Prisión efectiva para tres de los 18 imputados por la megaestafa en Venado Tuerto

El jefe y dos miembros de una asociación ilícita que cometió las denominadas megaestafas inmobiliarias en el departamento General López fueron condenados a penas de prisión efectiva, inhabilitaciones y multas económicas. Así fue resuelto por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle, en el marco del juicio oral y público que había comenzado en mayo de este año y terminó este miércoles en los tribunales de Venado Tuerto.

La pena mayor fue impuesta al abogado Antonio Di Benedetto como jefe de la asociación ilícita, para quien se ordenaron 12 años de prisión efectiva, una inhabilitación por 10 años para ejercer su profesión y una multa de 2.340.000 pesos.

En relación a los miembros del grupo criminal, Raúl Alberto Jaime fue condenado a 10 años de prisión efectiva y se dispuso que pague una multa de 1.170.000 pesos. Por su parte, a Marcelo Jesús Sava se le impusieron tres años y seis meses de prisión efectiva, una multa de 270.000 pesos y fue declarado reincidente.

Di Benedetto fue sindicado por el fiscal Matías Merlo como el jefe de la asociación ilícita que realizó las megaestafas inmobiliarias en Venado Tuerto y localidades vecinas. En tanto, de acuerdo a lo difundido por fiscalía, se detectaron al menos 32 operaciones de apropiación de inmuebles urbanos y rurales mediante documentación trucha y aprovechándose de personas mayores o fallecidas sin herederos, lo que le permitió a la banda quedarse con unos mil millones de pesos.

La primera maniobra que alertaron los investigadores fue en 2016 cuando un hombre de Venado Tuerto, supuestamente insolvente, compró tres campos de 460 hectáreas en Maggiolo, San Eduardo y Venado Tuerto. Todos valuados en 130 millones de pesos. Los campos pertenecían a Luis Néstor Ferrari, quien había muerto en 2003.

El fiscal regional Matías Merlo informó que “gran parte de las víctimas van a ser resarcidas y volverán a ser propietarias de lo que les fue sustraído”. Al respecto, explicó que “las escrituras públicas mediante las cuales los condenados se apropiaron de 18 inmuebles rurales y urbanos fueron declaradas falsas, lo que implica que esos documentos no tienen efecto”.

La trama

A medida que fue avanzando la investigación, se descubrió que la asociación había falseado un poder, con fecha de 2001, que  Ferrari le habría dado a  Di Benedetto. Con ese documento, el abogado hizo de vendedor y de comprador al mismo tiempo y se autovendió los tres campos.

La sucesión de los bienes de Ferrari quedó en disputa entre los hermanos y sobrinos, ya que su esposa también hacía fallecido y no habían tenido hijos. Cuando la abogada encargada de administrar el trámite sucesorio detectó la maniobra, hizo las denuncias correspondientes en los juzgados Civil y Penal de Venado Tuerto y así comenzó la investigación.

El Ministerio Público de la Acusación comenzó a cruzar datos dentro del Registro de Propiedad y se encontraron posibles casos similares donde la mecánica se repetía, agregándose además nuevas denuncias de damnificados particulares.

En tanto, a fines de agosto de 2017, el gobierno de Santa Fe denunció irregularidades en la venta de inmuebles en Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo. En ese entonces, el fiscal Juan Pablo Lavini Rosset se encontraba investigando una serie de casos similares. Se trataba de siete causas en las que se repetían los nombres de las personas involucradas. “Existen una cadenas de transferencias de las propiedades que llegan a adquirentes que no sabemos que son compradores de buena fe y por eso se inició la cautelar” había explicado Lavini Rosset.

Finalmente, el 20 de diciembre de ese año se produjeron los primeros 14 allanamientos relacionados con esta investigación, en la que participaba también el fiscal Matías Merlo, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y el subsecretario de Justicia de la provincia, Matías Figueroa. Los procedimientos fueron en domicilios particulares, escribanías y un estudio jurídico. En esa ocasión, en la que no hubo detenidos, se secuestró documentación que llevó a los investigadores a un consultorio médico ya que en el estudio de abogados fueron halladas órdenes en blanco firmadas y selladas por el titular del consultorio. El mismo profesional es el que aparece en la causa firmando certificados de aptitud de personas que aparentemente se habrían encontrado impedidas por su estado de salud para refrendar documentos que luego serían los utilizados para algunas de las presuntas estafas inmobiliarias.

La lectura del fallo

Merlo subrayó que “de 28 hechos delictivos que sometimos a juicio, el tribunal absolvió a Di Benedetto sólo por uno, dado que el testigo de ese ilícito no pudo declarar porque falleció antes del debate”.

El fiscal regional dijo sentirse conforme con la imputación, aunque haya sido menor a la que el funcionario judicial había solicitado.

Otros 15 condenados

Cabe destacar que otros 15 imputados en la causa ya recibieron su condena en sus respectivos juicios abreviados como integrantes de la asociación ilícita.

Los otros condenados son Luis Eugenio Casadei, Danisa Elizabet Pintos, Fernando Luis Astigarraga, Luis Celio Restovich, Luis Alejandro Bentati, Alberto Enrique Long, María de los Ángeles Sarrias, Milena Gisele Fischer, Roberto Miguel Sainz, Ángel Emilio Moreale, Juan Carlos Rullo, Adriana Karina Torres, Francisca Del Carmen Uncos, José Luis Mir y Marcelo Ariel Rodríguez.