Audiencia pública: tras quejas de la industria y los usuarios, la EPE aumentará la tarifa un 25%
Sectores productivos y clientes hicieron sus planteos en el debate sobre el cuadro tarifario de la empresa energética. Desde el 1º de enero habrá suba.
Representantes de usuarios y consumidores, la Defensoría del Pueblo, una concejala de Rosario, dos referentes de cooperativas y una de la industria fueron los únicos participantes de la audiencia pública convocada este viernes por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), para analizar el aumento de tarifas del 24,8% promedio que solicitó al Ministerio de Desarrollo Productivo a partir del primer día del año que viene.
Como las audiencias no son vinculantes, tras su desarrollo la EPE avanza junto al Ejecutivo con la actualización del cuadro tarifario solicitado, que además de la suba del 25% en enero, propone a partir del 1 de junio aumentos mensuales atados a la inflación que mide el Indec.
“Llevamos adelante esta instancia que busca transparentar y mostrar a la sociedad por qué es necesaria esta actualización y como se usarían los fondos”, dijo la secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese.
“Queremos hacer una empresa eficiente, transparente y que nos haga sentir orgullosos a todos los santafesinos”, abundó la funcionaria, quien coordinó las ponencias.
El presidente del directorio de la EPE, Hugo Marcucci, sostuvo por su parte que al asumir en la empresa “teníamos una primera obligación de ordenarla. No veníamos a ocupar lugares cómodos o de no modificar mucho, o de cambiar algo para que nada cambie, sino de hacer cambios profundos”.
“Ordenar es un aspecto fundamental, junto con el de modernizar”, agregó Marcucci, y explicó que recibió la EPE con “un rojo” de 30.000 millones de pesos, y cerrará el mes de diciembre con las cuentas equilibradas.
Antonela Marinelli, de la filial Rosario de la Unión de Usuarios y Consumidores, dijo que es comprensible que “para que las distribuidoras tengan sus recursos tienen que tener ingreso, para realizar las obras que se requieren para poder cumplir con el servicio”, pero que también hay que atender que “la caída de la inflación viene acompañada de una recesión”.
“Si bien los aumentos a los usuarios y consumidores no serán grandes (por inflación) de la tarifa de luz, sí es real que en muchos casos no van a tener ingresos para solventarlos”, dijo, para agregar que los aumentos deben contemplar “una mirada social”. Y señaló que “tenemos que tener presente que esos aumentos no pueden ser desmedidos”.
La representante de la Federación de Industria de Santa Fe (Fisfe), María Eugenia Martínez, recordó que “la energía es el insumo transversal a todas las industrias” de la provincia y que para establecer el nuevo cuadro tarifario es conveniente “equilibrar las necesidades financieras de la empresa, como considerar el contexto socioeconómico actual”.
Remarcó la necesidad de que Santa Fe cuente con un ente regulador del servicio energético y señaló que “la tarifa para grandes demandas supone un incremento real del 80% en relación a la vigente, y del 333% interanual en relación a enero de 2024”.
Los representantes de las cooperativas eléctricas que proveen el servicio en las ciudades y comunas en las que no lo brinda la EPE, señalaron la necesidad de contar con recursos del Tesoro para tarifa social a jubilados y otros sectores, renegociar deudas y contar con inversiones para la prestación.
Gabriel Sabino, de la Defensoría del Pueblo del Santa Fe, lamentó que “nuestras opiniones no sean vinculantes”, lo que le resta trascendencia a las audiencias, que se convierten así en un mero pataleo.
Sobre el aumento del 24,8% promedio a partir de enero, pidió que “se considere un desdoblamiento del ajuste” porque “en algunos sectores van a ser de gran impacto, porque se va a aplicar todo junto y en un período de consumo máximo, en la temporada estival”.
Sabino manifestó también “la oposición de la actualización mensual” a partir de junio por el índice de inflación, porque “no cumplirá con el requisito constitucional de audiencia publica previa” a una suba de tarifas.
Además, el representante de la Defensoría del Pueblo sostuvo que se trata de “una suerte de cláusula gatillo para la energía, que no tiene reflejo en los usuarios trabajadores”.