Acreedores extranjeros de Vicentin siguen de cerca los movimientos y empresas recuperadas piden que se concrete la expropiación

La cerealera argentina no sólo mantiene una deuda millonaria con bancos nacionales, sino que la mayor parte de su deuda es con la banca internacional, por lo cual los acreedores internacionales siguen muy de cerca cada uno de los episodios del caso Vicentín entre el Gobierno, la Justicia y la empresa. Por esta razón, la Justicia neoyorquina busca intervenir y algunos de los acreedores han contratado entidades financieras locales para la negociación de los pasivos.

Tres deudores sobresalen por los montos: la Corporación Financiera Internacional con base en Estados Unidos (16.504,8 millones de pesos), la Compañía de Financiamiento para Países en Desarrollo de Holanda (9.228,4 millones) y la sucursal Tokio del Banco ING (4.420 millones).

Expertos locales aseguran que el crédito que cedieron los holandenses fue clave para el desarrollo reciente de la empresa: fue el que le permitió asociarse con la suiza Glencore para crear la planta de Renova.

La empresa ya envió los papeles correspondientes al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, y aseguran que en sus movimientos no hay nada raro y que la quiebra se debió a que cuando Macri perdió las PASO los productores se apuraron a liquidar los granos que le habían dado a la empresa, lo que dejó a la empresa sin capacidad de pago tanto para los productores como para las entidades financieras.

Sin embargo, el Gobierno considera que la empresa también es responsable de la quiebra y que además hubo un manejo delictivo de los activos, teniendo en cuenta además que hay varias empresas relacionadas a los Vicentin en paraísos fiscales. Además de las irregularidades que se investigan en el otorgamiento del crédito del Banco Nación, la empresa está sospechada de fugar capitales y la Unidad Antilavado ha solicitado ser querellante en la causa. 

El presidente Alberto Fernández consideró hace dos días que es importante que a la empresa no la sigan manejando «los que la manejaron» hasta ahora y remarcó que «los dueños de Vicentin quieren que los salvemos sin poner nada».

Además insistió el sábado con que, si el juez no acepta la propuesta de Omar Perotti, deberá continuar con la expropiación porque no quedará otra alternativa.

En tanto, desde la gobernación santafesina no desconocen que la empresa hizo méritos en materia de irregularidades y dejó un colosal tendal de heridos en los últimos meses: además de no pagar su acreencias con los bancos nacionales y trasnacionales, dejó sin cobrar a más de 2.600 productores de la zona, que entregaron sus producciones cerealeras a cambio de un pago que nunca llegó y ahora deben sumarse a la larga cola de cobradores que generó la compañía que administraban Gustavo Nardelli y Alberto Padoán y ahora fue intervenida por el Estado.

Todo el ruido de los últimos días llegó hasta el embajador de Holanda, Roel Nieuwenkamp, quien le solicitó una audiencia al Gobierno en la que buscará conocer detalles de lo que ocurre con la compañía.

Reclamo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas

En medio del vendaval, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas reclamó hoy al Gobierno que pida la quiebra de la empresa Vicentin y sostuvo que «no hay excusas» para que avance con el proyecto oirginal de «expropiar» la cerealera.

«No hay excusas. El Estado y el Banco Nación con sus acreencias deben pedir la quiebra y después expropiar, para pagar por lo que vale y no por lo que debe», afirmó en un comunicado.

La entidad que nuclea a las empresas recuperadas remarcó que «mientras el gobierno de Mauricio Macri pisoteaba a la economía popular y a las pymes bajo el mote de improductividad, a Vicentin le inyectaba fortunas con fondos de nuestro pueblo, a escasas horas de abandonar el poder y de que el mega grupo agrario se declarara en estrés financiero».

La organización que preside Eduardo «Vasco» Murúa -quien a su vez es Director Nacional de Empresas Recuperadas en el Gobierno- señaló que no le sorprende el fallo judicial que repuso el directorio original de la empresa y desplazó a los interventores del Estado.

«Conocemos bien el accionar de un Poder Judicial que en la mayoría de los casos opera enquistado y ajeno a la imparcialidad, y defiende a la propiedad privada por encima de los derechos de los sectores populares», lamentaron.