19 y 20: a veinte años del estallido social que dejó al país al borde del abismo

 

El Corralito impuesto el 2 de diciembre de 2001, fue el desencadenante de un estallido social producto de años de un mal manejo de la economía por parte de los diferentes gobiernos, pero que durante la administración de De la Rúa atravesó sus peores momentos a causa de la gran recesión y un feroz ajuste.

A raíz de la disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, se produjeron distintas manifestaciones durante el mes de diciembre en varios puntos del país.

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Entrevistas: Federico Morel

Edición: Hernán Cabrera

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La situación financiera y los problemas del endeudamiento externo, se fueron intensificando, y el gobierno acudió nuevamente al endeudamiento y refinanciación, bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, con los llamados Blindaje y Megacanje.

La inestabilidad económica se reflejó en los constantes cambios de ministros de Economía, pasando por José Luis Machinea (1999 a marzo de 2001), Ricardo López Murphy (marzo a abril de 2001) y por último Domingo Cavallo.

En julio de 2001 se sancionó la ley 25.453 de Déficit Cero, recortando en 3.000 millones de pesos el presupuesto del gobierno, equivalente al 7% del total.

En el plano político, el 14 de octubre de 2001 se realizaron elecciones legislativas en las que la Alianza oficialista fue derrotada ampliamente por el Partido Justicialista, que le otorgaba mayoría en ambas cámaras.

 

Sin fondos

El 29 de noviembre de 2001, el Fondo Monetario Internacional le negó la posibilidad a Argentina de un nuevo desembolso, por lo que los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y, en consecuencia, el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales.

Entonces, el 2 de diciembre, Cavallo anunció por cadena nacional el «Corralito», con el que se prohibía la extracción de dinero en efectivo de los bancos en sumas superiores a 250 pesos o dólares por semana. Así, durante todo diciembre hubo protestas de ahorristas y movimientos sociales, que ya venían manifestándose por la alarmante pobreza y desempleo.

El 13 de diciembre, la CGT Oficial, la CGT Disidente y la CTA declararon la séptima huelga general contra la política económica y social del gobierno de De la Rúa, con un alto acatamiento. De esta manera, se sucedieron los piquetes en Capital Federal, a lo que se sumaron saqueos a comercios en diferentes partes del país.

La noche del 19 de diciembre el presidente Entonces, De la Rúa en cadena nacional decretó el estado de sitio, que suspendía las garantías constitucionales. Más tarde el ex presidente diría que fue una medida “simbólica”. Sin embargo, fue la mecha que encendió las llamas de aquellas trágicas jornadas.

 

Inmediatamente después de terminado el anuncio del estado de sitio, millones de personas en todo el país salieron a las calles dando inicio a lo que se conoció como «el Cacerolazo». Un gran grupo se concentró frente a la Casa Rosada exigiendo la renuncia del presidente De la Rúa y comenzando a corear una consigna que caracterizaría al movimiento: «que se vayan todos».

Los incidentes y saqueos se multiplicaron. En ese momento, las fuerzas de seguridad desplegaron una brutal represión, que tuvo como víctimas incluso a las Madres de Plaza de Mayo. Con el correr de las horas los incidentes fueron creciendo en intensidad y se produjeron cuatro muertes de manifestantes que se presumen a manos de la policía.

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Por esas horas, el ministro de Economía Domingo Cavallo presentó su renuncia, así como el resto de gabinete. Por su parte, De la Rúa afirmaba en un comunicado que no renunciaría y llamó a la oposición a un gobierno de coalición. Sin embargo, la respuesta del justicialismo fue tajante: No a un co-gobierno. De esta manera, el entonces presidente De la Rúa se vio acorralado, y no le quedó otra alternativa que la renuncia, que firmó de puño y letra.

 

20 de diciembre de 2001

Al señor presidente provisional del honorable senado, ingeniero Ramón Puerta:

Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como Presidente de la Nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un Gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios.

Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Pido por eso al honorable Congreso que tenga a bien aceptarla.

Lo saludo con mi más alta consideración y estima y pido a Dios por la ventura de mi Patria.

Fernando de la Rúa.

 

Un proceso de años

Las causas de esa debacle económica responden a un proceso que se gestó durante años, y que los gobierno no quisieron o no pudieron ver. Así como las consecuencias de cada crisis acarrea años de caída y endeudamiento, recursos que se le quitan a sectores como salud y educación.

