Salta 2141: los defensores de los gasistas y el ayudante pidieron la absolución

Por Alejandra Ojeda Garnero

El 6 de agosto de 2013 se produjo la mayor tragedia de la historia de la ciudad. Un total de 22 personas perdieron la vida, hubo decenas de heridos e incalculables daños materiales. En una cadena de negligencias se centraron los alegatos de la fiscalía y la querella para achacar a los imputados, entre ellos administradores del edificio, empleados de Litoral Gas y gasistas que intervinieron ante el reclamo de una vecina por deficiencias en el servicio, la responsabilidad en el desenlace fatal.

En la segunda jornada del juicio que sólo cuenta como querellante a la familia de Débora Gianángelo, quien falleció en el derrumbe, comenzó con los alegatos de las defensas. El primer turno fue para la abogada del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Florencia Chaumet quien representa a Pablo Miño, ayudante del gasista Carlos García, quienes llegaron el 6 de agosto de 2013 al edificio para realizar el trabajo de cambio de regulador y desató la tragedia. en segundo término expuso su alegato defensor del gasista Carlos García, abogado Jacinto Bufarini.

Defensa del gasista Carlos García

El abogado Jacinto Bufarini comenzó su alegato: «Quiero expresar un profundo respeto a todos los familiares de la tragedia de calle Salta y un recuerdo a las 22 personas fallecidas en esa terrible tragedia».

El letrado detalló que en el comienzo de esta historia advirtieron tres momentos definidos: antes, durante y después de la fecha de la tragedia pero además se deben identificar en estas tres etapas cronológicas, una cantidad de sujetos, de personas, de empresas, de situaciones, de edificios, de instalaciones que contribuyeron absolutamente a causar un resultado trágico y fatal que se dio solo ese día en que se encontraba trabajando el gasista matriculado Carlos García. 

Según la teoría defensiva, García se encontraba en el lugar y el momento equivocado, le toco poner su cuerpo, sus manos y su trabajo, para llevar el pan a su familia, en el momento que le toco presenciar «la apertura de las puertas del infierno». En la misma línea expresó que estuvo en el lugar equivocado porque ese edificio era  viejo, de mas de 30 años de antigüedad, pero no era solo ese el problema sino las instalaciones de gas que no tuvieron mantenimiento en los días y meses anteriores. todas esas deficiencias quedaron expuestas a partir del 24 de julio de 2013, cuando la vecina Mariela Bozzo realizó el reclamo a Litoral Gas. 

Para la defensa, la tragedia comenzó a anidarse en la época de las privatizaciones de las empresas de servicios públicos, «esta empresa es hija de las privatizaciones de las empresas de servicios» aseguró Bufarini. De esta manera explicó el nexo con la tragedia de calle Salta. Las empresas comenzaron a tener problemas económicos, a atravesar las crisis, a ajustar sus presupuestos, cuando deben suspender o eliminar los planes de instalación y ampliación del tendido de redes, achicar el personal, evitar gastos considerados superfluos, en capacitaciones al personal, en control, estas son las causas que desencadenaron la tragedia, según la defensa de García. Esto va gestando la tragedia, porque se manifiestan las deficiencias de los consumidores de estas empresas privatizadas. 

A los consumidores los asiste el derecho constitucional que aplicación eficiente de los servicios, regulares y con seguridad. Y aquí radica según el defensor el nudo de la cuestión, en la falla de los controles que desencadenaron la tragedia. 

Según la defensa de García, en la relación de la empresa con los usuarios había falta de mantenimiento, de control, falta de exigencias en materia de seguridad, la deficiencia en la prestación del servicio. La pérdida de presión para que se apague el calefón o se corte la llama de la cocina es una deficiencia en la prestación del servicio. 

Luego puntualizó sobre la relación de la empresa Litoral Gas y los gasistas matriculados, que no son empleados de la empresa, y terminaban siendo «prácticamente rehenes» o expuestos a incumplimientos normativos, esquivar las normas que exigían seguridad, restablecimiento del servicio, servicio a pleno, eficiencia y contralor. El no cumplimiento de esos deberes de las normas que también es consecuencia de las situaciones económicas o del criterio economicista que toman las empresas privadas para escabullir al  cumplimiento de estas normas porque implica mayor inversión.

Para el defensor, el gasista matriculado que conseguía esa matricula quedaba «librado a la mano de dios», y en este sentido exigió «señores háganse cargo, vayan a los edificios, metan mano, armen, desarmen y después vemos», pero en este sentido aclaró que en este punto se reclama la cuestión de los formularios, los permisos, las normas, las autorizaciones cuestiones que los gasistas no están en condiciones de imponer a Litoral Gas. 

Podrían haber estado otros nombres, podría haber sido cualquiera y cualquier otro gasista matriculado con el mismo conocimiento que García y podría haber obtenido el mismo desgraciado resultado, y podría haber ocurrido otra fatalidad de las mismas características que el de calle Salta, explicó la teoría defensiva.

