Bonacci sobre la visita a los genocidas en la cárcel: “Parece que esto tenía el okey de Patricia Bullrich”
En las últimas horas, además, se viralizó un video del cura Javier Olivera Ravasi –hijo de un genocida y uno de los organizadores del viaje de los diputados a Ezeiza–, donde aseguraba que está “prácticamente terminado el proyecto”. Si bien el religioso no aclaró de qué se trata la iniciativa, algunos medios aseguraron que se refiere a la impunidad de los represores.
La diputada santafesina Rocío Bonacci, quien integró la comitiva de seis legisladores libertarios que se reunieron, el pasado 11 de julio, con genocidas en el penal de Ezeiza, reveló que la visita contó con el visto bueno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En declaraciones a Radio Mitre, la diputada detalló: “A la visita la craneó Beltrán (Benedit), supongo que con ayuda de Guillermo (Montenegro), y parece ser, a raíz de unos chats que salieron este miércoles, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un okey de Patricia Bullrich”.
Bonacci también contó que los protocolos de seguridad para las visitas a las cárceles fueron pasados por alto: “Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente. Los diputados teníamos todos nuestros teléfonos”.
>>También te puede interesar: Prisión domiciliaria y caída de causas: ¿qué hay detrás de la visita de diputados a genocidas?
“Fue todo muy irregular. De hecho, ingresé al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó”, sostuvo.
Sus dichos contradicen la versión oficial, que sostiene que se trató de una acción personal de los diputados, desconocida por el Poder Ejecutivo de la Nación.
A horas de que la foto de los legisladores junto a Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, entre otros represores, viera la luz, la legisladora –que decidió no participar del retrato– acuso a su compañero de banca Beltrán Benedit de ocultar el verdadero propósito de la visita al penal. “Nací en el 96, había muchos reclusos que a nadie le sonaban. Cuando me plantean que nos estaban esperando, fui la primera en saltar y comunicárselo a mis compañeros”, se escudó.
Según contó la libertaria, decidió no participar activamente de la visita, a pesar de que permaneció en el penal de Ezeiza, y planteó que el objetivo de la delegación era “comunicarse con los genocidas para armar una especie de proyecto”.
>>También te puede interesar: Diputados libertarios visitaron en la cárcel a genocidas y la UCR les salió al cruce
Por su parte, consultada por la participación de la titular del Senado, Victoria Villarruel, la diputada descartó que estuviera al tanto del intercambio. “No me consta a ciencia cierta que ella haya organizado la visita. Una cosa es el Poder Ejecutivo, otra el Legislativo”, aclaró.
La semana pasada, la diputada había mencionado que la idea de Benedit era ir a Casa Rosada una vez que culmine la visita al penal para “presentarle un famoso proyecto a Karina Milei”. Cuando Bonacci le preguntó en qué consistía esta iniciativa, recibió respuestas evasivas.
>>También te puede interesar: Rocío Bonacci se despegó de los libertarios con los que visitaron genocidas en el penal de Ezeiza
Otra de las diputadas que participó de la visita, la mendocina Lourdes Arrieta, habló con El Siete TV y expresó: “Tengo entendido que Benedit estaba haciendo un proyecto con algunos asesores, no sé si hubo más diputados involucrados. Estaban llevando adelante esta bandera para, no sé si indultarlos, pero por lo menos beneficiar (a los genocidas) con la prisión domiciliaria”.
En nombre de padre
La visita al penal de Ezeiza estuvo organizada por el diputado Guillermo Montenegro –quien supo ser la mano derecha de Victoria Villarruel– y por el cura Javier Olivera Ravasi. El religioso es hijo del represor Jorge Antonio Olivera, quien fue condenado, entre otros delitos, por el secuestro y desaparición de la modelo Marie Anne Erize, en 1976. Sobrevivientes de la dictadura relataron que también se jactaba de haberla violado.
>>También te puede interesar: Una diputada libertaria visitó al represor Astiz y dijo que no sabía quién era porque nació en 1993
Recientemente, trascendió un video del cura Olivera Ravasi en donde manifestó: “Les comento que está prácticamente terminado el proyecto que venimos conversando hace algunos meses. Por favor, léanlo. Si Dios quiere nos juntamos en unas semanas para terminar de cocinarlo”.
El cura Javier Olivera Ravasi aseguró que ya tienen casi listo el proyecto para liberar genocidas ‼️
????️Envió su video en un chat grupal que comparte con libertarios, abogados y jueces ????Ravasi fue quien organizó la reunión con los diputados de La Libertad Avanza en la cárcel. pic.twitter.com/phBCYbWghJ
— El Destape (@eldestapeweb) August 8, 2024
Si bien en el video no aclara de qué proyecto se trata, algunos medios de comunicación aseguraron que se refiere a una iniciativa que permitiría que las personas condenadas por delitos de lesa humanidad abandonen las cárceles comunes.
Los trascendidos también apuntaron que el mensaje fue difundido en un grupo de WhatsApp que el religioso comparte con diputados, abogados y jueces.
❗️El gobierno de LLA tiene listos los proyectos de impunidad para los genocidas. Lo confirma el cura Javier Olivera Ravasi, uno de los organizadores de las reuniones con Astiz y otros asesinos.
Que no lo olviden: somos el pueblo del Nunca Más. https://t.co/3Whqoo6qUW— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) August 8, 2024
Meses atrás, y también por WhatsApp, algunos legisladores libertarios intentaron elaborar proyectos para que los genocidas accedan al beneficio de la prisión domiciliaria y para que prescriban las causas que aún están en investigación.
Según mencionó el medio Página/12, a inicios de marzo pasado dos hombres allegados al ministro de Defensa, Luis Petri, visitaron la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo que, junto al penal de Ezeiza, alberga a varios represores condenados por delitos de lesa humanidad: se trata del subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes, quienes, según los trascendidos periodísticos, estarían impulsando un proyecto –que ya circularía entre los legisladores oficialistas– para que caigan las causas que están en trámite.
En concreto, el proyecto de decreto indicaría que el Estado tiene un plazo máximo de 25 años desde que se cometió el delito para arribar a una sentencia definitiva.