Sobre la situación económica de aquel momento, Germán Tessmer, economista del Observatorio Económica de la Universidad Nacional de Rosario, explicó que se trató de un proceso que se arrastró desde la época menemista.

En diálogo con Conclusión, el docente de la UNR detalló: “Menem fue elegido con una tasa de desocupación del 18%. La Alianza es un gobierno de coalición que llega con la promesa de mantener el 1 a 1. En ese momento había un consenso de mantener la convertibilidad aún con una tasa alta de desempleo. Había un amplio sector que estaba dispuesto a asumir ese costo a cambio de una estabilidad monetaria porque nuestro país estaba acostumbrado a una alta inflación”.

“En la generación de ese momento estaba vivo el recuerdo de la hiperinflación. Menem en el 89 propone un plan pro-mercado, abrir la economía al exterior y un achique y privatización del Estado. Como no funcionó aparece en el 91 Cavallo con el plan de convertibilidad, que fue atarnos de pies y manos. O sea, solamente se iba a poder tener moneda, determinada masa en pesos acorde a la cantidad de divisas en el Banco Central. Para mantener esa promesa necesitas que te entren divisas, para lo que hace falta exportar y para eso el país tiene que ser competitivo”, amplió el especialista.

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Cada crisis vivida en un país trae como consecuencia años de caída económica: “Las incidencias son las que generalmente barremos debajo de la alfombra. Por cada una de las crisis, los factores de desarrollo profundo, que son la salud, la educación, calidad institucional, se resienten. Por cada una de esas crisis hay una caída. Y esos son los gérmenes que nos permiten crecer más adelante, no solamente en términos económicos, en términos sociales también. Pero en cuanto a lo económico hay deudas que se arrastran, hay recursos que se utilizan para pagar las deudas que no se invierten en el crecimiento”.

Cinco presidentes en once días

En la noche del día 20 se hacía cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Senadores Ramón Puerta, quién convocó a la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente.

El día 23 asumía la presidencia Adolfo Rodríguez Saá. Entre sus primeras medidas dispuso la suspensión del pago de la deuda externa, acompañado por aplausos de casi toda la Cámara de senadores presentes.

El 30 de diciembre Rodríguez Saá renunció por “falta de apoyo político”, entonces debió hacerse cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño, quien convocó nuevamente a la Asamblea Legislativa.

El 1 de enero de 2002 asumió la presidencia interina el exgobernador y senador bonaerense Eduardo Duhalde, quien había sido candidato a presidente en las elecciones de 1999, perdiendo ante De la Rúa. En su discurso de asunción, prometió reintegrarle los ahorros a la gente con la frase: “el que depositó dólares, recibirá dólares”.

“La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo”, dijo en su discurso de presentación, en una de las pocas verdades que pronunció en su alocución.

“Este modelo destruyó a la clase media argentina, quebró a nuestras industrias, pulverizó el trabajo de los argentinos. La cadena de pagos está rota y no hay circulante que sea capaz de poner en marcha la economía”, continuó. Cinco días después, derogó la convertibilidad. La promesa de devolución de los dólares depositados, por supuesto, nunca fue cumplida.

Las manifestaciones en la calle continuaron durante varios meses y se organizaron mediante asambleas populares. Muchos de los movimientos sociales que nacieron en esos años continúan hasta hoy día.

Las víctimas fatales de esos días

Las personas asesinadas por la represión en aquellas trágicas jornadas fueron 39. Entre ellas siete adolescentes entre trece y dieciocho años y siete mujeres.

Once muertes sucedieron en la provincia de Buenos Aires (Diego Ávila, Víctor Enríquez, Julio Flores, Roberto Gramajo, Pablo Guías, Cristian Legembre, Damián Ramírez, Mariela Rosales, Ariel Salas, José Vega y Carlos Spinelli), nueve en Santa Fe -ocho de ellos en Rosario- (Graciela Acosta, Ricardo Rodolfo Villalba, Walter Campos, Juan Delgado, Yanina García, Claudio «Pocho» Lepratti, Miguel Pacini, Rubén Pereyra y Sandra Ríos), siete en la Capital Federal (Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez, Gastón Marcelo Riva, Rubén Aredes y Jorge Cárdenas), tres en Entre Ríos (Romina Iturain, Rosa Paniagua y José Rodríguez), tres en Córdoba (Sergio Ferreira, David Moreno y Sergio Pedernera), dos en Corrientes (Ramón Arapi y Juan Alberto Torres), una en Tucumán (Luis Fernández) y una en Río Negro (Elvira Avaca). Los más chicos, Rosa Eloísa Paniagua y David Moreno, apenas tenían 13 años.

