyera en querellante en la causa. “Aquel expediente fue enviado al archivo pero hoy recobra su vigencia al ordenarse un nuevo cierre de la causa original por el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe”, planteó el diputado del FsyP.

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En las últimas horas, incluso, el Ministerio Público de la Acusación solicitó que se revoque la prescripción en la investigación de las maniobras por más de 500 millones de dólares que provocaron el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe. Fue a través de un escrito de apelación presentado con la firma del Fiscal Regional, Carlos Arietti y de los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Nessier.

La fiscal Jimenez dijo sobre el caso: “Estamos hablando de un vaciamiento de recursos del banco por más de 500 millones de dólares. La resolución que impugnamos causa un gravamen irreparable, de carácter serio, concreto y real”.

“Entendemos que la acción penal no está prescripta”, añadió Jiménez. Asimismo, remarcó que “la investigación debe continuar para evitar la impunidad de un sin número de hechos ilícitos que, entre otras cuestiones, podrían acarrear responsabilidad internacional del Estado”.

“La modalidad delictiva utilizada entre 1983 y 1990 fue el otorgamiento de préstamos de altísimo riesgo, de muy difícil –cuando no imposible– recuperación y sin justificativos razonables a beneficiarios VIP”, precisó la fiscal. Detalló que “también se hizo una transferencia de recursos del banco hacia el gobierno provincial, la cual fue considerada como el ‘golpe de gracia’ a la entidad”. Por otra parte, la fiscal del MPA indicó que, “como surge de las actuaciones y es de público conocimiento, el 12 de julio de 1991 el banco se privatizó. Es decir, al poco tiempo de la implementación de los préstamos, la entidad se transformó en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria”.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 27 de agosto de 1990 por integrantes de la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe y por el Banco Central de la República Argentina. “La denuncia estuvo inmovilizada durante 14 años en el juzgado Civil y Comercial de la Sexta Nominación de la justicia provincial, y otros cinco años más en la secretaría del juzgado federal número 1 de Santa Fe”, recordó Jiménez. “Finalmente, el 24 de junio de 2013, el juez federal Reinaldo Rodríguez declaró extinguida la acción penal”, informó. Pero en el 2016 se había reabierto la causa.

“Para nosotros es fundamental saber qué pasó durante los años 1998 y 2003 donde estuvieron manejando los resortes de la principal entidad financiera estatal argentina después del Banco de la Nación y el Provincia de Buenos Aires, personas que fueron arrestados de por vida por lavar dinero del narcotráfico”, insistió Del Frade.

“Los que se quedaron con el Banco Provincial de Santa Fe fueron los hermanos Carlos y José Rohm”, recordó y agregó: “Por aquellos días ya eran socios de personas tales como José Alfredo Martínez de Hoz, David Mulford, y Gaith Pharaon”.