Bufarini centró su teoría en lo que ocurrió después de la catástrofe, que fue un antes y un después. Para desligar la responsabilidad de su defendido, describió la postura de la empresa luego de la tragedia, ante cualquier mínimo reclamo, la empresa extremó las medidas, con cortes del servicio que se prolongan por meses hasta que se resuelva hasta el más ínfimo desperfecto tanto en la red como en los artefactos. 

Si esta postura de la empresa se hubiese hecho esto antes  «¿Hubiese ocurrido lo de calle Salta?, se preguntó. «Esta empresa asumió el ‘nunca mas’ de las tragedias y está bien que así sea, lastima que se llevó 22 vidas y produjo cientos de heridos», se lamentó el abogado. 

Bufarini sintetizó que falló una cadena de negligencias que tienen que ver con los controles, y de esa cadena García no es un eslabón. También se refirió a la parte humana, dijo que «era trabajador, no es mas gasista y menos matriculado», siempre contó con el apoyo de su familia, su esposa y cuatro hijos, uno de ellos con una discapacidad  visual y auditiva. Vive en un fonavi de Rosario y es activista en la iglesia universal en la cual trabaja en tareas de rehabilitación de adictos. La tragedia cambió su vida y también tuvo intenciones de quitarse la vida cuando estuvo detenido, sin embargo fue el amor de su familia la que lo ayudó a superar esa situación.

Por su parte, los defensores del gasista José Luis Allala, los abogados Andrada y Calenta, solicitaron, en sintonía con el resto de las defensas, la absolución del gasista por considerar que no tuvo participación en los hechos que desencadenaron la tragedia. El gasista solo realizó una reparación por una pérdida en el gabinete regulador en la cual cambió dos niples y un codo, verificó que la pérdida se había solucionado y allí terminó su trabajo.

Defensa del ayudante del gasista, Pablo Miño

La abogada Chaumet tomó como punto de partida los alegatos de la fiscalía y la querella, para comenzar con su teoría del caso, quienes aluden a eslabones de una cadena que entienden hubo negligencia que causaron el resultado de esta tragedia. La abogada se dirigió al tribunal para asegurar que Pablo Miño, ayudante del gasista no es un eslabón en esta cadena de negligencias, no tiene responsabilidad alguna en este trágico hecho. La defensora aludió a una causa compleja y pidió que esta complejidad no tiña la situación de su defendido al considerar que la situación de Miño es muy sencilla, porque no hizo absolutamente nada para causarla y aseguró que no van a poder demostrar responsabilidad sobre su pupilo porque no fue autor del mismo y que no tenía posibilidad de evitar esta tragedia.

La justicia que piden las víctimas y la sociedad no pueden llevar a los jueces a cortar el hilo por lo más delgado. Pablo Miño es padre de cuatro hijos, es sostén de un grupo familiar, tenía un trabajo fijo, de noche, pero para llegar a fin de mes consiguió una changa a través de un compañero de trabajo para hacer trabajos de albañilería como ayudante de un gasista, Carlos García.

El 6 de agosto el ayudante habitual del gasista Carlos García no pudo ir al arreglo de calle Salta 2141 y fue por ese motivo que Pablo Miño fue a ese trabajar en su lugar, el destino quiso que sea el que está sentado en el banquillo, según la teoría defensiva, pero podría haber sido cualquier el otro ayudante.

La defensa de Miño considera que la acusación tiene defectos estructurales, tiene algunos errores y aseguró que no se acreditarán respecto de Miño el delito de estrago culposo agravado.

5 puntos de la defensa

1. No se le puede atribuir el delito de estrago culposo a Miño porque no hizo nada para causar el resultado hizo nada para el resultado, no tocó ningún elemento en el gabinete de gas, no violó deber de cuidado a su cargo.
2. Miño es un trabajador que solo tiene la escuela primaria, no tiene conocimientos especiales en la materia, requisito esencial para evaluar el delito que se le imputa. No era ni es gasista, no posee matricula ni tampoco trabajaba informalmente de gasista, ni siquiera estaba aprendiendo el oficio. Tampoco habló con nadie de la administración, no habló con el portero no fue a Litoral Gas, porque es un mero ayudante sin ningún tipo de poder de decisión que no formó ni puede formar parte de esta cadena de negligencias, según su defensora.
3. Pablo Miño como ayudante realizaba tareas que les eran encomendadas por el matriculado, cuidar las herramientas y alcanzarlas al gasista cuando eran requeridas.
4. En relación a las omisiones que le atribuyen las partes acusadoras a Miño, la defensa considera que no tenía la posibilidad de evitar esta tragedia, no estaba en su esfera, porque su función se limitaba a colaborar.  
5. Miño no se dio a la fuga cuando ocurrió el hecho, no salió escapando se quedo en el lugar del hecho evitando que pasen vehículos para disminuir el riego. 

La defensora aseguró que no van a poder demostrar responsabilidad de Miño en el resultado final y solicitó la absolución. Además consideró que la pena solicitada, de 5 años de prisión efectiva, es excesiva, desproporcionada e infundada. 

Por último se preguntó:  «¿Es justo acusar y condenar al ayudante del gasista, es esta la justicia que se pretende dar a las victimas, a la sociedad?» y reclamó: «Le pedimos que el hilo no se corto por lo más fino».