 

La mayor represión se produjo en pleno centro de Buenos Aires, siendo conocida como la Masacre de Plaza de Mayo, donde fueron asesinadas cinco personas (Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gastón Marcelo Riva), se intentó asesinar a otras cuatro (Marcelo Dorado, Martín Galli, Sergio Rubén Sanchéz y Paula Simonetti) y sufrieron lesiones otras 227. Estos crímenes fueron investigados de manera unificada, dando origen a dos juicios. En el primero se enjuició a Jorge Varando por abuso de arma de fuego en el asesinato de Gustavo Benedetto, siendo absuelto por prescripción de la acción penal.

El expresidente Fernando de la Rúa fue procesado en primera instancia, pero fue finalmente sobreseído.

Días atrás la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a penas de prisión efectiva del ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos. De esta forma se ratificaron las penas a cuatro años y tres meses para Mathov y a tres años y medio para Santos.

Ambos fueron condenados por el delito de “homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón”, y heridas a otra veintena de manifestantes.

El fallo también ratificó las condenas de cumplimiento en suspenso del ex director general de Operaciones de la Policía Federal Norberto Gaudiero, a tres años; y Víctor Manuel Belloni, a dos años y nueve meses pero en su caso sólo por el delito de “abuso de armas” (en suspenso).

 

Por su parte, en 2003 fue condenado a diez años de prisión, en Entre Ríos, el cabo de la policía provincial Silvio Martínez por el asesinato de Rosa Paniagua.

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En 2007 fue condenado a once años de prisión -luego de ser absuelto en primera instancia- el policía santafesino Luis Quiroz, por el asesinato de Graciela Acosta, también militante social rosarina.

“Impunidad” garantizada

Para Celeste Lepratti, hermana de Pocho, “la represión fue la única respuesta que tuvo el Estado en sus distintos niveles para lo que estaba sucediendo”.

A su vez, la ex concejala de Rosario denunció, en diálogo con Conclusión, la falta de Justicia por las víctimas de aquella represión: “Se garantizó la impunidad. Hace muy poquito murió de forma impune Carlos Reutemann, a quien señalamos como el principal responsable de la masacre de 2001 en Santa Fe”.

“De la Rúa corrió la misma suerte, con la diferencia de que fue sentado en el banquillo de los acusados y fue absuelto. En Santa Fe nunca tuvimos esa responsabilidad. La justicia nunca creyó necesario que Reutemann siquiera tuviera que declarar. Nunca se investigó la cadena de mandos”, agregó Lepratti.

“Desde el principio la justicia de Santa Fe trabajó para garantizar la impunidad para los policías y para los de arriba. Creo que es muy ejemplificador pensar lo que sucedió. Pedimos que tomaran todas las muertes de la misma manera, juntas. La justicia, al contrario, separó las causas, entonces eso las debilitó y con el tiempo se fueron cerrando”.

“El sistema tampoco nos posibilitaba ser querellantes. No estaba la instancia del juicio oral y público. De esta justicia no esperamos nada. Hay otra justicia que hacemos todos los días, que tiene que ver con una construcción, en clave de lo colectivo. Viene de un lugar más profundo en lo humano, lo amoroso, tiene que ver con relacionarnos de otra manera, esa es la apuesta. Ahora estamos signados por la violencia”, contó la hermana.

En 2004 fue condenado a 14 años de prisión el policía santafesino Esteban Velázquez, por el asesinato en Rosario de Claudio «Pocho» Lepratti. En 2014 quedó firme la condena a dos años y ocho meses de prisión condicional de los policías santafesinos Roberto De la Torre, Rubén Darío Pérez, Marcelo Fabián Arrúa y Carlos Alberto de Souza, por encubrimiento del homicidio de Claudio Lepratti.