Capital Humano apeló a la Corte Suprema a través de un recurso pago para no entregar las toneladas de alimentos
La ministra Sandra Pettovello elevó un recurso de queja, por el cual deberá pagar para seguir discutiendo la entrega de las 5 mil toneladas de alimentos todavía sin repartir, aún cuando la justicia ya la intimó dos veces para hacerlo.
El gobierno volvió a rechazar el reparto de los alimentos que se encuentran resguardados en dos galpones del exMinisterio de Desarrollo Humano, y presentó un “recurso de queja” ante la decisión de la Cámara de Casación Penal de no dar lugar a los pedidos de la cartera liderada por Sandra Pettovello, para que el la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tome cartas en su cruzada por no distribuir los alimentos.
La ministra de Capital Humano presentó este jueves un Recurso de Queja, el cual es un sortilegio legal que tiene un costo de 900 mil pesos para el solicitante para su activación, el último recurso dentro de la baraja jurídica de herramientas que tiene Pettovello, para que el supremo tribunal se expida sobre los argumentos del superministerio para no repartir la comida que todavía está en Villa Martelli (Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán).
Con esto, Pettovello busca revertir la cautelar que Casación Penal dispuso tras exigirle a la cartera que trazara un plan para distribuir los alimentos que todavía siguen olvidados en galpones. Cabe recordar que la novela de los alimentos prontos a vencer tuvo en su haber varias instancias judiciales en donde las intenciones de “no hacer” del gobierno fueron rechazadas, primero por el juez Sebastián Casanello, quien entendió primero en la causa, la Cámara de Apelaciones y luego los camaristas de Casación volvieron a rechazar los pedidos del ministerio.
El 16 de agosto pasado, los jueces Guillermo Jorge Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Walter Slokar, de la sala II de Casación Penal señalaron que el ministerio no logró demostrar que detrás de la resolución de Casanello hubiera una “palmaria” cuestión federal que ataca de manera directa la división de poderes, por lo que descartaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado ante Casación.
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Los alimentos arrumbados y pronto a vencerse fueron denunciados por el dirigente social Juan Grabois y por el medio El Destape en mayo, a partir de un pedido de acceso a la información pública, el cual reveló que efectivamente había 50 millones de kilos de alimentos prontos a vencer, en el medio de una oleada creciente de reclamos de las organizaciones sociales para que el gobierno central restituya las ayudas alimentarias a los comedores de los barrios populares.
Tres meses después, la cartera social de La Libertad Avanza se mostró dispuesta a pagar para dejar que esos alimentos sigan allí.