Prorrogaron la prisión preventiva a Ponce Asahad por corrupción
Los fiscales le atribuyeron al exfiscal Adjunto, junto a Patricio Serjal, la ejecución un plan para recibir dinero de Leonardo Peiti, quien se dedicaba al juego clandestino.
Tras la audiencia de revisión de la medida cautelar a Gustavo Ponce Asahad, la jueza Eleonora Verón deteriminó la prórroga de la prisión preventiva hasta el 2 de febrero de 2021 por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, Cohecho pasivo agravado y Transmisión de datos reservados en carácter de coautor, todos en concurso ideal y en grado consumado.
La Fiscalía había solicitado la continuidad de la prisión preventiva efectiva aludiendo que la investigación está en curso y hay medidas a la espera de resultados. Por su parte la defensa del imputado solicitó la libertad y la morigeración a la modalidad domiciliaria. El exfiscal se encuentra en prisión preventiva desde el 4 de agosto de este año.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos le atribuyeron a Gustavo Ponce Asahad en su carácter de Fiscal Adjunto y con la participación de Nelson Ugolini en carácter de empleado del Ministerio Público de la Acusación, la comisión de delitos contra la administración pública, con la participación de Patricio Serjal en carácter de Fiscal Regional, diseñar y ejecutar un plan cuyo objeto fue recibir dinero de Leonardo Peiti (ya imputado). A cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos y/o protección judicial.
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Según el Ministerio Público de la Acusación desde al menos marzo de 2019, Patricio Serjal acordó con Leonardo Peiti que quien se encargaría de mantener vínculo con él a los fines de cumplir con el pacto sería Gustavo Ponce Asahad reafirmando su acuerdo.
Siguiendo con el relato de los fiscales, el 14 de noviembre de 2019 Serjal se alojó en el Hotel Etoile de la ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento de la cuota a abonar y el aumento de la misma. En cumplimiento de ese acuerdo Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante para cumplir dicho acuerdo.
Uno de esos encuentros ocurrió el 9 de julio de 2020 a las 12.25 aproximadamente cuando Peiti concurrió al Pasaje Rosales, donde acordaron que serían entregados 10 mil dólares ese día por la tarde. El hecho se concretó cuando se reunieron a las 18 en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario.
En otras oportunidades el ex fiscal y Peiti se reunían en bulevard Oroño y Mendoza para que Ponce Asahad reciba el dinero acordado. Durante el 2019 le solicitó dinero para viajar a Italia habiéndole entregado euros y dólares equivalentes a dos de las «cuotas» que mensualmente le entregaba.
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Asimismo el 16 de julio de 2020 Patricio Serjal concurrió al organismo de Investigación en el cual pudo observar un diagrama de la estructura que era objeto de investigación que tenía como sospechosa a la asociación ilícita liderada por Peiti. Al otro día, concurrieron a ese lugar Ponce Asahad y Serjal y se impusieron ambos ante la investigación sugiriendo reiteradamente que Peiti era una víctima.
El 30 de junio Ponce Asahad le informó a Peiti de la existencia de esa investigación que lo tenía como sospechoso y le advierte sobre posibles intervenciones de comunicaciones, aconsejando que cambiara y rompiera el teléfono lo cual motivó que Peiti dejara de utilizar su línea que se encontraba intervenida desde el 22 de junio de 2020. Además le pidió 100 mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra y que el mismo quedara como víctima.
En tanto, se le imputó en cumplimiento del plan común pergeñado, haber omitido actos propios de sus funciones que debían realizar conforme el cargo y la función que ostentaban. A sabiendas de que Peiti era víctima de hechos violentos contra su persona en los que Maximiliano D. (ya imputado) y/o allegados le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo o a su familia, Así el imputado no inició una investigación penal y no dio aviso a las autoridades a cargo de la investigación de los delitos y/o no aseguraron la integridad de víctimas y testigos de delitos conforme la ley se lo impone.