Tucumán: violento e inconstitucional desalojo de la Comunidad Diaguita Indio Colalao

Alambran, desmontan, acorralan y reprimen, un combo tan añejo como deleznable que sigue imponiéndose en el extenso derrotero de la historia. A lo largo y ancho del país, las poblaciones preexistentes al Estado, resisten los embates de aquellos que sólo son impulsados por el vil metal.

Los Pueblos Originarios son preexistentes a cualquier forma de organización social, cultural, política y estatal, esto reconocido después de 500 años de lucha mediante el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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El modelo productivo, la explotación de los recursos naturales y el negocio turístico, siguen siendo los enemigos de aquellos que no hipotecan su dignidad por promesas banas. Los terrenos ancestrales, empapados de memoria y cultura, rechazan su apropiación con la fuerza de los antiguos y la valentía de las nuevas generaciones.

Distintas leyes y tratados protegen los límpidos intereses de estas comunidades. El convenio 169 de la OIT artículo 75 inciso 17 al 22, la ley 23032 y 24071 en su artículo 149, capítulo quinto, y la ley 26160 que prohíbe los desalojos en Tucumán.

“Nos preocupa profundamente que el poder Judicial viole sistemáticamente los derechos que están legislados en la Constitución Nacional en un Estado que se supone Democrático. Los hechos así lo demuestran, tal es el caso del asesinato de nuestro hermano de la Nación Diaguita, Javier Chocobar. Desde el 2009 estamos a la espera de que se eleve la causa a juicio oral y mientras tanto, los asesinos están caminando libremente entre nosotros, y continúan amenazando a los comuneros”, sostuvo Ivana Morales, secretaria de la Comunidad Indio Colalao.

La balanza de la justicia se inclina de manera sistemática hacia el lado del poder económico, sobre esto Morales enfatizó: “Existe una celeridad inusitada para las causas que nos arman los terratenientes a los Pueblos Originarios. Prueba de ello es la imputación que pesa sobre el sobrino de Javier Chocobar, a quién tanto el asesino Darío Amin, como su familia Santiago Amin y Maria Sofia Herrera de Amin denuncian por “usurpación”. Acusan a Ismael Chocobar de usurpar la casa perteneciente a sus abuelos paternos Fortunata Díaz y Amadeo Chocobar, quienes vivieron desde tiempos inmemoriales en territorio de Chuschagasta”.

El pasado martes en horas de la mañana, en la Base Territorial Monte Bello, la guardia de infantería se hace presente junto a la policía local, a lo cual informan que el Juez Marcelo Mendilharzu  otorga la tenencia provisoria del territorio a Daniel Lencina Serrano, bajo el Expediente 41302/17 (Unidad de Resolución de Causas).

El lunes 10 de diciembre, el comunero Santos Morales se había hecho presente para ver esta misma causa y el instructor del fuero penal impidió que el mismo tenga acceso al expediente. A todo esto, durante el proceso de desalojo quedaron 14 familias desalojadas entre ellos niños, discapacitados y ancianos. Por resistir el atropello, fueron demorados en la comisaría de San Pedro de Colalao, 5 integrantes de la comunidad, quienes fueron liberados a la medianoche.

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“Estamos desamparados, ni la Comuna de San Pedro, ni los DDHH de la provincia de Tucumán, ni la Defensoría de los Pueblos se hicieron presente”, relató un miembro de la comunidad.

Esperanza Carrazano es cacique de la Comunidad Diaguita “La Angostura”, en dialogo con Conclusión sostuvo: “Todas las comunidades sufrimos lo mismo, el atropello es recurrente, en esta lucha estamos todos los caciques unidos. En San Miguel de Tucumán hay 16 comunidades diaguitas, y otras tantas que pertenecen a otros pueblos, la resistencia contra los intereses de los terratenientes es cotidiana”.

El Estado y la justicia siempre del lado del poderoso, “son los garantes de que se pisoteen nuestros derechos y los tratados existentes. A través de varias generaciones venimos protegiendo la tierra de todo ataque, nuestra vida es tan humilde como digna. Al poder inescrupuloso que enfrentamos, le oponemos nuestra valentía y coherencia, sólo perseguimos seguir viviendo en el lugar que nos legaron nuestros ancestros”, concluyó Esperanza.

Quién también sumo su voz fue Marcos Pastrana, integrante de la Asamblea Comunitaria Indio Colalao y miembro del Pueblo de la Nación Diaguita de Tafi, que consultado por la situación que están atravesando, disparó: “Es política pública del Estado acabar con todos los pueblos preexistentes al mismo. Este desalojo ilegal se está llevando a cabo por una pareja de abogados, que con anterioridad ya habían tratado de despojar a nuestros hermanos del territorio”.

Una ley que echa por tierra la arbitrariedad que viene sufriendo la Comunidad Indio Colalao, “la ley 26.160 es el respaldo que tenemos, si bien el poder judicial desoye este ordenamiento territorial, y ejecuta la medida a favor de los terratenientes. La historia nos sigue encontrando de pie y dignos, el despojo y el alambre no podrán con el empuje espiritual de nuestros ancestros que regaron estas tierras con su sangre en pos de defender las mismas”, concluyó.