Bruera, sobre la destitución de Sain: «La Legislatura somete con sus decisiones a todo el sistema institucional»
Durante su exposición en la sesión conjunta del pasado jueves elaboró una crítica pormenorizada del proceso de remoción llevado adelante y advirtió una persecución política contra el exministro de Seguridad de Santa Fe.
La diputada provincial justicialista y abogada penalista, Matilde Bruera, participó de la sesión conjunta en la Legislatura que terminó en la destitución del director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Durante su exposición elaboró una crítica pormenorizada del proceso de remoción llevado adelante y advirtió una persecución política contra el exministro de Seguridad de Santa Fe.
Bruera sostuvo desde el inicio de su intervención que el debate en torno a la destitución fue -y es- agobiante. «Creo que la Legislatura se tiene que dedicar a los temas importantes que tiene para resolver y no resuelve. Entre ellos, la seguridad. No soy abogada ni defensora de Sain. Tampoco tengo un interés personal ni particular en su defensa. Pero el compromiso que tengo con esta causa se lo debo a ustedes, quienes han llevado adelante este arbitrario proceso de persecución política. No me cabe ninguna duda de esto», afirmó el jueves pasado durante la sesión conjunta que realizaron diputados y senadores.
La abogada penalista no usó metáforas. Calificó el proceso directamente como un «intolerable» abuso de poder, con desconocimiento del estado de derecho. Dicha ignorancia, dijo, quedó explícita en las intervenciones que le precedieron en el uso de la palabra. Lo mismo -sostuvo- puede divisarse en el contenido del dictamen de la Comisión de Acuerdos, que pidió no solo la destitución sino también la inhabilitación por diez años para ingresar al MPA.
Bruera señaló primeramente que el acto legislativo en el que diputados y senadores definieron la destitución de Sain acarrea causantes de nulidad. En principio, hubo una acusación realizada por el senador Lisandro Enrico, quien además votó en la sesión conjunta a favor de su propia acusación. «Con este acto se están violando varios derechos y garantías constitucionales fundamentales. En primer lugar, no puede el acusador, quien ejerce la acusación, haber votado en esta sesión. Igual votó», criticó.
«Acá -detalló- se ha violado el principio de imparcialidad, lo cual acarrea la nulidad de todo este acto legislativo. Quien acusa no puede votar ni decidir. Hay ríos de tinta en el derecho explicando esto».
Con una ley inconstitucional (“Ley Anti Saín”), un procedimiento secreto y con numerosas violaciones constitucionales, (ver hilo) https://t.co/YvZSNHrbHm
— Matilde Bruera (@BrueraMatilde) November 5, 2021
Según la abogada penalista, en esa acusación también fue violado el principio de congruencia. Eso afecta al derecho de defensa. Es que los legisladores que la precedieron en el uso de la palabra, para fundamentar la decisión final, se refirieron a hechos que no estaban en discusión en la sesión porque son ajenos a la acusación que le fue formulada al exministro de Seguridad en la Comisión de Acuerdos, en la cual hizo su descargo.
«Me asombra escuchar también en boca de diputados y senadores decir que este es un proceso político. Claro que lo es. Nadie lo pone en duda, pero los procesos tienen límites constitucionales. Eso se llama Estado de derecho. En Argentina rige desde 1853 y 1994. No puede haber procesos políticos fuera de los límites constitucionales», acentuó Bruera.
Tal resaltó la legisladora, las sanciones administrativas y disciplinarias, al igual que las penales, son una expresión del poder punitivo del Estado, por lo tanto deben ajustarse y adoptar las decisiones en respeto a las plenas garantías constitucionales.
Otro de los puntos en los que reparó Bruera para sostener que el proceso llevado adelante es nulo tiene que ver con la división de poderes. En su planteo expuso que la sesión conjunta no tiene competencia para llevar adelante las facultades disciplinarias que se arrogó en la destitución del director del Organismo de Investigaciones, ya que la ley invocada es «absolutamente inconstitucional». La norma en cuestión es la 14.016, que fija la «incompatibilidad» de la función que realizaba Sain en el OI (y la de Fiscal General, fiscal regional, fiscal y fiscal adjunto, por ejemplo) con la intervención «directa o indirectamente en política».
«Esto se va a ganar en los estrados nacionales y, si fuera necesario, internacionales. Vulnera la división de poderes. No puede esta Legislatura tener facultades disciplinarias sobre un órgano del Poder Judicial. Además los argumentos que escuché son contradictorios. Le critican a una persona, un funcionario, realizar actos políticos en el ejercicio de una función judicial, mientras paralelamente un poder político está avasallando a otro. Esta (ley provincial) 14.016 viola el artículo 1 y 29 de la Constitución Nacional; el principio republicano. También lo dice la Constitución Provincial», enfatizó la diputada justicialista.
La legisladora tampoco olvidó recordar el modo en que surgió la bautizada «ley antiSain», que fue sancionada en tiempo récord y con esa carga asociada al exministro de Seguridad provincial. «Las leyes tienen carácter general, no pueden hacerse para echar a una persona. Esta ley tiene nombre y apellido. Pasó a la historia como la ‘ley antiSain’. Eso solo ya la descalifica y la deja sin competencia», afirmó.
Todo este tropel de razones, indica Bruera, concluye en un escenario de profunda crisis institucional. Además de las mencionadas irregularidades, aseguró que el procedimiento vulnera el derecho al trabajo y el principio de legalidad. Según dijo, en ningún momento quedó claro en las intervenciones por qué estaba siendo removido el director del Organismo de Investigaciones, ya que el número de imputaciones proveídas por los legisladores presentes en la sesión superaron ampliamente las escuchadas en la Comisión de Acuerdos. «A esas acusaciones le sumaron quince o veinte más. No es una violación de la congruencia; viola también el principio de legalidad. No se puede tomar una decisión punitiva por una conducta que no esté taxativamente implementada. ¿A alguien le cabe duda que esta es una sanción punitiva? Una inhabilitación por diez años lo es», abundó.
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«Esta es la crisis y la corrupción institucional que existe en esta provincia. Esta Legislatura ha sometido con sus decisiones a todo el sistema institucional de la provincia. Han quebrado el estado de derecho. Este procedimiento es un proceso disciplinario contra todos los que desafíen al poder político», destacó.
Audiencia del 27
El 27 de octubre Sain asistió a una audiencia convocada por la Bicameral de Acuerdos Legislativos que lo investigaba. El acusado había pedido que el encuentro se publicite, pero no pudo ingresar la prensa. «Sesionamos prácticamente en la clandestinidad. Pudimos estar presentes pero tuvimos que retirarnos cuando comenzó la deliberación sobre el planteo. No solo eso, en esa audiencia no pudo darse el derecho a defensa, porque Sain fue interrumpido al menos dos veces en su discurso. Consta en la versión taquigráfica», enumeró Bruera.
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«Mientras mostraba una foto -continuó- le gritaron un cuestionamiento. Lo interrumpieron. Cuando estaba relatando un hecho sobre la detención de alguien le gritaron ‘mentiroso’. El diputado que le gritó eso y puso en crisis el acto de defensa después votó en la Comisión de Acuerdos. Hoy también votó acá» (en referencia a la sesión conjunta).